Una vez conformadas las 12 comisiones especializadas y designadas sus autoridades, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) pretende definir hasta este jueves la agenda legislativa para el nuevo período y aprobaría un cronograma con las leyes prioritarias que serán debatidas en el Pleno.
En la mayoría oficialista, la intención es priorizar el trámite del proyecto de ley antimonopolio, que fue enviado por el Ejecutivo la semana pasada con el carácter de económico urgente. Así lo indicó el asambleísta Paco Velasco (AP), quien incluso ayer presidió un proceso de socialización del proyecto con representantes de gremios empresariales.
Por su parte, las bancadas de izquierda de la Asamblea (MPD-PK-ID), insisten en la necesidad de que primero se debe iniciar el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria de la Función Legislativa, algo que ha defendido la oposición.
Según ellos, porque garantizará un adecuado funcionamiento de la fiscalización y de la legislación y permitirá viabilizar todos los trámites relacionados con la consulta prelegislativa.
Criterios
“Este elemento posibilitará una mejor operatividad de la Asamblea”, dijo Francisco Ulloa (MPD), pues, al no existir el instrumento jurídico que garantice el procedimiento de consulta prelegislativa, varias leyes continuarán en el limbo. Entre ellas, la de Cultura y la de Aguas.
“Por ello, la prioridad ‘uno’ es la reforma a la Función Legislativa, caso contrario estas normas jurídicas, que debieron ser aprobadas hace dos años, seguirán empantanadas, e incluso con el agravante de que puedan pasar por el Ministerio de la Ley”, advirtió.
Otras leyes prioritarias son las de Tierra, Ambiental, reformas a las Seguridad Social y la Ley de Protección para los Trabajadores.
Pese a que para la oposición otro de los temas “urgentes” es que se inicie un proceso “serio” de fiscalización, como lo califica el asambleísta Andrés Páez (ID), las bancadas de minoría reconocen poca probabilidad de aplicación pues la actual integración de la Comisión de Fiscalización será una “simple continuación de lo que fue la anterior”,s egún Ulloa.
Además, comentó que no será extraño que esta Mesa nuevamente se convierta en el “conservero o arquero” de todo lo que significan iniciativas de fiscalización se transforme en una comisión de archivo.
En el Pleno
Lourdes Tibán (PK) ratificó el planteamiento de que para garantizar un proceso de fiscalización con autonomía, en la Ley de la Función Legislativa se debe establecer que los juicios políticos se debatan en el Pleno y no en la Comisión de Fiscalización.
En la mayoría oficialista, la intención es priorizar el trámite del proyecto de ley antimonopolio, que fue enviado por el Ejecutivo la semana pasada con el carácter de económico urgente. Así lo indicó el asambleísta Paco Velasco (AP), quien incluso ayer presidió un proceso de socialización del proyecto con representantes de gremios empresariales.
Por su parte, las bancadas de izquierda de la Asamblea (MPD-PK-ID), insisten en la necesidad de que primero se debe iniciar el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria de la Función Legislativa, algo que ha defendido la oposición.
Según ellos, porque garantizará un adecuado funcionamiento de la fiscalización y de la legislación y permitirá viabilizar todos los trámites relacionados con la consulta prelegislativa.
Criterios
“Este elemento posibilitará una mejor operatividad de la Asamblea”, dijo Francisco Ulloa (MPD), pues, al no existir el instrumento jurídico que garantice el procedimiento de consulta prelegislativa, varias leyes continuarán en el limbo. Entre ellas, la de Cultura y la de Aguas.
“Por ello, la prioridad ‘uno’ es la reforma a la Función Legislativa, caso contrario estas normas jurídicas, que debieron ser aprobadas hace dos años, seguirán empantanadas, e incluso con el agravante de que puedan pasar por el Ministerio de la Ley”, advirtió.
Otras leyes prioritarias son las de Tierra, Ambiental, reformas a las Seguridad Social y la Ley de Protección para los Trabajadores.
Pese a que para la oposición otro de los temas “urgentes” es que se inicie un proceso “serio” de fiscalización, como lo califica el asambleísta Andrés Páez (ID), las bancadas de minoría reconocen poca probabilidad de aplicación pues la actual integración de la Comisión de Fiscalización será una “simple continuación de lo que fue la anterior”,s egún Ulloa.
Además, comentó que no será extraño que esta Mesa nuevamente se convierta en el “conservero o arquero” de todo lo que significan iniciativas de fiscalización se transforme en una comisión de archivo.
En el Pleno
Lourdes Tibán (PK) ratificó el planteamiento de que para garantizar un proceso de fiscalización con autonomía, en la Ley de la Función Legislativa se debe establecer que los juicios políticos se debatan en el Pleno y no en la Comisión de Fiscalización.
