La entrega de las autorizaciones para el uso del agua, la regulación de las tarifas, la vigilancia que garantice que el líquido se aproveche principalmente para el consumo humano, el control de las cuencas hídricas… son sólo algunas de las competencias que tendrá la Autoridad Única del Agua, eje de la polémica entre el movimiento indígena y el Gobierno.
El organismo, que tendrá rango de ministerio, se creará a través de la Ley del Agua que tramita la Asamblea. Y aunque las movilizaciones en contra de que el Ejecutivo acapare esa entidad se encendieron, la comisión de Soberanía Alimentaria del Parlamento, la cual trabaja en el proyecto, todavía no llega a la discusión de ese punto.
Jaime Abril (PAIS), presidente de dicha mesa, comenta que la comisión recién ha aprobado el proyecto hasta el artículo 22 y que el tema de la Autoridad Única está en el 170.
Pero Lourdes Tibán (PK) dice que las manifestaciones han empezado desde ya para evitar que la sociedad civil se quede sin poder de decisión en los temas del agua.
Una institución
La discrepancia se da, sobre todo, porque los indígenas no quieren que una sola persona (la Autoridad Única) delegada del Presidente de la República maneje la Secretaría del Agua sino que sea un consejo plurinacional el que lo haga.
Tibán manifiesta su acuerdo con que ese ente sea presidido por el Ejecutivo pero considera que debe integrar a representantes de las comunidades indígenas, de los consumidores, de las organizaciones ecológicas y de varios ministerios ya que el agua, según la Constitución, es un bien público manejado por el Estado: “nosotros somos Estado”, agrega.
Con esa posición concuerda el presidente de la Cámara de Agricultura, Bolívar Cevallos. Él cree que la Autoridad Única debe ser una especie de comité que integre al Gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados, los sectores productivos, los campesinos y los consumidores.
Eso, señala, limita la discrecionalidad que pudiera tener una sola persona respecto a las decisiones sobre el agua. Es que en manos de esta entidad estarán los nuevos proyectos sobre las fuentes de agua, la tecnificación de los sistemas de riego, la transformación de las concesiones a autorizaciones, la creación de la tarifa solidaria, entre otras más.
Sin embargo, Abril niega que existirá tal discrecionalidad pues afirma que la Autoridad Única “es una institución” que incluso funcionará a nivel nacional a través de subsecretarías de las cuencas hidrográficas. Pero las subsecretarías son nombradas por el Gobierno central. En todo caso, tampoco descarta incorporar las peticiones del sector indígena.
Sistema de autorizaciones
La Ley cerrará la posibilidad de que las comunidades indígenas o entes privados se apropien de las fuentes de agua. Una de las disposiciones transitorias dispondrá la extinción de todos los contratos de concesión como el de la Corporación reguladora del manejo Hídrico de Manabí (CRM).
El organismo, que tendrá rango de ministerio, se creará a través de la Ley del Agua que tramita la Asamblea. Y aunque las movilizaciones en contra de que el Ejecutivo acapare esa entidad se encendieron, la comisión de Soberanía Alimentaria del Parlamento, la cual trabaja en el proyecto, todavía no llega a la discusión de ese punto.
Jaime Abril (PAIS), presidente de dicha mesa, comenta que la comisión recién ha aprobado el proyecto hasta el artículo 22 y que el tema de la Autoridad Única está en el 170.
Pero Lourdes Tibán (PK) dice que las manifestaciones han empezado desde ya para evitar que la sociedad civil se quede sin poder de decisión en los temas del agua.
Una institución
La discrepancia se da, sobre todo, porque los indígenas no quieren que una sola persona (la Autoridad Única) delegada del Presidente de la República maneje la Secretaría del Agua sino que sea un consejo plurinacional el que lo haga.
Tibán manifiesta su acuerdo con que ese ente sea presidido por el Ejecutivo pero considera que debe integrar a representantes de las comunidades indígenas, de los consumidores, de las organizaciones ecológicas y de varios ministerios ya que el agua, según la Constitución, es un bien público manejado por el Estado: “nosotros somos Estado”, agrega.
Con esa posición concuerda el presidente de la Cámara de Agricultura, Bolívar Cevallos. Él cree que la Autoridad Única debe ser una especie de comité que integre al Gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados, los sectores productivos, los campesinos y los consumidores.
Eso, señala, limita la discrecionalidad que pudiera tener una sola persona respecto a las decisiones sobre el agua. Es que en manos de esta entidad estarán los nuevos proyectos sobre las fuentes de agua, la tecnificación de los sistemas de riego, la transformación de las concesiones a autorizaciones, la creación de la tarifa solidaria, entre otras más.
Sin embargo, Abril niega que existirá tal discrecionalidad pues afirma que la Autoridad Única “es una institución” que incluso funcionará a nivel nacional a través de subsecretarías de las cuencas hidrográficas. Pero las subsecretarías son nombradas por el Gobierno central. En todo caso, tampoco descarta incorporar las peticiones del sector indígena.
Sistema de autorizaciones
La Ley cerrará la posibilidad de que las comunidades indígenas o entes privados se apropien de las fuentes de agua. Una de las disposiciones transitorias dispondrá la extinción de todos los contratos de concesión como el de la Corporación reguladora del manejo Hídrico de Manabí (CRM).
