El fiscal general, Washington Pesántez, inició una indagación previa contra los jueces de la Tercera Sala Penal del Guayas, por la sentencia que dispone a Cervecería Nacional (CN) el pago de $ 90,9 millones en favor de extrabajadores por concepto de utilidades adeudadas.Pesántez notificó a las partes el pasado 31 de marzo, luego de la denuncia que presentó Carlos Cevallos Melo, apoderado especial de Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos de CN, por presuntas irregularidades en la tramitación del caso en ese tribunal.
Cevallos aseguró que los jueces “fallaron contra normas expresas, mostrando un extraordinario afecto para con el accionante y un claro desafecto contra la compañía”, e identificó como ilegalidades que se haya ordenado el pago sin que medie un juicio verbal sumario y que se haya resuelto una controversia de carácter laboral sin seguir el trámite correspondiente.
El fiscal Pesántez solicitó a la sala copias certificadas del expediente y a su presidente, Robert Guevara Elizalde, que dé su versión el próximo 22 de abril en el Ministerio Público.
Guevara remarcó que esta investigación no frena el pago de $ 90,9 millones que ordena la sentencia notificada el pasado 9 de marzo.
Por ello, una vez que la sala remita el expediente al Juzgado 12º de lo Civil, que conoció la causa, y su titular, Pedro Iriarte, lo recepte, empezarán a correr las 48 horas de plazo para la cancelación del monto, dijo.
El juez aseguró que para ayer estaba previsto dicho envío.
Aunque Guevara prefirió no calificarla de inconstitucional, consideró que la indagación fiscal persigue lastimar la independencia de los jueces.
Negó que el caso de CN sea de competencia de un juez laboral, pues todos los jueces son constitucionales, según la Carta Política de Montecristi, dijo.
