QUITO. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), insiste en que la Fiscalía tiene que mostrar a los autores intelectuales y materiales de los hechos del 30-S.
A 10 días de cumplirse un año de la rebelión policial del 30 de septiembre del 2010, el oficialismo intentará reafirmar en la Asamblea Nacional la tesis de que hubo un intento de golpe de Estado contra el Gobierno.
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), incluyó en la agenda de la sesión de hoy el tratamiento de un proyecto de resolución, en el que a más de condenar la pretensión de la ruptura de la Constitución y la semocracia, se hace una exigencia a la Fiscalía y al Poder Judicial para que no dejen de lado las investigaciones a los autores intelectuales y a los instigadores del 30-S.
En los considerados del documento se da por hecho que esos sucesos son parte de un golpe de Estado y que el presidente de la República, Rafael Correa, estuvo secuestrado, que se impidió la labor de la Asamblea y se violó la Constitución.
Incluso se afirma que la acción subversiva en el interior de la Policía Nacional fue sostenida y apoyada por una campaña comunicacional sincronizada entre diferentes medios de comunicación.
“Que los golpes de Estado, consumados o no, se han convertido en una alternativa para quienes han dirigido históricamente el pasado de la región latinoamericana y caribeña, cuya hegemonía ha sido puesta de lado en los procesos democráticos de las últimas décadas...”, dice parte de la resolución.
Cordero justificó este debate porque solo los hechos de la Asamblea explican los intentos de golpe de Estado. Desvirtuó las versiones de que la insubordinación policial iniciada en el Regimiento Quito fuera en respuesta a la Ley de Servicio Público y precisó que a las 23:00 del 29 de septiembre se aprobó esta norma y a las 00:06 del 30, pese a que no hay tropa que se movilice en el país, ya empezaron estos actos.
Recordó además que integrantes de la Escolta Legislativa agredieron a los asambleístas de Alianza PAIS (AP), mientras que otros legisladores se les permitió el ingreso de manera tranquila, la pérdida de tres meses de video del Parlamento, que nunca fueron realmente investigados.
Esta propuesta de resolución contrasta con la exigencia realizada por la organización “los Kbrea2”, para que una comisión internacionales independiente sea quien realice las investigaciones sobre el 30-S.
Para el legislador Fausto Cobo (SP), en la crisis del 30-S, que a su juicio se produjo por la irresponsabilidad del Gobierno, jamás existió un intento de golpe de Estado, tal como la presidencia lo quiere imponer.
Cobo señaló que los propios reportes militares desmienten la tesis del régimen y al contrario ratifican que se trató de una protesta de policías y una parte de las Fuerzas Armadas por el veto del jefe de Estado a la Ley de Servicio Público.
Aseguró que no es coincidencia que se intente aprobar este proyecto de resolución el mismo día en que se lleve adelante la audiencia de juzgamiento en el juicio instaurado por el presidente de la República a EL UNIVERSO.
El asambleísta Ramiro Terán (MPD) también rechazó el contenido del proyecto por afirmar que hubo intentos de desestabilización del régimen. “Lo que pasa es que se quiere justificar un exabrupto del jefe de Estado que tuvo como resultado la muerte de 8 personas. Por eso decimos que el 30-S para Rafael Correa es un ‘INRI’, donde tiene manchadas las manos de sangre”. Y aseguró que AP quiere involucrar a toda la Asamblea en este caso.
A 10 días de cumplirse un año de la rebelión policial del 30 de septiembre del 2010, el oficialismo intentará reafirmar en la Asamblea Nacional la tesis de que hubo un intento de golpe de Estado contra el Gobierno.
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), incluyó en la agenda de la sesión de hoy el tratamiento de un proyecto de resolución, en el que a más de condenar la pretensión de la ruptura de la Constitución y la semocracia, se hace una exigencia a la Fiscalía y al Poder Judicial para que no dejen de lado las investigaciones a los autores intelectuales y a los instigadores del 30-S.
En los considerados del documento se da por hecho que esos sucesos son parte de un golpe de Estado y que el presidente de la República, Rafael Correa, estuvo secuestrado, que se impidió la labor de la Asamblea y se violó la Constitución.
Incluso se afirma que la acción subversiva en el interior de la Policía Nacional fue sostenida y apoyada por una campaña comunicacional sincronizada entre diferentes medios de comunicación.
“Que los golpes de Estado, consumados o no, se han convertido en una alternativa para quienes han dirigido históricamente el pasado de la región latinoamericana y caribeña, cuya hegemonía ha sido puesta de lado en los procesos democráticos de las últimas décadas...”, dice parte de la resolución.
Cordero justificó este debate porque solo los hechos de la Asamblea explican los intentos de golpe de Estado. Desvirtuó las versiones de que la insubordinación policial iniciada en el Regimiento Quito fuera en respuesta a la Ley de Servicio Público y precisó que a las 23:00 del 29 de septiembre se aprobó esta norma y a las 00:06 del 30, pese a que no hay tropa que se movilice en el país, ya empezaron estos actos.
Recordó además que integrantes de la Escolta Legislativa agredieron a los asambleístas de Alianza PAIS (AP), mientras que otros legisladores se les permitió el ingreso de manera tranquila, la pérdida de tres meses de video del Parlamento, que nunca fueron realmente investigados.
Esta propuesta de resolución contrasta con la exigencia realizada por la organización “los Kbrea2”, para que una comisión internacionales independiente sea quien realice las investigaciones sobre el 30-S.
Para el legislador Fausto Cobo (SP), en la crisis del 30-S, que a su juicio se produjo por la irresponsabilidad del Gobierno, jamás existió un intento de golpe de Estado, tal como la presidencia lo quiere imponer.
Cobo señaló que los propios reportes militares desmienten la tesis del régimen y al contrario ratifican que se trató de una protesta de policías y una parte de las Fuerzas Armadas por el veto del jefe de Estado a la Ley de Servicio Público.
Aseguró que no es coincidencia que se intente aprobar este proyecto de resolución el mismo día en que se lleve adelante la audiencia de juzgamiento en el juicio instaurado por el presidente de la República a EL UNIVERSO.
El asambleísta Ramiro Terán (MPD) también rechazó el contenido del proyecto por afirmar que hubo intentos de desestabilización del régimen. “Lo que pasa es que se quiere justificar un exabrupto del jefe de Estado que tuvo como resultado la muerte de 8 personas. Por eso decimos que el 30-S para Rafael Correa es un ‘INRI’, donde tiene manchadas las manos de sangre”. Y aseguró que AP quiere involucrar a toda la Asamblea en este caso.
