El proceso de reestructuración de la Función Judicial, en manos del Consejo de la Judicatura en Transición (CJT), habría comenzado a ‘volar cabezas’ y no menos de 100 jueces provisionales y notarios a nivel nacional, cuya designación no habría sido apegada al derecho, serían los primeros en dejar la Función Judicial.
Ayer, Paulo Rodríguez, presidente del CJT, reveló que acogiendo la solicitud de los propios representantes gremiales de los judiciales, se procedió a identificar a aquellos contratos que se habrían hecho no apegados a la ley y el derecho.
Dijo que se ha recibido el primer informe de la Unidad de Recursos Humanos y se los está identificando, no por nombres, sino por grupos, y estos sumados a nivel nacional llegarían a unos 100.
Ayer, en una rueda de prensa conjunta con el fiscal general, Galo Chiriboga, el Presidente del CJT habló de la revocatoria de algunos nombramientos de jueces provisionales y notarios, pues según dijo hay evidencias de unos cuantos nombramientos producidos no estrictamente en derecho, pero que se espera continuar en reuniones para analizar más a profundidad el tema.
En esta conferencia de prensa también se habló de los ejes comunes que existen entre el CJT y la Fiscalía.
El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, anunció que se someterá a cualquier proceso de evaluación que así lo acordare el Consejo de la Judicatura en Transición.
Así lo hizo saber luego de una breve reunión de trabajo que mantuvo ayer con los tres vocales del Consejo: Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, con miras a la cooperación interinstitucional.
Chiriboga señaló que por disposición del pueblo, el CJT tiene la competencia para avaluar a los operadores de justicia, “y serán ellos los que hagan la evaluación, incluido yo, si ellos tienen la facultad de hacerlo lo harán y me someteré a esa evaluación”.
Además, dijo que apuesta todos sus esfuerzos al fortalecimiento de una policía científica en el país, de lo que ahora es la Policía Judicial, para que dé resultados en los procesos judiciales, porque no puede llevar a los juicios simplemente opiniones o criterios, sino pruebas y en eso se debe trabajar.
El vocal del CJT, Fernando Yávar, no encuentra justificación ni fundamento legal a la demanda de incumplimiento que la Federación Nacional de Abogados del Ecuador le planteó en la Corte Constitucional, aduciendo que no cumple los requisitos del Art. 180 de la Constitución para ejercer el cargo.
A su decir, esta demanda es una especie de boicot al trabajo del Consejo por parte de ciertos grupos que ven afectados sus intereses con el proceso de reestructuración de la Función Judicial.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, saludó la iniciativa del CJT de involucrar a los servidores judiciales en este proceso de reestructuración que busca el mejoramiento de la administración de justicia en el país.
“Nuestro compromiso es el de trabajar juntos por lograr los mejores éxitos en este proceso”, dijo Ramírez, no sin antes señalar que son optimistas de los resultados que se vienen para el país en la administración de justicia legitimada en los principios y valores de lo jurídico.
GUAYAQUIL. Pedro Granja, secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, advirtió que las actuaciones del Consejo de la Judicatura de Transición no tendrán efecto jurídico si se llevan la firma del comisionado Fernando Yavar.
Granda dijo que el funcionario estaría actuando fuera de la ley al no cumplir con requisitos legales como el de haber ejercido el libre ejercicio durante 10 años.
Presentó una demanda ante la Corte Constitucional (CC), solicitando la salida de Yavar sobre la base del artículo 180 de la Constitución.
Ayer, Paulo Rodríguez, presidente del CJT, reveló que acogiendo la solicitud de los propios representantes gremiales de los judiciales, se procedió a identificar a aquellos contratos que se habrían hecho no apegados a la ley y el derecho.
Dijo que se ha recibido el primer informe de la Unidad de Recursos Humanos y se los está identificando, no por nombres, sino por grupos, y estos sumados a nivel nacional llegarían a unos 100.
Ayer, en una rueda de prensa conjunta con el fiscal general, Galo Chiriboga, el Presidente del CJT habló de la revocatoria de algunos nombramientos de jueces provisionales y notarios, pues según dijo hay evidencias de unos cuantos nombramientos producidos no estrictamente en derecho, pero que se espera continuar en reuniones para analizar más a profundidad el tema.
En esta conferencia de prensa también se habló de los ejes comunes que existen entre el CJT y la Fiscalía.
El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, anunció que se someterá a cualquier proceso de evaluación que así lo acordare el Consejo de la Judicatura en Transición.
Así lo hizo saber luego de una breve reunión de trabajo que mantuvo ayer con los tres vocales del Consejo: Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, con miras a la cooperación interinstitucional.
Chiriboga señaló que por disposición del pueblo, el CJT tiene la competencia para avaluar a los operadores de justicia, “y serán ellos los que hagan la evaluación, incluido yo, si ellos tienen la facultad de hacerlo lo harán y me someteré a esa evaluación”.
Además, dijo que apuesta todos sus esfuerzos al fortalecimiento de una policía científica en el país, de lo que ahora es la Policía Judicial, para que dé resultados en los procesos judiciales, porque no puede llevar a los juicios simplemente opiniones o criterios, sino pruebas y en eso se debe trabajar.
El vocal del CJT, Fernando Yávar, no encuentra justificación ni fundamento legal a la demanda de incumplimiento que la Federación Nacional de Abogados del Ecuador le planteó en la Corte Constitucional, aduciendo que no cumple los requisitos del Art. 180 de la Constitución para ejercer el cargo.
A su decir, esta demanda es una especie de boicot al trabajo del Consejo por parte de ciertos grupos que ven afectados sus intereses con el proceso de reestructuración de la Función Judicial.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, saludó la iniciativa del CJT de involucrar a los servidores judiciales en este proceso de reestructuración que busca el mejoramiento de la administración de justicia en el país.
“Nuestro compromiso es el de trabajar juntos por lograr los mejores éxitos en este proceso”, dijo Ramírez, no sin antes señalar que son optimistas de los resultados que se vienen para el país en la administración de justicia legitimada en los principios y valores de lo jurídico.
GUAYAQUIL. Pedro Granja, secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, advirtió que las actuaciones del Consejo de la Judicatura de Transición no tendrán efecto jurídico si se llevan la firma del comisionado Fernando Yavar.
Granda dijo que el funcionario estaría actuando fuera de la ley al no cumplir con requisitos legales como el de haber ejercido el libre ejercicio durante 10 años.
Presentó una demanda ante la Corte Constitucional (CC), solicitando la salida de Yavar sobre la base del artículo 180 de la Constitución.
