QUITO. La Comisión de lo Económico de la Asamblea se instaló el pasado miércoles en el antiguo Senado para escuchar las observaciones que varios indígenas y campesinos tuvieron acerca del proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria.
El Ejecutivo propone que en el sector financiero popular y solidario operen cinco organismos que estarán vinculados, en mayor o menor medida, al gobierno de turno.
El proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria que remitió a la Asamblea busca, a través de estas entidades, normar, institucionalizar y fortalecer un área de la economía “que no ha sido visibilizada y ha estado marginada de las políticas públicas”, señala el texto en su exposición de motivos.
El sector lo comprenden las cooperativas de ahorro y crédito, las entidades asociativas o solidarias, las cajas y bancos comunales, y las cajas de ahorro.
La normativa plantea que el sistema lo encabecen dos organizaciones: la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que lo controlará, y el Comité Interinstitucional de Economía Popular y Solidaria, que dictará las políticas.
La primera será el organismo técnico que ejercerá el control de las actividades económicas de los actores sujetos a la ley, e impondrá las sanciones; y la segunda, el “ente rector de la economía popular y solidaria” que dicte y coordine las políticas de fomento y promoción.
El proyecto establece que el superintendente será designado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de una terna enviada por el presidente de la República, y que el Comité se integrará por los ministros de Estados que se relacionen con la economía popular y solidaria “según lo determine el presidente de la República”.
También se crean otros tres organismos: el Fondo de Liquidez, el Seguro de Depósitos y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.
El primero concederá “créditos de última instancia” para que las organizaciones del sector puedan enfrentar situaciones de iliquidez, el segundo protegerá los depósitos efectuados por los integrantes del sistema, y el tercero brindará servicios financieros.
El Fondo tendrá un directorio presidido por un delegado del Ejecutivo, uno del Comité Interinstitucional (es decir, de un ministerio), y uno del sector financiero popular; y la Corporación, un directorio con delegados de cinco secretarías de Estado. En tanto, el proyecto no especifica bien cómo se conformará el Seguro.
Varios representantes del sector indígena están preocupados justamente por la institucionalidad planteada en esta normativa.
El asambleísta Gerónimo Yantalema (PK) advirtió que el gobierno de turno “terminará acaparando” todos estos organismos, con lo cual se perderá la razón por la que nacieron las entidades enmarcadas en la economía popular, esto es, dijo él, para que los ciudadanos de una comunidad o barrio se ayuden en el crédito y ahorro que no les concedían las instituciones del sistema bancario.
El Ejecutivo propone que en el sector financiero popular y solidario operen cinco organismos que estarán vinculados, en mayor o menor medida, al gobierno de turno.
El proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria que remitió a la Asamblea busca, a través de estas entidades, normar, institucionalizar y fortalecer un área de la economía “que no ha sido visibilizada y ha estado marginada de las políticas públicas”, señala el texto en su exposición de motivos.
El sector lo comprenden las cooperativas de ahorro y crédito, las entidades asociativas o solidarias, las cajas y bancos comunales, y las cajas de ahorro.
La normativa plantea que el sistema lo encabecen dos organizaciones: la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que lo controlará, y el Comité Interinstitucional de Economía Popular y Solidaria, que dictará las políticas.
La primera será el organismo técnico que ejercerá el control de las actividades económicas de los actores sujetos a la ley, e impondrá las sanciones; y la segunda, el “ente rector de la economía popular y solidaria” que dicte y coordine las políticas de fomento y promoción.
El proyecto establece que el superintendente será designado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de una terna enviada por el presidente de la República, y que el Comité se integrará por los ministros de Estados que se relacionen con la economía popular y solidaria “según lo determine el presidente de la República”.
También se crean otros tres organismos: el Fondo de Liquidez, el Seguro de Depósitos y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.
El primero concederá “créditos de última instancia” para que las organizaciones del sector puedan enfrentar situaciones de iliquidez, el segundo protegerá los depósitos efectuados por los integrantes del sistema, y el tercero brindará servicios financieros.
El Fondo tendrá un directorio presidido por un delegado del Ejecutivo, uno del Comité Interinstitucional (es decir, de un ministerio), y uno del sector financiero popular; y la Corporación, un directorio con delegados de cinco secretarías de Estado. En tanto, el proyecto no especifica bien cómo se conformará el Seguro.
Varios representantes del sector indígena están preocupados justamente por la institucionalidad planteada en esta normativa.
El asambleísta Gerónimo Yantalema (PK) advirtió que el gobierno de turno “terminará acaparando” todos estos organismos, con lo cual se perderá la razón por la que nacieron las entidades enmarcadas en la economía popular, esto es, dijo él, para que los ciudadanos de una comunidad o barrio se ayuden en el crédito y ahorro que no les concedían las instituciones del sistema bancario.
