En el marco del proceso de reestructuración del sistema de justicia del Ecuador el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) cesó en funciones a 161 servidores judiciales y se analizan otros nombres.
La resolución No. 001-2011 expedida por unanimidad de los tres miembros del organismo determina el cese de funciones de 38 jueces, 6 juezas y 4 conjueces, todos ellos designados con nombramiento provisional durante el período 2009-2011.
Además, se deja sin efecto 42 nombramientos provisionales de personal judicial y administrativo, celebrados entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2011, y se dispuso dar por terminados 71 contratos de servicios otorgados en el período comprendido entre el 1 de enero al 13 de julio de 2011.
Según el presidente del CJT, Paulo Rodríguez, la decisión fue adoptada en base a los informes presentados por la Unidad de Recursos Humanos y en uso de las atribuciones constitucionales que se les asigna.
“Son casos de libre nombramiento y remoción, pero fundamentalmente lo que hacemos es cumplir y hacer cumplir lo que el pueblo dispuso de manera expresa el 7 de mayo”, dijo, al señalar que no habrá acefalía en los cargos, ya que los presidentes de las cortes provinciales de justicia, así como los directores provinciales de la Judicatura, tienen la potestad para designar a los reemplazos.
Los miembros del CJT: Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, analizan nuevos casos de designación irregular de funcionarios que en una siguiente fase también serían removidos. “Estamos en análisis”, precisó el titular del organismo, al señalar que todo dependerá de los informes que presente Recursos Humanos.
Consideró que no hay razón para que este cese de funciones afecte a la administración de Justicia, aunque ayer en Quito ya se sintieron los primeros efectos cuando se suspendió la audiencia de apelación a la sentencia que declaró inocente al mayor retirado del Ejército, Fidel Araujo, acusado de participar en la rebelión policial del 30-S.
Según Reinaldo Zambrano, abogado de Araujo, “habrá que esperar a que se nombre a los nuevos jueces, según el Código Orgánico de la Función Judicial, o caso contrario podrán designarse otros conjueces de los que ya existen en la Corte”.
Entre los removidos de los cargos existen notarios, admitió Rodríguez, pero no precisó el número y se prefirió no hacer pública la lista hasta que todos los involucrados sean notificados.
Las notificaciones a los afectados se las realizó desde el miércoles en la tarde en todas las cortes del país, pero ayer el hermetismo y la expectativa imperó en los juzgados de donde proceden los cesados.
Abogados litigantes, como es el caso de Matilde de Gómez, expresaron su malestar porque afecta el despacho de las causas.
La resolución No. 001-2011 expedida por unanimidad de los tres miembros del organismo determina el cese de funciones de 38 jueces, 6 juezas y 4 conjueces, todos ellos designados con nombramiento provisional durante el período 2009-2011.
Además, se deja sin efecto 42 nombramientos provisionales de personal judicial y administrativo, celebrados entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2011, y se dispuso dar por terminados 71 contratos de servicios otorgados en el período comprendido entre el 1 de enero al 13 de julio de 2011.
Según el presidente del CJT, Paulo Rodríguez, la decisión fue adoptada en base a los informes presentados por la Unidad de Recursos Humanos y en uso de las atribuciones constitucionales que se les asigna.
“Son casos de libre nombramiento y remoción, pero fundamentalmente lo que hacemos es cumplir y hacer cumplir lo que el pueblo dispuso de manera expresa el 7 de mayo”, dijo, al señalar que no habrá acefalía en los cargos, ya que los presidentes de las cortes provinciales de justicia, así como los directores provinciales de la Judicatura, tienen la potestad para designar a los reemplazos.
Los miembros del CJT: Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, analizan nuevos casos de designación irregular de funcionarios que en una siguiente fase también serían removidos. “Estamos en análisis”, precisó el titular del organismo, al señalar que todo dependerá de los informes que presente Recursos Humanos.
Consideró que no hay razón para que este cese de funciones afecte a la administración de Justicia, aunque ayer en Quito ya se sintieron los primeros efectos cuando se suspendió la audiencia de apelación a la sentencia que declaró inocente al mayor retirado del Ejército, Fidel Araujo, acusado de participar en la rebelión policial del 30-S.
Según Reinaldo Zambrano, abogado de Araujo, “habrá que esperar a que se nombre a los nuevos jueces, según el Código Orgánico de la Función Judicial, o caso contrario podrán designarse otros conjueces de los que ya existen en la Corte”.
Entre los removidos de los cargos existen notarios, admitió Rodríguez, pero no precisó el número y se prefirió no hacer pública la lista hasta que todos los involucrados sean notificados.
Las notificaciones a los afectados se las realizó desde el miércoles en la tarde en todas las cortes del país, pero ayer el hermetismo y la expectativa imperó en los juzgados de donde proceden los cesados.
Abogados litigantes, como es el caso de Matilde de Gómez, expresaron su malestar porque afecta el despacho de las causas.
