La semana pasada, con seis votos a favor, de un total de once, se aprobó el informe del proyecto de Ley de Control de Poder de Mercado, para el primer debate, el mismo que se realizará hoy en el Pleno de la Asamblea.
Esta ley llegó con el carácter de económico urgente a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea el 31 de agosto último, por lo que el plazo para su discusión es de 30 días.
Los temas que más preocupan a los empresarios, a más del poco tiempo para socializar el contenido, fueron expuestos desde el viernes pasado a través de citas, audiencias y foros ante la Comisión de legisladores, en jornadas que se extendieron hasta la noche, por la premura para el trámite de la futura ley.
El debate de la normativa se efectuará sobre la base del informe preparado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario, aprobado con más de 30 cambios.
En el proyecto de ley se determinan cambios, especialmente referentes al debido proceso, de modo que si una empresa entra a un proceso de investigación por prácticas desleales tendrá todas las garantías para defenderse.
Además se refuerzan las capacidades de la Superintendencia para que el control no sea débil cuando el Estado restrinja la competencia.
La Asociación de Bancos, la Asociación de las Administradoras de Fondos y Fideicomisos, las Cámaras de Industrias, han participado en el debate. Las observaciones de los mismos han girado, principalmente, en torno a una supuesta inconstitucionalidad de la ley, la competencia desigual entre las empresas públicas y las privadas, los plazos para investigaciones, pruebas y sanciones a las prácticas monopólicas; así como la conformación de una Junta Reguladora y las atribuciones que tendrá la nueva Superintendencia de Control del Mercado, que se crea en el proyecto de la norma.
Los principales beneficiarios de la ley son tres: el mismo empresario responsable que cumple con todas las reglas, el consumidor que se beneficiará de mejores precios y productos de calidad; y el empresario proveedor de aquellas compañías que podrían estar abusando de él, explicó el subsecretario de Senplades, Diego Martínez, durante un foro que se realizó ante la Comisión.
Esta ley llegó con el carácter de económico urgente a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea el 31 de agosto último, por lo que el plazo para su discusión es de 30 días.
Los temas que más preocupan a los empresarios, a más del poco tiempo para socializar el contenido, fueron expuestos desde el viernes pasado a través de citas, audiencias y foros ante la Comisión de legisladores, en jornadas que se extendieron hasta la noche, por la premura para el trámite de la futura ley.
El debate de la normativa se efectuará sobre la base del informe preparado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario, aprobado con más de 30 cambios.
En el proyecto de ley se determinan cambios, especialmente referentes al debido proceso, de modo que si una empresa entra a un proceso de investigación por prácticas desleales tendrá todas las garantías para defenderse.
Además se refuerzan las capacidades de la Superintendencia para que el control no sea débil cuando el Estado restrinja la competencia.
La Asociación de Bancos, la Asociación de las Administradoras de Fondos y Fideicomisos, las Cámaras de Industrias, han participado en el debate. Las observaciones de los mismos han girado, principalmente, en torno a una supuesta inconstitucionalidad de la ley, la competencia desigual entre las empresas públicas y las privadas, los plazos para investigaciones, pruebas y sanciones a las prácticas monopólicas; así como la conformación de una Junta Reguladora y las atribuciones que tendrá la nueva Superintendencia de Control del Mercado, que se crea en el proyecto de la norma.
Los principales beneficiarios de la ley son tres: el mismo empresario responsable que cumple con todas las reglas, el consumidor que se beneficiará de mejores precios y productos de calidad; y el empresario proveedor de aquellas compañías que podrían estar abusando de él, explicó el subsecretario de Senplades, Diego Martínez, durante un foro que se realizó ante la Comisión.
