Con la finalización del escrutinio de los votos de la consulta popular del 7 de mayo, la creación de una ley de comunicación y un Consejo de Regulación de contenidos de medios de comunicación deberá ser tramitada en el interior de la Asamblea Nacional.
Para muchos actores políticos, la incógnita es sí en esta normativa se respetará acuerdo ético político que se firmó en diciembre de 2009 y que contiene nueve puntos. Uno de ellos señala que la ley debe garantizar la libertad de expresión sin censura previa y con responsabilidad ulterior así como la conformación de un Consejo de Comunicación independiente de poderes fácticos y del Estado.
Posición oficial
Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia, indicó que la expedición de dicha ley debe guardar conformidad con el mandato ciudadano que es el único que tiene el carácter de obligatorio para los asambleístas, sin importar cual sea su filiación política. “Esperamos que toda propuesta respecto a esta ley respete lo decidido por el pueblo ecuatoriano, pues si no lo hace sería ilegítima e inconstitucional”, afirmó.
Sobre las estrategias para impulsar las tesis del Gobierno en la ley y en el consejo de regulación, el funcionario explicó que el Ejecutivo es un actor más en la construcción de este cuerpo legal, como lo son también las demás instituciones del Estado, del sector privado y los propios ciudadanos.
Con respecto a la integración del organismo de control, Alvarado aseguró que el “Gobierno no va a renunciar a la representación legítima de los ciudadanos, en este Consejo”. Asimismo, mencionó que esa designación también deberá ser de libre remoción cuando los delegados del Ejecutivo se distancien de los intereses de la sociedad.
Agregó que la aplicación de esta normativa será tanto para los medios de comunicación privados como públicos. “Siempre hemos dicho que esta Ley debe regular a todos los medios, incluso a los oficiales”, enfatizó.
Posible veto
Para Susana Piedra, presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha, la aprobación de esta ley no garantiza que se mantenga el acuerdo político. “Existe incertidumbre sobre lo que va a pasar sobre todo por la posición tan dura que el presidente de la República Rafael Correa ha tenido con la prensa y el sector periodístico”.
Piedra cuestionó que se pretenda colocar en este Consejo representantes del Gobierno y de los medios de comunicación, “la ciudadanía, expertos en comunicación son los que deben conformarlo”, señaló.
Un pacto necesario
César Ricaurte, presidente de Fundamedios, advirtió que debido a la potestad que tiene el Ejecutivo para colegislar esta ley podría aprobarse en la línea que este ha planteado desde un inicio, es decir que aplicar una censura previa a los contenidos periodísticos así como sanciones para los comunicadores.
Por ello, manifestó que sería oportuno que los legisladores logren un acuerdo amplio para incorporar mayor cantidad de votos en la aprobación de esta Ley, “Ello obligaría al Ejecutivo a respetarla y así evitaríamos ser un país con un remedo de democracia, puesto que la libertad de expresión es su principal sustento”.
Betty Carillo, asambleísta AP, por su parte comentó que el Mandatario “hasta ahora en todos los proyectos de ley, Correa ha hecho observaciones, él tiene la posibilidad de hacerlo”, precisó y añadió que para ella existe relación entre la aprobación del contenido de la pregunta nueve, el proyecto de Ley de Comunicación y el acuerdo ético político.
Para muchos actores políticos, la incógnita es sí en esta normativa se respetará acuerdo ético político que se firmó en diciembre de 2009 y que contiene nueve puntos. Uno de ellos señala que la ley debe garantizar la libertad de expresión sin censura previa y con responsabilidad ulterior así como la conformación de un Consejo de Comunicación independiente de poderes fácticos y del Estado.
Posición oficial
Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia, indicó que la expedición de dicha ley debe guardar conformidad con el mandato ciudadano que es el único que tiene el carácter de obligatorio para los asambleístas, sin importar cual sea su filiación política. “Esperamos que toda propuesta respecto a esta ley respete lo decidido por el pueblo ecuatoriano, pues si no lo hace sería ilegítima e inconstitucional”, afirmó.
Sobre las estrategias para impulsar las tesis del Gobierno en la ley y en el consejo de regulación, el funcionario explicó que el Ejecutivo es un actor más en la construcción de este cuerpo legal, como lo son también las demás instituciones del Estado, del sector privado y los propios ciudadanos.
Con respecto a la integración del organismo de control, Alvarado aseguró que el “Gobierno no va a renunciar a la representación legítima de los ciudadanos, en este Consejo”. Asimismo, mencionó que esa designación también deberá ser de libre remoción cuando los delegados del Ejecutivo se distancien de los intereses de la sociedad.
Agregó que la aplicación de esta normativa será tanto para los medios de comunicación privados como públicos. “Siempre hemos dicho que esta Ley debe regular a todos los medios, incluso a los oficiales”, enfatizó.
Posible veto
Para Susana Piedra, presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha, la aprobación de esta ley no garantiza que se mantenga el acuerdo político. “Existe incertidumbre sobre lo que va a pasar sobre todo por la posición tan dura que el presidente de la República Rafael Correa ha tenido con la prensa y el sector periodístico”.
Piedra cuestionó que se pretenda colocar en este Consejo representantes del Gobierno y de los medios de comunicación, “la ciudadanía, expertos en comunicación son los que deben conformarlo”, señaló.
Un pacto necesario
César Ricaurte, presidente de Fundamedios, advirtió que debido a la potestad que tiene el Ejecutivo para colegislar esta ley podría aprobarse en la línea que este ha planteado desde un inicio, es decir que aplicar una censura previa a los contenidos periodísticos así como sanciones para los comunicadores.
Por ello, manifestó que sería oportuno que los legisladores logren un acuerdo amplio para incorporar mayor cantidad de votos en la aprobación de esta Ley, “Ello obligaría al Ejecutivo a respetarla y así evitaríamos ser un país con un remedo de democracia, puesto que la libertad de expresión es su principal sustento”.
Betty Carillo, asambleísta AP, por su parte comentó que el Mandatario “hasta ahora en todos los proyectos de ley, Correa ha hecho observaciones, él tiene la posibilidad de hacerlo”, precisó y añadió que para ella existe relación entre la aprobación del contenido de la pregunta nueve, el proyecto de Ley de Comunicación y el acuerdo ético político.
