El Concejo Cantonal de Santa Isabel, en la provincia de Azuay, destituyó ayer al alcalde Rodrigo Quezada (MPD), presuntamente por negarse a entregar un informe de actas y presupuesto municipal solicitado por la concejala Julie Ortiz (AP).
La decisión se tomó en una sesión extraordinaria presidida por la vicealcaldesa Miriam Guartán (AP), quien actuó como alcaldesa subrogante y desde ayer permanece encargada del Cabildo. Unos 50 policías resguardaron las inmediaciones del edificio municipal, donde se dieron cita simpatizantes y opositores del alcalde.
En la sesión, Guartán principalizó como concejal a su alterno Carlos Toledo. Los votos de ambos, sumados a los de los concejales Diana Reinoso, Alejandro Sigüenza y Adriano Centeno (alterno de Ortiz), todos de AP, reunieron cinco para la remoción de Quezada. Mientras que los concejales Catalina Durán, Irene León y Francisco Pizarro, del MPD, votaron a favor del alcalde.
Quezada se mostró tranquilo tras la resolución asumida en la sesión, pero dijo que es “ilegal” y que apelará la misma ante el Tribunal Constitucional. Anunció que desde anoche se mantendría en vigilia en el Municipio con sus simpatizantes, en rechazo a la decisión adoptada en su contra.
“Es ilegal (la resolución) porque la vicealcaldesa, al principalizar a su alterno y presidir la sesión, pierde su derecho al voto, con lo que Alianza PAIS solo contó con 4 votos y no con 5; mientras los tres concejales del Movimiento Popular Democrático me respaldan como alcalde”, indicó.
La sesión es resultado de una sentencia emitida el pasado 1 de marzo por la jueza 13ª Multicompetente del cantón, Elizabeth Balarezo, dentro de un proceso presentado por la concejala Ortiz, al negarse el alcalde a entregar la información hasta el 9 de septiembre del 2010. El dictamen indica que se ampara en el art. 22, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que señala que en el caso de que los servidores públicos incumplieran una sentencia, el juez o jueza ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución.
La decisión se tomó en una sesión extraordinaria presidida por la vicealcaldesa Miriam Guartán (AP), quien actuó como alcaldesa subrogante y desde ayer permanece encargada del Cabildo. Unos 50 policías resguardaron las inmediaciones del edificio municipal, donde se dieron cita simpatizantes y opositores del alcalde.
En la sesión, Guartán principalizó como concejal a su alterno Carlos Toledo. Los votos de ambos, sumados a los de los concejales Diana Reinoso, Alejandro Sigüenza y Adriano Centeno (alterno de Ortiz), todos de AP, reunieron cinco para la remoción de Quezada. Mientras que los concejales Catalina Durán, Irene León y Francisco Pizarro, del MPD, votaron a favor del alcalde.
Quezada se mostró tranquilo tras la resolución asumida en la sesión, pero dijo que es “ilegal” y que apelará la misma ante el Tribunal Constitucional. Anunció que desde anoche se mantendría en vigilia en el Municipio con sus simpatizantes, en rechazo a la decisión adoptada en su contra.
“Es ilegal (la resolución) porque la vicealcaldesa, al principalizar a su alterno y presidir la sesión, pierde su derecho al voto, con lo que Alianza PAIS solo contó con 4 votos y no con 5; mientras los tres concejales del Movimiento Popular Democrático me respaldan como alcalde”, indicó.
La sesión es resultado de una sentencia emitida el pasado 1 de marzo por la jueza 13ª Multicompetente del cantón, Elizabeth Balarezo, dentro de un proceso presentado por la concejala Ortiz, al negarse el alcalde a entregar la información hasta el 9 de septiembre del 2010. El dictamen indica que se ampara en el art. 22, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que señala que en el caso de que los servidores públicos incumplieran una sentencia, el juez o jueza ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución.
