A un día de la mitad de su segundo mandato, el presidente Rafael Correa no pierde ocasión para mencionar la opción de aplicar la muerte cruzada.
¿Cuál será su efecto específico para el rumbo del Ecuador en caso de concretarse?
La oposición sostiene que esa figura constitucional no solo le permitirá al Presidente disolver a la Asamblea y llamar a elecciones anticipadas. Advierte que también le abre las puertas al control absoluto del país.
Dos elementos de la coyuntura política sostienen esa afirmación: el control de la Justicia y la ausencia de partidos políticos.
En el caso de la Función Judicial, desde hace dos semanas su trabajo está atado a los planes de Carondelet, a través del Consejo de la Judicatura Transitorio.
De hecho, el presidente Correa anticipó la semana anterior que no permitirá que una mayoría legislativa opositora retire del camino a esa Judicatura, que es presidida por su delegado Paulo Rodríguez. Y que ese sería el pretexto ideal para echar mano de la figura de la muerte cruzada. De ahí que en caso de concretarse la disolución del Congreso, Correa se quedaría en el sillón presidencial con una Justicia sin margen de maniobra para actuar.
En el caso de las elecciones que se deben organizar tras la disolución de la Asamblea, en la práctica, Correa y su movimiento casi no tendrían adversarios.
La razón: en el registro de partidos políticos del Consejo Nacional Electoral (CNE) solo hay tres organizaciones habilitadas en el proceso de reinscripción.
Se trata del oficialista Alianza País, el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y el Movimiento Popular Democrático (MPD).
Según Fausto Camacho, vocal del CNE, solo esas tres tiendas pudieran presentar candidaturas presidenciales y de asambleístas nacionales. Mientras que solo un movimiento de Loja y otro de El Oro podrían terciar para diputados provinciales.
Entre otras razones, porque el CNE debe convocar a elecciones hasta siete días después de que se concreta la muerte cruzada.
¿Cuál será su efecto específico para el rumbo del Ecuador en caso de concretarse?
La oposición sostiene que esa figura constitucional no solo le permitirá al Presidente disolver a la Asamblea y llamar a elecciones anticipadas. Advierte que también le abre las puertas al control absoluto del país.
Dos elementos de la coyuntura política sostienen esa afirmación: el control de la Justicia y la ausencia de partidos políticos.
En el caso de la Función Judicial, desde hace dos semanas su trabajo está atado a los planes de Carondelet, a través del Consejo de la Judicatura Transitorio.
De hecho, el presidente Correa anticipó la semana anterior que no permitirá que una mayoría legislativa opositora retire del camino a esa Judicatura, que es presidida por su delegado Paulo Rodríguez. Y que ese sería el pretexto ideal para echar mano de la figura de la muerte cruzada. De ahí que en caso de concretarse la disolución del Congreso, Correa se quedaría en el sillón presidencial con una Justicia sin margen de maniobra para actuar.
En el caso de las elecciones que se deben organizar tras la disolución de la Asamblea, en la práctica, Correa y su movimiento casi no tendrían adversarios.
La razón: en el registro de partidos políticos del Consejo Nacional Electoral (CNE) solo hay tres organizaciones habilitadas en el proceso de reinscripción.
Se trata del oficialista Alianza País, el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y el Movimiento Popular Democrático (MPD).
Según Fausto Camacho, vocal del CNE, solo esas tres tiendas pudieran presentar candidaturas presidenciales y de asambleístas nacionales. Mientras que solo un movimiento de Loja y otro de El Oro podrían terciar para diputados provinciales.
Entre otras razones, porque el CNE debe convocar a elecciones hasta siete días después de que se concreta la muerte cruzada.
