El Gobierno de Ecuador pretende que la prensa nacional venda sus acciones en sectores ajenos a la comunicación antes del 13 de julio de 2012, según un proyecto de ley antimonopolio que fue detallado hoy por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).
La meta del Ejecutivo es evitar conflictos de intereses, que se dan cuando el dueño de un medio tiene participaciones en otros ámbitos económicos, según el presidente Rafael Correa, quien ha acusado a cierta prensa privada de buscar el lucro del grupo empresarial por delante del servicio al país.
En cambio, para César Ricaurte, director de la organización no gubernamental Fundamedios, la medida debilitará a la prensa ecuatoriana, pues no podrá recurrir a los mercados de capitales para hacer inversiones o actualizar su tecnología, y la pondrá en riesgo de ser absorbida por conglomerados de comunicación extranjeros.
Según el proyecto de ley, entidades o personas con negocios ajenos a la comunicación podrán mantener un máximo del 6 % de las acciones en un medio nacional, pero si superan ese tope, deberán liquidar todas sus empresas y quedarse solo en el ámbito de la prensa.
"Alguien que tiene acciones en un medio por menos de un 6 % no va a influir en ese medio", explicó en una rueda de prensa Mateo Villalba, subsecretario de inversión pública de Senplades.
El proyecto de ley propone la misma normativa para la banca, que también tendrá que apartarse de otros sectores económicos.
La Asamblea Nacional analiza actualmente el documento del Ejecutivo y deberá determinar si acepta ese tope del 6 %, explicó Villalba, quien indicó que obligar a la prensa y a la banca a vender absolutamente todas las acciones en negocios ajenos a su sector "sería más difícil de cumplir".
En mayo, los ecuatorianos aprobaron en referendo la propuesta de Correa de limitar las actividades económicas de los medios de comunicación de ámbito nacional y de las instituciones financieras, y el proyecto de ley en debate pretende plasmar en legislación ese mandato.
Ricaurte dijo que la medida viola garantías fundamentales recogidas en la Constitución, como la libre empresa y el derecho de fundar medios, aunque su impacto será "mínimo" a corto plazo "porque los accionistas de los grandes medios de comunicación no tienen otros negocios".
Sin embargo, hará imposible las inversiones externas en la prensa, lo que la debilitará a mediano plazo. "La única explicación (de la iniciativa) es una motivación política, es el deseo de seguir acosando a los medios de comunicación privados", dijo Ricaurte.
Correa, quien ha criticado a Fundamedios en el pasado, niega que la iniciativa viole derechos fundamentales y mantiene que algunos medios de prensa privados se han transformado en un poder político de oposición a su gobierno.
La tensión se ha enardecido con la demanda que el mandatario interpuso en marzo contra el diario "El Universo" por una columna que consideró injuriosa, y que está en fase de apelación.
En julio, un juez de primera instancia condenó a tres directivos y el exdirector de opinión del rotativo a tres años de prisión y a pagar a Correa una indemnización de 40 millones de dólares. (EFE)
La meta del Ejecutivo es evitar conflictos de intereses, que se dan cuando el dueño de un medio tiene participaciones en otros ámbitos económicos, según el presidente Rafael Correa, quien ha acusado a cierta prensa privada de buscar el lucro del grupo empresarial por delante del servicio al país.
En cambio, para César Ricaurte, director de la organización no gubernamental Fundamedios, la medida debilitará a la prensa ecuatoriana, pues no podrá recurrir a los mercados de capitales para hacer inversiones o actualizar su tecnología, y la pondrá en riesgo de ser absorbida por conglomerados de comunicación extranjeros.
Según el proyecto de ley, entidades o personas con negocios ajenos a la comunicación podrán mantener un máximo del 6 % de las acciones en un medio nacional, pero si superan ese tope, deberán liquidar todas sus empresas y quedarse solo en el ámbito de la prensa.
"Alguien que tiene acciones en un medio por menos de un 6 % no va a influir en ese medio", explicó en una rueda de prensa Mateo Villalba, subsecretario de inversión pública de Senplades.
El proyecto de ley propone la misma normativa para la banca, que también tendrá que apartarse de otros sectores económicos.
La Asamblea Nacional analiza actualmente el documento del Ejecutivo y deberá determinar si acepta ese tope del 6 %, explicó Villalba, quien indicó que obligar a la prensa y a la banca a vender absolutamente todas las acciones en negocios ajenos a su sector "sería más difícil de cumplir".
En mayo, los ecuatorianos aprobaron en referendo la propuesta de Correa de limitar las actividades económicas de los medios de comunicación de ámbito nacional y de las instituciones financieras, y el proyecto de ley en debate pretende plasmar en legislación ese mandato.
Ricaurte dijo que la medida viola garantías fundamentales recogidas en la Constitución, como la libre empresa y el derecho de fundar medios, aunque su impacto será "mínimo" a corto plazo "porque los accionistas de los grandes medios de comunicación no tienen otros negocios".
Sin embargo, hará imposible las inversiones externas en la prensa, lo que la debilitará a mediano plazo. "La única explicación (de la iniciativa) es una motivación política, es el deseo de seguir acosando a los medios de comunicación privados", dijo Ricaurte.
Correa, quien ha criticado a Fundamedios en el pasado, niega que la iniciativa viole derechos fundamentales y mantiene que algunos medios de prensa privados se han transformado en un poder político de oposición a su gobierno.
La tensión se ha enardecido con la demanda que el mandatario interpuso en marzo contra el diario "El Universo" por una columna que consideró injuriosa, y que está en fase de apelación.
En julio, un juez de primera instancia condenó a tres directivos y el exdirector de opinión del rotativo a tres años de prisión y a pagar a Correa una indemnización de 40 millones de dólares. (EFE)
