lunes, 27 de junio de 2011

Colombia defiende ataque de Angostura

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, asumió ayer la responsabilidad del bombardeo contra un campamento de las FARC en 2008 y rechazó que una corte ecuatoriana llamara a juicio a mandos policiales y militares por la operación en la que murió el vocero internacional de los rebeldes, ‘Raúl Reyes’.

"Personalmente lo que puedo decir es que yo fui quien autorizó esa operación con el presidente (Álvaro) Uribe. O sea que si hay algún responsable soy yo", señaló Santos durante una reunión con la comunidad en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico (norte).

Agregó que le "daba coraje" la decisión de una corte de Sucumbíos de llamar a juicio al general Óscar Naranjo, director de la Policía y a los generales retirados Freddy Padilla (excomandante de las Fuerzas Militares), Mario Montoya (excomandante del Ejército), Jorge Ballesteros (excomandante de la Fuerza Aérea), Guillermo Barrera (excomandante de la Armada) y el coronel Camilo Álvarez (Inteligencia de la Policía).

"Todos los oficiales, los suboficiales, los soldados de tierra, mar y aire, y los policías que participaron en la operación lo que merecen es el aplauso, el apoyo y la admiración no solamente del pueblo colombiano sino del mundo entero", enfatizó Santos, en medio de un cerrado aplauso de los asistentes.

No reconoce jurisdicción
Insistió en que la Operación Fénix, realizada cuando él era Ministro de Defensa, "fue un golpe certero contra el terrorismo" y por "eso el mundo entero debe estar, como lo está, agradecido con nuestros soldados y policías".

Reiteró que Colombia "desestima" y "no reconoce" esa jurisdicción y que ahora lo que sigue es que el Estado colombiano asumirá la defensa de los llamados a juicio porque con ellos "no tenemos sino palabras de agradecimiento, apoyo y admiración".

La posición de Santos se unió a la del vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, quien rechazó el llamado a juicio de los mandos militares y policiales y señaló que su defensa "es un deber de Estado".

Ayer, el Gobierno colombiano rechazó "categóricamente" el llamado a juicio a raíz de una operación en la que en marzo de 2008 se atacó un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.