En el Consejo de la Judicatura, las pugnas están en estado de ebullición. Los nueve integrantes de ese organismo se han dividido un dos grupos.
El primero, de mayoría, está liderado por el presidente del organismo, Benjamín Cevallos, y por los vocales Hermán Jaramillo, Homero Tinoco, Jorge Vaca, Germán Vásquez y Jorge León.
El segundo grupo lo conforman Ulpiano Salazar, Oswaldo Domínguez y Marco Tulio Cordero. Ellos dicen que son marginados de las principales decisiones y que sus opiniones sucumben ante el poder de los votos.
El incidente más reciente se vivió la semana pasado cuando se respaldó la posición de Cevallos frente a las críticas que le hiciera el presidente Rafael Correa, por el trabajo de los jueces.
El Gobierno apuntó a la Judicatura como el responsable de no sancionar a los jueces que permitieron que 4 320 presos (de enero del 2007 hasta agosto de este año) salieran en libertad por la caducidad de la prisión preventiva.
La primera reacción de Cevallos fue colocar su cargo a disposición del Pleno de la Judicatura, pero este organismo la rechazó.
Domínguez cuenta que ese apoyo no fue total. Los tres miembros de la minoría no participaron en la sesión, pues se realizó en Guayaquil y no en la sede oficial de la Judicatura en Quito. “Desde hace unos meses hemos mantenido una posición crítica frente a una serie de actuaciones desacertadas del presidente Cevallos, realizadas a título personal con sus asesores, sin ponerlas en conocimiento de los vocales”, relata un comunicado firmado por los tres miembros de la minoría.
Hay dos principales cuestionamientos. Uno, por la contratación de, aproximadamente, 400 funcionarios judiciales y por los nombramientos de jueces temporales. Según Domínguez, muchos se hicieron “a dedo, sin ningún proceso de selección e irrespetando una norma de candidatos que participaron el año pasado en un concurso de oposición”.
La siguiente crítica es por el mal manejo financiero de la Judicatura. En este punto coinciden con el presidente Correa, que señaló que la Judicatura ejecutó el 68% del presupuesto para el 2010 y que por eso no se aumentaría el dinero para el 2011.
Cordero, de la minoría, señaló que por la inoperancia en el manejo del presupuesto se debieron devolver USD 24 millones al Estado y que se cumplieron con contratos de último momento, que son indagados por supuestas anomalías. Uno de ellos es la reconstrucción y ampliación del edificio de la Judicatura, en la provincia de Zamora. En ese contrato hay un aparente sobreprecio.
Este convenio es analizado por la Dirección General y Auditoría Interna de la Judicatura. La minoría espera que el contrato sea suspendido hasta que se compruebe de que no hubo irregularidades.
Domínguez y Cordero aseguraron que no tienen temor de ser llamados a juicio político, como lo anunció Alianza País. Ambos coincidieron en que será una tribuna para dar su versión de lo que sucede en la Judicatura .
Jaramillo, quien está encargado de la Presidencia del organismo por la ausencia de Cevallos, sostuvo que la Judicatura sí pone orden en la administración de Justicia. Eso se cumple “partiendo del criterio de la administración, vigilancia, y disciplina y para poder gobernar debemos ser administradores, conocer principios de planificación y evaluación”.
El primero, de mayoría, está liderado por el presidente del organismo, Benjamín Cevallos, y por los vocales Hermán Jaramillo, Homero Tinoco, Jorge Vaca, Germán Vásquez y Jorge León.
El segundo grupo lo conforman Ulpiano Salazar, Oswaldo Domínguez y Marco Tulio Cordero. Ellos dicen que son marginados de las principales decisiones y que sus opiniones sucumben ante el poder de los votos.
El incidente más reciente se vivió la semana pasado cuando se respaldó la posición de Cevallos frente a las críticas que le hiciera el presidente Rafael Correa, por el trabajo de los jueces.
El Gobierno apuntó a la Judicatura como el responsable de no sancionar a los jueces que permitieron que 4 320 presos (de enero del 2007 hasta agosto de este año) salieran en libertad por la caducidad de la prisión preventiva.
La primera reacción de Cevallos fue colocar su cargo a disposición del Pleno de la Judicatura, pero este organismo la rechazó.
Domínguez cuenta que ese apoyo no fue total. Los tres miembros de la minoría no participaron en la sesión, pues se realizó en Guayaquil y no en la sede oficial de la Judicatura en Quito. “Desde hace unos meses hemos mantenido una posición crítica frente a una serie de actuaciones desacertadas del presidente Cevallos, realizadas a título personal con sus asesores, sin ponerlas en conocimiento de los vocales”, relata un comunicado firmado por los tres miembros de la minoría.
Hay dos principales cuestionamientos. Uno, por la contratación de, aproximadamente, 400 funcionarios judiciales y por los nombramientos de jueces temporales. Según Domínguez, muchos se hicieron “a dedo, sin ningún proceso de selección e irrespetando una norma de candidatos que participaron el año pasado en un concurso de oposición”.
La siguiente crítica es por el mal manejo financiero de la Judicatura. En este punto coinciden con el presidente Correa, que señaló que la Judicatura ejecutó el 68% del presupuesto para el 2010 y que por eso no se aumentaría el dinero para el 2011.
Cordero, de la minoría, señaló que por la inoperancia en el manejo del presupuesto se debieron devolver USD 24 millones al Estado y que se cumplieron con contratos de último momento, que son indagados por supuestas anomalías. Uno de ellos es la reconstrucción y ampliación del edificio de la Judicatura, en la provincia de Zamora. En ese contrato hay un aparente sobreprecio.
Este convenio es analizado por la Dirección General y Auditoría Interna de la Judicatura. La minoría espera que el contrato sea suspendido hasta que se compruebe de que no hubo irregularidades.
Domínguez y Cordero aseguraron que no tienen temor de ser llamados a juicio político, como lo anunció Alianza País. Ambos coincidieron en que será una tribuna para dar su versión de lo que sucede en la Judicatura .
Jaramillo, quien está encargado de la Presidencia del organismo por la ausencia de Cevallos, sostuvo que la Judicatura sí pone orden en la administración de Justicia. Eso se cumple “partiendo del criterio de la administración, vigilancia, y disciplina y para poder gobernar debemos ser administradores, conocer principios de planificación y evaluación”.
