Una nueva conformación y estructura del Consejo de la Judicatura (CJ) es el objetivo de la pregunta 5 del referéndum que se realizará el 7 de mayo.
La designación ya no la hará –en caso que gane el Sí– una Comisión Ciudadana de Selección en un concurso abierto de oposición y méritos, como lo establece la Constitución sino que la hará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de ternas de delegados enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien lo presidirá; por el fiscal general del Estado; por el defensor público; por la Función Ejecutiva; y por la Asamblea. Esta selección será en un proceso público de escrutinio, veeduría e impugnación.
Así se reduce de nueve a cinco los integrantes del Consejo de la Judicatura. Además se proponen reformas al Código de la Función Judicial, que le den viabilidad a esa estructura.
El presidente Rafael Correa justificó estos cambios por la ineficiencia demostrada por el organismo debido, entre otras razones, a sus múltiples atribuciones. “De cosas administrativas se preocupa este Consejo. No tiene que hacerlo, pero es por las pugnas, las ambiciones de poder, las comisiones de servicios, el día a día, en vez de preocuparse de las grandes políticas de justicia y sobre todo, de la evaluación de jueces”, dijo el jefe de Estado días atrás.
Para el jurista Jorge Zavala Egas, se busca consagrar el control del jefe de Estado en la administración de justicia.
Aseguró que el fundamento oficialista de ineficiencia del CJ de nueve miembros no es válido, pues la designación en concurso ciudadano de méritos, organizado, es mejor que la partidización de las instituciones.
“Quienes designan a estos vocales tienen que estar alejados de la Función Ejecutiva y cualquier actividad política. Al ganar el Sí la ciudadanía queda marginada de este proceso de selección”, señaló.
Kléver Jiménez, asambleísta de Pachakutik, añadió que el objetivo es afianzar el control del mandatario en esa Función, que se inicia con la Comisión de Transición, propuesta en la pregunta 4.
“Este nuevo CJ va a vigilar y controlar a los jueces y juezas que puso el señor Correa en los 18 meses de transición. Con ello se puede consagrar la persecución a los opositores”, indicó.
La designación ya no la hará –en caso que gane el Sí– una Comisión Ciudadana de Selección en un concurso abierto de oposición y méritos, como lo establece la Constitución sino que la hará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de ternas de delegados enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien lo presidirá; por el fiscal general del Estado; por el defensor público; por la Función Ejecutiva; y por la Asamblea. Esta selección será en un proceso público de escrutinio, veeduría e impugnación.
Así se reduce de nueve a cinco los integrantes del Consejo de la Judicatura. Además se proponen reformas al Código de la Función Judicial, que le den viabilidad a esa estructura.
El presidente Rafael Correa justificó estos cambios por la ineficiencia demostrada por el organismo debido, entre otras razones, a sus múltiples atribuciones. “De cosas administrativas se preocupa este Consejo. No tiene que hacerlo, pero es por las pugnas, las ambiciones de poder, las comisiones de servicios, el día a día, en vez de preocuparse de las grandes políticas de justicia y sobre todo, de la evaluación de jueces”, dijo el jefe de Estado días atrás.
Para el jurista Jorge Zavala Egas, se busca consagrar el control del jefe de Estado en la administración de justicia.
Aseguró que el fundamento oficialista de ineficiencia del CJ de nueve miembros no es válido, pues la designación en concurso ciudadano de méritos, organizado, es mejor que la partidización de las instituciones.
“Quienes designan a estos vocales tienen que estar alejados de la Función Ejecutiva y cualquier actividad política. Al ganar el Sí la ciudadanía queda marginada de este proceso de selección”, señaló.
Kléver Jiménez, asambleísta de Pachakutik, añadió que el objetivo es afianzar el control del mandatario en esa Función, que se inicia con la Comisión de Transición, propuesta en la pregunta 4.
“Este nuevo CJ va a vigilar y controlar a los jueces y juezas que puso el señor Correa en los 18 meses de transición. Con ello se puede consagrar la persecución a los opositores”, indicó.
