Freddy Padilla De León, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, fue vinculado a la instrucción fiscal que investiga el bombardeo al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Angostura.
En dicha instrucción también está imputado el ex ministro de Defensa colombiano y potencial candidato a la Presidencia del vecino país, Juan Manuel Santos.
Además, el canciller Fander Falconí aseguró ayer que Ecuador mantendrá sus demandas internacionales contra Colombia por la fumigación de narcocultivos y la muerte de Franklin Aisallia en Angostura. No obstante, dijo que el proceso para el restablecimiento de relaciones diplomáticas sigue su marcha.
El Ministro señaló que el Gobierno no se inmiscuirá en la causa que sigue la justicia ecuatoriana contra Santos, por ser el presunto autor intelectual del bombardeo en el que murió Luis Edgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’, segundo al mando de las FARC. "Respecto a los juicios internacionales, tanto el que llevamos en la Corte Internacional de La Haya en materia de fumigaciones con glifosato, como en la demanda en la Corte Interamericana de la OEA, no hay un renunciamiento", dijo Falconí.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, ya tiene en su poder un pedido del juez de Sucumbíos Daniel Méndez para que se inicien los trámites de extradición del político colombiano.
Respaldo de UribeDesde que se realizó el pedido de extradición, el presidente del país vecino Álvaro Uribe manifestó "toda la determinación de proteger al ex ministro y a los altos mandos militares y policiales”.
Además, el mandatario ha asegurado que la orden del juez de Sucumbíos es "una amenaza a los colombianos" y ha indicado que Ecuador no tiene jurisdicción para actuar contra Santos.
Tres versiones para hoyDentro del juicio principal por el bombardeo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en territorio ecuatoriano, el fiscal de Sucumbíos Carlos Jiménez ha dispuesto para hoy la recepción de tres versiones, entre ellas la del ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh.
También están citados Juan de Dios Parra, hasta hace poco vocero de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
En dicha instrucción también está imputado el ex ministro de Defensa colombiano y potencial candidato a la Presidencia del vecino país, Juan Manuel Santos.
Además, el canciller Fander Falconí aseguró ayer que Ecuador mantendrá sus demandas internacionales contra Colombia por la fumigación de narcocultivos y la muerte de Franklin Aisallia en Angostura. No obstante, dijo que el proceso para el restablecimiento de relaciones diplomáticas sigue su marcha.
El Ministro señaló que el Gobierno no se inmiscuirá en la causa que sigue la justicia ecuatoriana contra Santos, por ser el presunto autor intelectual del bombardeo en el que murió Luis Edgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’, segundo al mando de las FARC. "Respecto a los juicios internacionales, tanto el que llevamos en la Corte Internacional de La Haya en materia de fumigaciones con glifosato, como en la demanda en la Corte Interamericana de la OEA, no hay un renunciamiento", dijo Falconí.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, ya tiene en su poder un pedido del juez de Sucumbíos Daniel Méndez para que se inicien los trámites de extradición del político colombiano.
Respaldo de UribeDesde que se realizó el pedido de extradición, el presidente del país vecino Álvaro Uribe manifestó "toda la determinación de proteger al ex ministro y a los altos mandos militares y policiales”.
Además, el mandatario ha asegurado que la orden del juez de Sucumbíos es "una amenaza a los colombianos" y ha indicado que Ecuador no tiene jurisdicción para actuar contra Santos.
Tres versiones para hoyDentro del juicio principal por el bombardeo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en territorio ecuatoriano, el fiscal de Sucumbíos Carlos Jiménez ha dispuesto para hoy la recepción de tres versiones, entre ellas la del ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh.
También están citados Juan de Dios Parra, hasta hace poco vocero de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
