Efectivos de las Fuerzas Armadas junto a la Policía y la Comisión de Tránsito del Guayas realizan operativos en Guayaquil.
A través de una reforma a la Ley de Seguridad Pública, el Gobierno dará soporte jurídico a la participación directa de las Fuerzas Armadas en la protección interna y el mantenimiento y control del orden público.
La intervención de los militares en operativos conjuntos con la Policía Nacional se suma a otras medidas que el régimen y otros estamentos estatales analizan para el control de la inseguridad.
La situación es tan apremiante, que en su última cadena sabatina el presidente Rafael Correa asumió el compromiso de darle un seguimiento personal a las actividades del Consejo de Seguridad.
Reconoció que los niveles delictivos son intolerables y que no se han cumplido planes. También admitió que el tema no es de su especialidad. Correa confirmó que consultará directamente al pueblo sobre reformas penales, que -según dijo- son indispensables para el manejo del Estado.
Las medidas sustitutivas para la reclusión y la caducidad de la prisión preventiva, son los temas que el Ejecutivo incluiría en la consulta popular, informó el ministro de Seguridad, José Serrano.
Por su parte, el Legislativo impulsa el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana propuesto por la asambleísta Rocío Valarezo.
La normativa propone la creación de un Consejo Nacional de Seguridad presidido por el Ministro (a) del Interior, cuyas funciones serán, entre otros aspectos, establecer políticas y estrategias generales de seguridad ciudadana y elaborar un plan anual.
También contempla la creación de similares cuerpos colegiados en la provincias, cantones y juntas parroquiales, presididos por los prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, respectivamente.
El burgomaestre de Cuenca, Paúl Granda, tiene experiencia con este tipo de consejos y dice que “son espacio de coordinación y generación de políticas públicas de seguridad ciudadana”.
A través de una reforma a la Ley de Seguridad Pública, el Gobierno dará soporte jurídico a la participación directa de las Fuerzas Armadas en la protección interna y el mantenimiento y control del orden público.
La intervención de los militares en operativos conjuntos con la Policía Nacional se suma a otras medidas que el régimen y otros estamentos estatales analizan para el control de la inseguridad.
La situación es tan apremiante, que en su última cadena sabatina el presidente Rafael Correa asumió el compromiso de darle un seguimiento personal a las actividades del Consejo de Seguridad.
Reconoció que los niveles delictivos son intolerables y que no se han cumplido planes. También admitió que el tema no es de su especialidad. Correa confirmó que consultará directamente al pueblo sobre reformas penales, que -según dijo- son indispensables para el manejo del Estado.
Las medidas sustitutivas para la reclusión y la caducidad de la prisión preventiva, son los temas que el Ejecutivo incluiría en la consulta popular, informó el ministro de Seguridad, José Serrano.
Por su parte, el Legislativo impulsa el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana propuesto por la asambleísta Rocío Valarezo.
La normativa propone la creación de un Consejo Nacional de Seguridad presidido por el Ministro (a) del Interior, cuyas funciones serán, entre otros aspectos, establecer políticas y estrategias generales de seguridad ciudadana y elaborar un plan anual.
También contempla la creación de similares cuerpos colegiados en la provincias, cantones y juntas parroquiales, presididos por los prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, respectivamente.
El burgomaestre de Cuenca, Paúl Granda, tiene experiencia con este tipo de consejos y dice que “son espacio de coordinación y generación de políticas públicas de seguridad ciudadana”.
