El Proyecto de Ley Antimonopolio propuesto por el Ejecutivo y que se revisa en la Comisión de lo Tributario y Económico, tiene el apoyo de la bancada oficialista y de la oposición, pero se plantean ciertas modificaciones a trabajar en el transcurso de estos días, previo a su presentación a primer debate en el Pleno de la Legislatura.
Fecha de Publicación: 2011-09-06 00:00
El vocal de la Comisión, Eduardo Encalada, asegura que la Ley Antimonopolio debe evitar los abusos del poder económico donde exista una competencia sana, lo cual implica regular a sectores como bancos, supermercados, industrias, importadores, exportadores, entre otros.
“Si hay un control por parte del Gobierno a través de esta superintendencia que se está planteando, se está apoyando a que haya mayor productividad, pero con respeto a la gente”, indicó Encalada.
De su parte Ramiro Terán del MPD, asegura que es positivo crear en el país una Ley Antimonopolio, pero advierte de su inconstitucionalidad al señalar que incluye al sistema financiero y la concentración de medios de comunicación públicos y privados en manos del Gobierno.
“El Estado tendrá que regular todo esto, pero no en función del Gobierno, ya que este es pasajero y estas leyes se van a quedar, que pasaría si viene un gobierno de derecha, con semejante poder en todas las leyes, sería algo muy peligroso”, indicó.
Este criterio lo comparte el asambleísta Rafael Dávila, quien indica que existiría demasiada concentración de poder en la Junta Reguladora propuesta por el Ejecutivo, lo cual pondría en riesgo el funcionamiento de empresas e industrias en el país por las multas o sanciones a las que podrían estar sujetos.
“El temor que existe es que esta Ley Antimonopolio pueda ser utilizada como una herramienta para hostigar al sector empresarial del país opuesto al régimen, para perseguir a empresarios desafectos al Gobierno. Puede ser una herramienta con el afán de perseguir, políticamente, que no sean del agrado del poder político”, señaló Dávila.
La Comisión de Soberanía Alimentaria eligió a sus autoridades las mismas que recayeron en las asambleístas de PAIS, Irina Cabezas y María Augusta Calle, como presidenta y vicepresidenta, respectivamente.
Con la designación de las dos legisladoras, se confirma que el bloque oficialista, conjuntamente, con sus aliados, han logrado manejar 12 de las 13 organismos legislativos. Únicamente la Comisión de Derechos de los Trabajadores está manejada por la oposición, ya que en ese organismo no existe ni un solo parlamentario de la bancada de PAIS.
Irina Cabezas indicó que el trabajo que realice el organismo deberá ser en equipo, para continuar con la aprobación de los proyectos que necesita el país, y que deberán llegar hasta ese organismo.
De su parte, María Augusta Calle reiteró su profundo respaldo a los sectores indígenas y campesinos, a quienes se debe, al tiempo de agradecer a quienes votaron por ella, y a quienes no lo hicieron.
CAREI:
Fecha de Publicación: 2011-09-06 00:00
El vocal de la Comisión, Eduardo Encalada, asegura que la Ley Antimonopolio debe evitar los abusos del poder económico donde exista una competencia sana, lo cual implica regular a sectores como bancos, supermercados, industrias, importadores, exportadores, entre otros.
“Si hay un control por parte del Gobierno a través de esta superintendencia que se está planteando, se está apoyando a que haya mayor productividad, pero con respeto a la gente”, indicó Encalada.
De su parte Ramiro Terán del MPD, asegura que es positivo crear en el país una Ley Antimonopolio, pero advierte de su inconstitucionalidad al señalar que incluye al sistema financiero y la concentración de medios de comunicación públicos y privados en manos del Gobierno.
“El Estado tendrá que regular todo esto, pero no en función del Gobierno, ya que este es pasajero y estas leyes se van a quedar, que pasaría si viene un gobierno de derecha, con semejante poder en todas las leyes, sería algo muy peligroso”, indicó.
Este criterio lo comparte el asambleísta Rafael Dávila, quien indica que existiría demasiada concentración de poder en la Junta Reguladora propuesta por el Ejecutivo, lo cual pondría en riesgo el funcionamiento de empresas e industrias en el país por las multas o sanciones a las que podrían estar sujetos.
“El temor que existe es que esta Ley Antimonopolio pueda ser utilizada como una herramienta para hostigar al sector empresarial del país opuesto al régimen, para perseguir a empresarios desafectos al Gobierno. Puede ser una herramienta con el afán de perseguir, políticamente, que no sean del agrado del poder político”, señaló Dávila.
La Comisión de Soberanía Alimentaria eligió a sus autoridades las mismas que recayeron en las asambleístas de PAIS, Irina Cabezas y María Augusta Calle, como presidenta y vicepresidenta, respectivamente.
Con la designación de las dos legisladoras, se confirma que el bloque oficialista, conjuntamente, con sus aliados, han logrado manejar 12 de las 13 organismos legislativos. Únicamente la Comisión de Derechos de los Trabajadores está manejada por la oposición, ya que en ese organismo no existe ni un solo parlamentario de la bancada de PAIS.
Irina Cabezas indicó que el trabajo que realice el organismo deberá ser en equipo, para continuar con la aprobación de los proyectos que necesita el país, y que deberán llegar hasta ese organismo.
De su parte, María Augusta Calle reiteró su profundo respaldo a los sectores indígenas y campesinos, a quienes se debe, al tiempo de agradecer a quienes votaron por ella, y a quienes no lo hicieron.
CAREI:
