Siete mensajes telefónicos alertaron a Jeannina Andrade. La institución financiera donde tiene su cuenta bancaria le confirmaba los movimientos interbancarios que, supuestamente, había realizado el pasado 7 de septiembre, a las 17:30.
Descontrolada, encendió su computadora personal a chequear qué pasaba con el dinero depositado. Fue cuando se enteró de la mala noticia: 34.979 dólares habían sido -posiblemente a través de un pirata informático o hacker- transferidos a 7 cuentas distintas de dos bancos que operan en Ecuador.
Ella presume que las claves fueron copiadas a las 11:29 del mismo día cuando, desde su casa, vía Internet, hizo una transferencia dentro de una página posiblemente clonada. “Esa mañana digité la dirección de la web del banco, pero ahora asumo que me direccionaba a un sitio duplicado justo cuando yo ingresé mis claves. Alerté luego de aquello al banco”, asegura la perjudicada.
Según Produbanco, los delincuentes ejecutaron siete transacciones desde las 13:00 hasta las 14:42, migrando el dinero a cuentas de clientes de la provincia del Pichincha. El caso de Jeannina es analizado por la Fiscalía del Guayas, donde ella puso la denuncia. Tras el inicio de la instrucción fiscal, las cuentas implicadas fueron inhabilitadas, aunque ya estaban con saldo cero.
Hasta la semana pasada, suman 100 las denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público, y que involucran perjuicios similares. En la Defensoría del Pueblo, un número igual de quejas son manejadas, ocasionando a los usuarios de la banca pérdidas que bordean los $ 100.000.
Según el máster en Derecho Informático, Fabrizio Peralta, no existe una definición legal sobre lo que es el delito informático, aunque en las reformas del 2002 se introdujo en el Código Penal, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (LCE), que establece siete tipos de delitos y una contravención, entre los que constan la violación de claves, la falsificación electrónica y el fraude informático.
Este último, el de apropiación ilícita mediante medios informáticos, es el que enfrentan Jeannina y Napoleón Domenech, otro perjudicado del denominado “phishing”. El 5 de noviembre, Domenech supo que $ 2.245 habían sido sustraídos de su saldo. Del total, $ 1.043 fueron destinados al pago de matrículas de vehículos, transferencia que permitió que le devuelvan ese mismo monto. El resto aún no ha logrado recuperar. “Siguen investigando, pero nada”, asegura.
La fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos, Sandra Morejón, sostiene que estos actos ilícitos, (seguidos por el robo en los cajeros automáticos) están entre los más comunes. Así lo revelan las estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros que señalan que, de 907 reclamos, en el 2009, 296 correspondieron a fraudes electrónicos. Morejón expresa que “si es transferencia es más fácil ubicar a las personas que recibieron el dinero. Son ellas las que tienen que responder”, indicó. Parte de la indagación también se realiza a través del rastreo a las direcciones IP, que es el número exclusivo que designan los proveedores de Internet a sus clientes. La fiscal resalta que no solo es necesario identificar a quienes reciben el dinero, sino también verificar si hay algún tipo de responsabilidad del banco.
Y, aunque Andrade y Domenech consideran que sus bancos no han hecho lo suficiente para resolver sus casos o detectar a los delincuentes, Pablo Córdova, jefe del sistema de seguridad de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), sostiene que “la banca está muy preocupada, por ello promueve temas técnicos para fortalecer aspectos relacionados al software y hardware”. Para el caso de Andrade, dice, es posible ayudarla en el caso, por las características del evento.
La Asociación trabaja con la Policía en una campaña informativa para los usuarios. Pero advierte lo siguiente: no llenar datos personales en ninguno de los correos que llegan a sus cuentas que simulan los logos de las entidades oficiales del sistema, ni entregar información privada a llamadas.
Descontrolada, encendió su computadora personal a chequear qué pasaba con el dinero depositado. Fue cuando se enteró de la mala noticia: 34.979 dólares habían sido -posiblemente a través de un pirata informático o hacker- transferidos a 7 cuentas distintas de dos bancos que operan en Ecuador.
Ella presume que las claves fueron copiadas a las 11:29 del mismo día cuando, desde su casa, vía Internet, hizo una transferencia dentro de una página posiblemente clonada. “Esa mañana digité la dirección de la web del banco, pero ahora asumo que me direccionaba a un sitio duplicado justo cuando yo ingresé mis claves. Alerté luego de aquello al banco”, asegura la perjudicada.
Según Produbanco, los delincuentes ejecutaron siete transacciones desde las 13:00 hasta las 14:42, migrando el dinero a cuentas de clientes de la provincia del Pichincha. El caso de Jeannina es analizado por la Fiscalía del Guayas, donde ella puso la denuncia. Tras el inicio de la instrucción fiscal, las cuentas implicadas fueron inhabilitadas, aunque ya estaban con saldo cero.
Hasta la semana pasada, suman 100 las denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público, y que involucran perjuicios similares. En la Defensoría del Pueblo, un número igual de quejas son manejadas, ocasionando a los usuarios de la banca pérdidas que bordean los $ 100.000.
Según el máster en Derecho Informático, Fabrizio Peralta, no existe una definición legal sobre lo que es el delito informático, aunque en las reformas del 2002 se introdujo en el Código Penal, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (LCE), que establece siete tipos de delitos y una contravención, entre los que constan la violación de claves, la falsificación electrónica y el fraude informático.
Este último, el de apropiación ilícita mediante medios informáticos, es el que enfrentan Jeannina y Napoleón Domenech, otro perjudicado del denominado “phishing”. El 5 de noviembre, Domenech supo que $ 2.245 habían sido sustraídos de su saldo. Del total, $ 1.043 fueron destinados al pago de matrículas de vehículos, transferencia que permitió que le devuelvan ese mismo monto. El resto aún no ha logrado recuperar. “Siguen investigando, pero nada”, asegura.
La fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos, Sandra Morejón, sostiene que estos actos ilícitos, (seguidos por el robo en los cajeros automáticos) están entre los más comunes. Así lo revelan las estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros que señalan que, de 907 reclamos, en el 2009, 296 correspondieron a fraudes electrónicos. Morejón expresa que “si es transferencia es más fácil ubicar a las personas que recibieron el dinero. Son ellas las que tienen que responder”, indicó. Parte de la indagación también se realiza a través del rastreo a las direcciones IP, que es el número exclusivo que designan los proveedores de Internet a sus clientes. La fiscal resalta que no solo es necesario identificar a quienes reciben el dinero, sino también verificar si hay algún tipo de responsabilidad del banco.
Y, aunque Andrade y Domenech consideran que sus bancos no han hecho lo suficiente para resolver sus casos o detectar a los delincuentes, Pablo Córdova, jefe del sistema de seguridad de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), sostiene que “la banca está muy preocupada, por ello promueve temas técnicos para fortalecer aspectos relacionados al software y hardware”. Para el caso de Andrade, dice, es posible ayudarla en el caso, por las características del evento.
La Asociación trabaja con la Policía en una campaña informativa para los usuarios. Pero advierte lo siguiente: no llenar datos personales en ninguno de los correos que llegan a sus cuentas que simulan los logos de las entidades oficiales del sistema, ni entregar información privada a llamadas.
