Una indagación previa abrió la Fiscalía en torno a la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la falta de cumplimiento del Gobierno. Además sobre la operación financiera que se hizo en el campo petrolero Pañacocha, que consistió en un préstamo a un interés del 5%.
El fiscal general, Galo Chiriboga, convocó ayer a la asambleísta Nívea Vélez (ARE), que había denunciado esos temas, para que rinda declaración libre y sin juramento sobre el tema.
Vélez acudió a la Fiscalía acompañada de varias decenas de representantes de organizaciones de jubilados. En el sitio aseguró que el 14 de julio del año pasado entregó la documentación en la Fiscalía con las observaciones respectivas.
Según la asambleísta, el Gobierno no ha cumplido con el acuerdo de pago firmado en el 2008, pues no se ha definido el tema del déficit actuarial. Además, el régimen ha dejado de pagar sistemáticamente el 40% de las pensiones de los años subsiguientes.
Adicionalmente, para Vélez existió una falta de compromiso con la seguridad por parte de las autoridades del IESS al negociar el préstamo del campo Pañacocha a un 5% de interés.
En este sentido, agregó, resulta una noticia positiva que se haya iniciado la investigación.
Por su parte, Édison Lima, quien estuvo acompañando a Vélez, explicó que los jubilados se sienten muy preocupados por la situación del Seguro Social, que podría no tener los fondos suficientes para cumplir con los jubilados actuales y los del futuro.
Según datos extraoficiales del IESS, la deuda del Gobierno con esa institución asciende a $ 6.158,6 millones. De los cuales $ 3.850 millones corresponden a bonos y los préstamos para Pañacocha y Toachi Pilatón (proyecto hidroeléctrico). El déficit actuarial es $ 3.700 millones.
Al parecer de Lima, en este tema hay tres sectores responsables: por un lado las autoridades de Gobierno que no pagan las deudas, las del IESS que no exigen el pago y la Superintendencia de Bancos, que no controla la situación.
El fiscal general, Galo Chiriboga, convocó ayer a la asambleísta Nívea Vélez (ARE), que había denunciado esos temas, para que rinda declaración libre y sin juramento sobre el tema.
Vélez acudió a la Fiscalía acompañada de varias decenas de representantes de organizaciones de jubilados. En el sitio aseguró que el 14 de julio del año pasado entregó la documentación en la Fiscalía con las observaciones respectivas.
Según la asambleísta, el Gobierno no ha cumplido con el acuerdo de pago firmado en el 2008, pues no se ha definido el tema del déficit actuarial. Además, el régimen ha dejado de pagar sistemáticamente el 40% de las pensiones de los años subsiguientes.
Adicionalmente, para Vélez existió una falta de compromiso con la seguridad por parte de las autoridades del IESS al negociar el préstamo del campo Pañacocha a un 5% de interés.
En este sentido, agregó, resulta una noticia positiva que se haya iniciado la investigación.
Por su parte, Édison Lima, quien estuvo acompañando a Vélez, explicó que los jubilados se sienten muy preocupados por la situación del Seguro Social, que podría no tener los fondos suficientes para cumplir con los jubilados actuales y los del futuro.
Según datos extraoficiales del IESS, la deuda del Gobierno con esa institución asciende a $ 6.158,6 millones. De los cuales $ 3.850 millones corresponden a bonos y los préstamos para Pañacocha y Toachi Pilatón (proyecto hidroeléctrico). El déficit actuarial es $ 3.700 millones.
Al parecer de Lima, en este tema hay tres sectores responsables: por un lado las autoridades de Gobierno que no pagan las deudas, las del IESS que no exigen el pago y la Superintendencia de Bancos, que no controla la situación.
