En informe entregado al Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marcia Caicedo, integrante de ese organismo, ha denunciado diversas irregularidades en la campaña electoral que comenzó el pasado sábado: campaña anticipada por parte del Gobierno, uso de recursos públicos y de infraestructura estatal para el apoyo a la posición oficialista y difusión de publicidad por parte de organismos estatales sin la autorización del CNE. Entre los organismos públicos que, según la consejera Caicedo, pautaron publicidad sin contar con esa autorización, se hallan los Ministerios de Transporte y de Salud, el Municipio de Quito y la Fiscalía General del Estado. Abusos como los denunciados exigen la acción de control del CNE y las investigaciones inmediatas para el establecimiento de responsabilidades y sanciones.
Uno de los problemas que se advirtió antes del inicio del proceso electoral por la consulta fue la desigualdad en la participación.
Esa desigualdad se acrecentó con la absurda decisión del organismo electoral al calificar, con miras a la campaña, como sujeto político al presidente de la República y no solo al movimiento político del Gobierno, que lidera el mandatario.
Desde la maquinaria del poder, se confunden en el recorrido por el país los actos de Gobierno y la promoción electoral. De esta forma, se evidencia la disparidad entre las posibilidades con las que cuentan el presidente en la promoción del "Sí" y los grupos ciudadanos y políticos por el "No".
El aprovechamiento del poder en beneficio de la promoción electoral oficialista genera una situación de extrema disparidad en la participación de la campaña, que desvirtúa el sentido democrático de la consulta, pues no se genera un verdadero debate del contenido de las preguntas, y la confrontación de posiciones diversas con espacios equitativos, sino la imposición de quien cuenta con el poder para copar más espacios de promoción directa o indirecta.
Uno de los problemas que se advirtió antes del inicio del proceso electoral por la consulta fue la desigualdad en la participación.
Esa desigualdad se acrecentó con la absurda decisión del organismo electoral al calificar, con miras a la campaña, como sujeto político al presidente de la República y no solo al movimiento político del Gobierno, que lidera el mandatario.
Desde la maquinaria del poder, se confunden en el recorrido por el país los actos de Gobierno y la promoción electoral. De esta forma, se evidencia la disparidad entre las posibilidades con las que cuentan el presidente en la promoción del "Sí" y los grupos ciudadanos y políticos por el "No".
El aprovechamiento del poder en beneficio de la promoción electoral oficialista genera una situación de extrema disparidad en la participación de la campaña, que desvirtúa el sentido democrático de la consulta, pues no se genera un verdadero debate del contenido de las preguntas, y la confrontación de posiciones diversas con espacios equitativos, sino la imposición de quien cuenta con el poder para copar más espacios de promoción directa o indirecta.
