El fiscal general, Galo Chiriboga, y los responsables de las investigaciones en torno a la muerte de varias personas por el consumo de licor con alcohol metílico informaron sobre la mayor red de tráfico y anunciaron que se investigará a las autoridades de control locales.
Velatami, cuyo gerente es Licho Velásquez Burbano, ubicada en Durán, provincia del Guayas, es la empresa que supuestamente habría mezclado alcohol etílico con agua y metanol, el cual después era distribuido a varias provincias del país.
Álex Lescano compraba el licor a Vetamia y, sin registro contable, lo vendía a la fábrica Tentador, que funcionaba en la parroquia Augusto Martínez, provincia de Tungurahua.
Franklin Muzzio, fiscal de Durán, dijo que Velásquez está inmerso en un proceso y tiene orden de detención por haber causado la muerte de varias personas en Los Ríos y Tungurahua.
En esta provincia, la fiscal Elizabeth Córdova dijo que Lascano vendió el licor a Santiago Uldrich Hidalgo, propietario de la fábrica de vinos el Tentador. Tomás Soria era el reponsable de hacer el control de calidad, pero luego de las pruebas respectivas, se detectó que había niveles altos de metanol en el licor. Sobre esto, hay una instrucción contra cuatro personas sobre las que pesa orden de prisión.
En Los Ríos, el fiscal Manuel Álvarez dijo que el licor llegó a esta zona desde Velatami, y el comprador fue Luis Vera, quien lo vendió a Wilfrido Vera Bustamante, quien a su vez lo llevó a Pueblo Viejo, donde lo vendió a Néstor Jiménez y Julio Gavilanes. Ellos vendieron el producto que provocó la muerte de 20 personas y la ceguera a seis. La Fiscalía, en este caso, inició cuatro instrucciones fiscales, cinco indagaciones y detuvo a dos personas. Hay también tres personas con orden de detención.
Velatami vendió también licor que llegó a Bolívar. En Milagro, ocurre lo mismo, pero con la empresa Industrial Licorera Asociada.
La fiscal del Azuay Rocío Polo dijo que, en el cantón Cuenca, se iniciaron 20 indagaciones por la muerte de igual número de personas.
Chiriboga dijo que uno de los ejes de la investigación pendiente es saber cuál fue la actuación u omisiones de los intendentes, comisarios y supervisores de salud locales, y no descartó que se inicien acciones legales en su contra.
Velatami, cuyo gerente es Licho Velásquez Burbano, ubicada en Durán, provincia del Guayas, es la empresa que supuestamente habría mezclado alcohol etílico con agua y metanol, el cual después era distribuido a varias provincias del país.
Álex Lescano compraba el licor a Vetamia y, sin registro contable, lo vendía a la fábrica Tentador, que funcionaba en la parroquia Augusto Martínez, provincia de Tungurahua.
Franklin Muzzio, fiscal de Durán, dijo que Velásquez está inmerso en un proceso y tiene orden de detención por haber causado la muerte de varias personas en Los Ríos y Tungurahua.
En esta provincia, la fiscal Elizabeth Córdova dijo que Lascano vendió el licor a Santiago Uldrich Hidalgo, propietario de la fábrica de vinos el Tentador. Tomás Soria era el reponsable de hacer el control de calidad, pero luego de las pruebas respectivas, se detectó que había niveles altos de metanol en el licor. Sobre esto, hay una instrucción contra cuatro personas sobre las que pesa orden de prisión.
En Los Ríos, el fiscal Manuel Álvarez dijo que el licor llegó a esta zona desde Velatami, y el comprador fue Luis Vera, quien lo vendió a Wilfrido Vera Bustamante, quien a su vez lo llevó a Pueblo Viejo, donde lo vendió a Néstor Jiménez y Julio Gavilanes. Ellos vendieron el producto que provocó la muerte de 20 personas y la ceguera a seis. La Fiscalía, en este caso, inició cuatro instrucciones fiscales, cinco indagaciones y detuvo a dos personas. Hay también tres personas con orden de detención.
Velatami vendió también licor que llegó a Bolívar. En Milagro, ocurre lo mismo, pero con la empresa Industrial Licorera Asociada.
La fiscal del Azuay Rocío Polo dijo que, en el cantón Cuenca, se iniciaron 20 indagaciones por la muerte de igual número de personas.
Chiriboga dijo que uno de los ejes de la investigación pendiente es saber cuál fue la actuación u omisiones de los intendentes, comisarios y supervisores de salud locales, y no descartó que se inicien acciones legales en su contra.
