La decisión del Ejecutivo de firmar el Decreto 872, que declara en Estado de Excepción a la Función Judicial, levantó fuertes reclamos en el Legislativo. Asambleístas de oposición advirtieron incluso con destituir al presidente Rafael Correa e iniciar un juicio político al titular del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Paulo Rodríguez.
En el lado oficialista, en cambio, justificaron la supuesta “potestad” del Primer Mandatario, por, dicen, existir más de un millón de causas acumuladas. “La administración de justicia está en deuda”, dijo Mauro Andino, de PAIS.
Sin embargo, otro fiel del Régimen, Virgilio Hernández, reconoció que el artículo 2 del Decreto, que dispone la movilización de los funcionarios judiciales, “debió ser mejor redactado para evitar interpretaciones, como que eso va a significar un movimiento al capricho del CJT”. El legislador no descarta que el Ejecutivo haga un alcance y precise que la movilización “será de forma excepcional, para que los funcionarios puedan prestar servicios fuera de su jurisdicción”. Apunta que no cree que la decisión de Correa implique interferir en la Función Judicial y presionar por sentencias.
Enrique Herrería (ex MDG) fue quien pidió la destitución de Correa por “haber violado el artículo 130 y 168 de la Constitución al interferir en la Función Judicial” (ver recuadro). César Rodríguez (ex PAIS) entregó al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) su solicitud de juicio en contra del titular de la Judicatura, por haber permitido la injerencia del Ejecutivo en la Función Judicial.
Vicente Taiano (Prian) dijo que Correa busca designar a los jueces y magistrados en todo el país a “su gusto y sabor, y subordinar las funciones del Estado a un solo poder”. María Paula Romo, (ex PAIS) también se sumó a las críticas y califica de “exagerado” declarar la Excepción, pues el país “no vive una conmoción interna, ni tampoco agresión externa”. Sin embargo, se mostró contraria a destituir al Presidente.
En el lado oficialista, en cambio, justificaron la supuesta “potestad” del Primer Mandatario, por, dicen, existir más de un millón de causas acumuladas. “La administración de justicia está en deuda”, dijo Mauro Andino, de PAIS.
Sin embargo, otro fiel del Régimen, Virgilio Hernández, reconoció que el artículo 2 del Decreto, que dispone la movilización de los funcionarios judiciales, “debió ser mejor redactado para evitar interpretaciones, como que eso va a significar un movimiento al capricho del CJT”. El legislador no descarta que el Ejecutivo haga un alcance y precise que la movilización “será de forma excepcional, para que los funcionarios puedan prestar servicios fuera de su jurisdicción”. Apunta que no cree que la decisión de Correa implique interferir en la Función Judicial y presionar por sentencias.
Enrique Herrería (ex MDG) fue quien pidió la destitución de Correa por “haber violado el artículo 130 y 168 de la Constitución al interferir en la Función Judicial” (ver recuadro). César Rodríguez (ex PAIS) entregó al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) su solicitud de juicio en contra del titular de la Judicatura, por haber permitido la injerencia del Ejecutivo en la Función Judicial.
Vicente Taiano (Prian) dijo que Correa busca designar a los jueces y magistrados en todo el país a “su gusto y sabor, y subordinar las funciones del Estado a un solo poder”. María Paula Romo, (ex PAIS) también se sumó a las críticas y califica de “exagerado” declarar la Excepción, pues el país “no vive una conmoción interna, ni tampoco agresión externa”. Sin embargo, se mostró contraria a destituir al Presidente.
