Al final de la tarde de ayer, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, mediante el oficio No. PAN-FC-010-1946, le pidió al presidente Rafael Correa la renovación del Estado de Excepción en Quito.
En el mismo oficio, al que HOY tuvo acceso, Cordero también le solicitó al jefe de Estado que declare al recinto legislativo Zona de Seguridad.
El comunicado dice: "En virtud de que el Decreto Ejecutivo No. 500 de 9 de ocutbre de 2010, que contiene la Declaración de Excepción en el cantón Quito, Provincia de Pichincha, está próximo a expirar, solicito comedidamente se sirva renovarlo, al amparo de sus atribuciones constitucionales y, adicionalmente, declarar a la Asamblea Nacional, Zona de Seguridad, al amparo de la Ley de Seguridad Pública y del Estado."
La solicitud de Cordero fue enviada a la Presidencia luego de que ayer por la mañana, el ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo durante un encuentro con periodistas que consideraba que el estado de excepción debía concluir, aunque precisó que esa decisión le compete al presidente de la República.
Desde el fin de semana, el tema lo están analizando, en conjunto con el jefe de Estado y Ponce, los ministerios del Interior y de Seguridad Interna y Externa.
Miguel Carvajal, titular de la cartera de Seguridad, dijo ayer que la decisión se dará a conocer mañana.
Mediante los decretos ejecutivos 488, 493 y 500, Correa ordenó que, tras los hechos del 30 septiembre, el territorio nacional, en el primero y segundo casos, y Quito en el tercero, requerían mantenerse bajo estado de excepción, como medida de precaución ante probables hechos que pudieran atentar contra el orden democrático del Ecuador.
El primer decreto fue firmado el 30 de septiembre, día de la revuelta policial y militar, hecho que el Gobierno cataloga como parte de un fallido intento de Golpe de Estado y para asesinar al presidente Correa, por el cual hasta el momento hay más de 700 policías, militares y civiles juzgados e investigados.
La vigencia del decreto fue de cinco días; sin embargo, ante un pedido de la presidenta (e) la Asamblea, en esa fecha, Irina Cabezas, el estado de excepción fue extendido por tres días más, hasta el 8 de octubre.
Bajo el argumento de que la mayoría de instituciones del Estado, fundamentales para el sistema democrático, tales como la Asamblea y el Palacio de Gobierno, tienen su sede en Quito y, ante la necesidad de resguardarlas de hechos que podrían generar grave conmoción interna, la situación excepcional fue prolongada por otros 60 días, aunque en este caso solo para la capital de la República.
El artículo 166 de la Constitución señala que el estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta días, y que si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por treinta días más, lo cual deberá notificarse. El mismo artículo señala que si el presidente no renueva el decreto delo estado de excepción o no lo notifica, éste se entenderá caducado. (PJV-MEVO)
"Que continúe Escolta militar"
Leonardo Viteri (PSC) dijo que Cordero debe salvaguardar la integridad de quienes trabajan en la Asamblea y que considera que aún no están dadas las condiciones para que la escolta policial regrese. Sugirió que el Pleno analice la permanencia de la escolta militar, para lo cual no es necesario renovar el estado de excepción. "No es conveniente que Quito pase Navidad y Fin de Año militarizada", dijo.
En el mismo oficio, al que HOY tuvo acceso, Cordero también le solicitó al jefe de Estado que declare al recinto legislativo Zona de Seguridad.
El comunicado dice: "En virtud de que el Decreto Ejecutivo No. 500 de 9 de ocutbre de 2010, que contiene la Declaración de Excepción en el cantón Quito, Provincia de Pichincha, está próximo a expirar, solicito comedidamente se sirva renovarlo, al amparo de sus atribuciones constitucionales y, adicionalmente, declarar a la Asamblea Nacional, Zona de Seguridad, al amparo de la Ley de Seguridad Pública y del Estado."
La solicitud de Cordero fue enviada a la Presidencia luego de que ayer por la mañana, el ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo durante un encuentro con periodistas que consideraba que el estado de excepción debía concluir, aunque precisó que esa decisión le compete al presidente de la República.
Desde el fin de semana, el tema lo están analizando, en conjunto con el jefe de Estado y Ponce, los ministerios del Interior y de Seguridad Interna y Externa.
Miguel Carvajal, titular de la cartera de Seguridad, dijo ayer que la decisión se dará a conocer mañana.
Mediante los decretos ejecutivos 488, 493 y 500, Correa ordenó que, tras los hechos del 30 septiembre, el territorio nacional, en el primero y segundo casos, y Quito en el tercero, requerían mantenerse bajo estado de excepción, como medida de precaución ante probables hechos que pudieran atentar contra el orden democrático del Ecuador.
El primer decreto fue firmado el 30 de septiembre, día de la revuelta policial y militar, hecho que el Gobierno cataloga como parte de un fallido intento de Golpe de Estado y para asesinar al presidente Correa, por el cual hasta el momento hay más de 700 policías, militares y civiles juzgados e investigados.
La vigencia del decreto fue de cinco días; sin embargo, ante un pedido de la presidenta (e) la Asamblea, en esa fecha, Irina Cabezas, el estado de excepción fue extendido por tres días más, hasta el 8 de octubre.
Bajo el argumento de que la mayoría de instituciones del Estado, fundamentales para el sistema democrático, tales como la Asamblea y el Palacio de Gobierno, tienen su sede en Quito y, ante la necesidad de resguardarlas de hechos que podrían generar grave conmoción interna, la situación excepcional fue prolongada por otros 60 días, aunque en este caso solo para la capital de la República.
El artículo 166 de la Constitución señala que el estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta días, y que si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por treinta días más, lo cual deberá notificarse. El mismo artículo señala que si el presidente no renueva el decreto delo estado de excepción o no lo notifica, éste se entenderá caducado. (PJV-MEVO)
"Que continúe Escolta militar"
Leonardo Viteri (PSC) dijo que Cordero debe salvaguardar la integridad de quienes trabajan en la Asamblea y que considera que aún no están dadas las condiciones para que la escolta policial regrese. Sugirió que el Pleno analice la permanencia de la escolta militar, para lo cual no es necesario renovar el estado de excepción. "No es conveniente que Quito pase Navidad y Fin de Año militarizada", dijo.
