QUITO. El pedido de juicio político que presentó el independiente César Rodríguez (i) no fue admitido a trámite por el CAL.
La oposición en la Asamblea denunció que Alianza PAIS (AP) quiere poner un “cerrojo” a la fiscalización y al control político en torno a las acciones que lleva adelante el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT).
Para este sector legislativo, el oficialismo no ha dado paso, hasta el momento, a ninguna de las acciones emprendidas por ellos para analizar supuestos hechos de corrupción ocurridos en el sistema de justicia y que tienen como responsables a los vocales del CJT.
En estas dos últimas semanas, AP se abstuvo y votó en contra de iniciar un debate sobre el estado de excepción en la Función Judicial emitido por el presidente Rafael Correa.
Inicialmente la oposición intentó revocarlo y en esta semana se planteó ponerlo a debate, sin éxito, por la falta de votos.
Ayer, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no admitió el pedido de juicio político planteado por el asambleísta César Rodríguez (antes de AP) en contra del presidente del CJT, Paulo Rodríguez
El argumento de los legisladores oficialistas del CAL y que tuvo el voto dirimente del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, fue que las firmas que respaldaron el pedido fueron presentadas por la asistente Carmen Sisalima y no por el propio legislador.
Desde el oficialismo, además, se cuestionó el llamado realizado a los integrantes del CJT por la Comisión de Derechos Colectivos, por las irregularidades en el trámite de la querella que lleva adelante el jefe de Estado, Rafael Correa, contra EL UNIVERSO, que fueron denunciadas el pasado miércoles por su abogado Joffre Campaña.
A juicio del legislador Rafael Dávila (AL), la mayoría oficialista le crea un “cerco protector” al CJT para consolidar la toma del Poder Judicial de parte del Ejecutivo. “Es penosa la acción de algunos legisladores, que lejos de defender el interés están a las órdenes del régimen. Ahí vemos, no se debate el estado de excepción”, dijo.
Fausto Cobo (SP) aseguró que al establecer el estado de excepción a la Función Judicial se vulnera la independencia de poderes. Explicó que la ministra de Justicia, Johana Pesántez, encargada de ejecutar el decreto, tiene la autoridad de mando sobre el presidente de la CJT, Paulo Rodríguez, por lo que ahora es su subordinado.
Para el legislador, el principal cerrojo que existe en la Asamblea para tratar estos temas son los 63 votos en el pleno, que actualmente los tiene AP.
El asambleísta Rodríguez calificó como “leguleyada” el argumento de un fallo en el procedimiento en la solicitud de juicio contra el presidente del CJT. Informó que ya presentó nuevamente esta solicitud para que el caso esta vez sí vaya a la Comisión de Fiscalización.
En cambio, el oficialismo sostiene que la oposición intenta boicotear la modernización de justicia que está en marcha.
En una entrevista con Ecuavisa, Cordero señaló que la Asamblea puede en cualquier tiempo debatir y revocar el estado de excepción.
Criticó, además, que en nombre de los derechos colectivos en la comisión que aborda esas temáticas se reciba a un abogado (Campaña) para hablar de una causa privada.
Virgilio Hernández (AP) aseguró que existe mucho interés de la oposición por tener protagonismo mediático con propuestas como el inicio de procesos de interpelación a los vocales del CJT.
Hernández señaló que el estado de excepción no afecta la posibilidad ni el poder de administrar justicia, y la muestra más clara es que ya emitido el decreto salió la sentencia favorable para el exdirector del Hospital de la Policía, César Carrión, quien fue acusado por el Gobierno de intento de magnicidio en los hechos del 30-S.
La oposición en la Asamblea denunció que Alianza PAIS (AP) quiere poner un “cerrojo” a la fiscalización y al control político en torno a las acciones que lleva adelante el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT).
Para este sector legislativo, el oficialismo no ha dado paso, hasta el momento, a ninguna de las acciones emprendidas por ellos para analizar supuestos hechos de corrupción ocurridos en el sistema de justicia y que tienen como responsables a los vocales del CJT.
En estas dos últimas semanas, AP se abstuvo y votó en contra de iniciar un debate sobre el estado de excepción en la Función Judicial emitido por el presidente Rafael Correa.
Inicialmente la oposición intentó revocarlo y en esta semana se planteó ponerlo a debate, sin éxito, por la falta de votos.
Ayer, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no admitió el pedido de juicio político planteado por el asambleísta César Rodríguez (antes de AP) en contra del presidente del CJT, Paulo Rodríguez
El argumento de los legisladores oficialistas del CAL y que tuvo el voto dirimente del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, fue que las firmas que respaldaron el pedido fueron presentadas por la asistente Carmen Sisalima y no por el propio legislador.
Desde el oficialismo, además, se cuestionó el llamado realizado a los integrantes del CJT por la Comisión de Derechos Colectivos, por las irregularidades en el trámite de la querella que lleva adelante el jefe de Estado, Rafael Correa, contra EL UNIVERSO, que fueron denunciadas el pasado miércoles por su abogado Joffre Campaña.
A juicio del legislador Rafael Dávila (AL), la mayoría oficialista le crea un “cerco protector” al CJT para consolidar la toma del Poder Judicial de parte del Ejecutivo. “Es penosa la acción de algunos legisladores, que lejos de defender el interés están a las órdenes del régimen. Ahí vemos, no se debate el estado de excepción”, dijo.
Fausto Cobo (SP) aseguró que al establecer el estado de excepción a la Función Judicial se vulnera la independencia de poderes. Explicó que la ministra de Justicia, Johana Pesántez, encargada de ejecutar el decreto, tiene la autoridad de mando sobre el presidente de la CJT, Paulo Rodríguez, por lo que ahora es su subordinado.
Para el legislador, el principal cerrojo que existe en la Asamblea para tratar estos temas son los 63 votos en el pleno, que actualmente los tiene AP.
El asambleísta Rodríguez calificó como “leguleyada” el argumento de un fallo en el procedimiento en la solicitud de juicio contra el presidente del CJT. Informó que ya presentó nuevamente esta solicitud para que el caso esta vez sí vaya a la Comisión de Fiscalización.
En cambio, el oficialismo sostiene que la oposición intenta boicotear la modernización de justicia que está en marcha.
En una entrevista con Ecuavisa, Cordero señaló que la Asamblea puede en cualquier tiempo debatir y revocar el estado de excepción.
Criticó, además, que en nombre de los derechos colectivos en la comisión que aborda esas temáticas se reciba a un abogado (Campaña) para hablar de una causa privada.
Virgilio Hernández (AP) aseguró que existe mucho interés de la oposición por tener protagonismo mediático con propuestas como el inicio de procesos de interpelación a los vocales del CJT.
Hernández señaló que el estado de excepción no afecta la posibilidad ni el poder de administrar justicia, y la muestra más clara es que ya emitido el decreto salió la sentencia favorable para el exdirector del Hospital de la Policía, César Carrión, quien fue acusado por el Gobierno de intento de magnicidio en los hechos del 30-S.
