El plan de acción del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), que se resume en seis ejes y que deberá cumplirse en un plazo de 18 meses improrrogables, consta de un breve diagnóstico, los objetivos generales y específicos y el cronograma en el que se implementará cada uno de los ejes, que deberán dar un giro de 180 grados a la administración de justicia.
En el primero de los ejes, el talento humano, se destaca que no se cuenta con un régimen integral de gestión con procesos técnicos de ingreso, ni existe evaluación objetiva y periódica; las remuneraciones actualmente se realizan de manera antitécnica por escalas y por bandas. Tampoco existe la promoción por méritos que garantice la carrera judicial.
Es por ello que se propone contar con un régimen de gestión que garantice la carrera judicial, sobre la base de procesos técnicos de ingreso, evaluación objetiva y periódica, así como un sistema de remuneraciones por resultados que privilegie la promoción y estabilidad por méritos.
Se plantea implementar procesos de selección y evaluación de jueces, fiscales, defensores y funcionarios administrativos y realizar una cobertura de vacantes y ascensos por méritos.
El diagnóstico da cuenta que la estructura institucional es ineficiente y caduca, sin estándares internacionales de calidad, que impide que el ciudadano goce del derecho de acceso a la justicia.
También se deberá reducir los tiempos de tramitación de causas judiciales, mediante la implementación de la oralidad y el nuevo modelo de gestión, y atender la demanda de justicia en todo el territorio nacional, en instalaciones adecuadas y con tecnología de punta.
En la infraestructura civil, se propone adecuar los inmuebles existentes y edificar la nueva infraestructura de la Función Judicial que responda al modelo de gestión propuesto.
Al respecto, el CJT sostiene que el sistema judicial carece de una infraestructura tecnológica, que le permita afrontar los nuevos desafíos institucionales. La incapacidad de mantener sistemas informáticos interconectados y seguros posibilita el riesgo de enfrentar fraudes, corrupción y ataques informáticos.
Se propone además dotar de infraestructura tecnológica robusta y de última generación a las entidades del sistema judicial, a fin de mejorar los servicios de acceso a la información, e incorporar sistemas de comunicación seguros para la transmisión de información procesada en las unidades judiciales a nivel nacional.
Según información proporcionada por el Ministerio de Justicia, la participación de la veeduría internacional en la reestructuración de la justicia en el Ecuador, se realizará con la entrega de informes bimensuales. A través de un seguimiento permanente y regular con base en programas específicos y además realizarán una evaluación periódica de la reforma.
Según el plan de trabajo, el equipo técnico político internacional también presentará balances semestrales, los cuales se someterán a análisis.
La instalación de la veeduría internacional y nacional permanente dotará a todo el proceso mayor legitimidad.
El programa
Contratación de jueces, fiscales, defensores públicos y personal administrativo se realizará en el octavo mes de gestión del CJT.
Diseño e implementación de las nuevas herramientas de gestión y automatización, en once meses, contando desde agosto de 2011.
Diseño e implementación del sistema de indicadores y medición de gestión del sistema de justicia a nivel nacional, desde el primero al quinto mes de trabajo del CJT.
Adecuaciones del primero al cuarto mes; infraestructura de transición, del primero al sexto mes; nueva infraestructura, durante los 18 meses.
Firma electrónica y cero papeles, del segundo al décimo cuarto mes de gestión del CJT. Hay otros componentes del cronograma de trabajo que se realizarán en distintos periódicos de tiempo.
En el primero de los ejes, el talento humano, se destaca que no se cuenta con un régimen integral de gestión con procesos técnicos de ingreso, ni existe evaluación objetiva y periódica; las remuneraciones actualmente se realizan de manera antitécnica por escalas y por bandas. Tampoco existe la promoción por méritos que garantice la carrera judicial.
Es por ello que se propone contar con un régimen de gestión que garantice la carrera judicial, sobre la base de procesos técnicos de ingreso, evaluación objetiva y periódica, así como un sistema de remuneraciones por resultados que privilegie la promoción y estabilidad por méritos.
Se plantea implementar procesos de selección y evaluación de jueces, fiscales, defensores y funcionarios administrativos y realizar una cobertura de vacantes y ascensos por méritos.
El diagnóstico da cuenta que la estructura institucional es ineficiente y caduca, sin estándares internacionales de calidad, que impide que el ciudadano goce del derecho de acceso a la justicia.
También se deberá reducir los tiempos de tramitación de causas judiciales, mediante la implementación de la oralidad y el nuevo modelo de gestión, y atender la demanda de justicia en todo el territorio nacional, en instalaciones adecuadas y con tecnología de punta.
En la infraestructura civil, se propone adecuar los inmuebles existentes y edificar la nueva infraestructura de la Función Judicial que responda al modelo de gestión propuesto.
Al respecto, el CJT sostiene que el sistema judicial carece de una infraestructura tecnológica, que le permita afrontar los nuevos desafíos institucionales. La incapacidad de mantener sistemas informáticos interconectados y seguros posibilita el riesgo de enfrentar fraudes, corrupción y ataques informáticos.
Se propone además dotar de infraestructura tecnológica robusta y de última generación a las entidades del sistema judicial, a fin de mejorar los servicios de acceso a la información, e incorporar sistemas de comunicación seguros para la transmisión de información procesada en las unidades judiciales a nivel nacional.
Según información proporcionada por el Ministerio de Justicia, la participación de la veeduría internacional en la reestructuración de la justicia en el Ecuador, se realizará con la entrega de informes bimensuales. A través de un seguimiento permanente y regular con base en programas específicos y además realizarán una evaluación periódica de la reforma.
Según el plan de trabajo, el equipo técnico político internacional también presentará balances semestrales, los cuales se someterán a análisis.
La instalación de la veeduría internacional y nacional permanente dotará a todo el proceso mayor legitimidad.
El programa
Contratación de jueces, fiscales, defensores públicos y personal administrativo se realizará en el octavo mes de gestión del CJT.
Diseño e implementación de las nuevas herramientas de gestión y automatización, en once meses, contando desde agosto de 2011.
Diseño e implementación del sistema de indicadores y medición de gestión del sistema de justicia a nivel nacional, desde el primero al quinto mes de trabajo del CJT.
Adecuaciones del primero al cuarto mes; infraestructura de transición, del primero al sexto mes; nueva infraestructura, durante los 18 meses.
Firma electrónica y cero papeles, del segundo al décimo cuarto mes de gestión del CJT. Hay otros componentes del cronograma de trabajo que se realizarán en distintos periódicos de tiempo.
