Tras semanas de rechazo a la jornada laboral de ocho horas y la aplicación del nuevo bachillerato, estudiantes y maestros decidieron salir a las calles de Quito y de Ambato.
Beatriz Estrada, de 62 años, lo hizo con la convicción de que su salario de USD 1 150 no cubre las dos horas adicionales de labores, que se dispuso en la Ley de Educación Intercultural, vigente desde marzo pasado.
Ayer, desde las 15:00, la educadora, de cabello cenizo y piel canela acudió al llamado de la Unión Nacional de Educadores (UNE), para exigir una compensación salarial, frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí se congregaron unos 15 000 profesores de diversas edades.
Con pitos, banderas, pancartas gritaron consignas en contra del presidente Rafael Correa. “Es injusto, porque con el aumento de horas ya no puedo compartir con mi familia y debo gastar más en la alimentación”, dijo Beatriz, docente del Colegio Gran Colombia desde hace 36 años.
Estas protestas no han sido escuchadas por el Gobierno desde hace días atrás y ayer tanto maestros como estudiantes decidieron salir a las calles de la capital.
En la mañana, en las afueras del Colegio Montúfar, en el sur, los alumnos exigieron la eliminación del Bachillerato General Unificado (BGU) y rechazaron el mandato presidencial de que todas las instituciones educativas públicas sean mixtas. Estos pedidos también fueron replicados por los alumnos de los colegios Juan Montalvo, Dillon y Mejía, en el centro y norte de la ciudad.
En la tarde, un grupo de estudiantes se sumó a la marcha organizada por la UNE. Recorrieron las avs. 10 de Agosto, Gran Colombia, hasta la Asamblea.
Allí, encabezada por su presidenta Mariana Pallasco, una comisión ingresó para entregar un pliego de peticiones. Otro grupo de maestros se dirigió al Tribunal Constitucional para dejar una copia del documento.
“Queremos transporte, guardería para nuestros hijos, un salario digno por el esfuerzo que realizamos...”, gritó Miguel Caiza, de 40 años y profesor del Colegio Mejía por 12 años. Su queja va orientada a que los educadores trabajan más de ocho horas “en casa debemos hacer informes, planificaciones, corregir exámenes, etc.”.
En la Asamblea, en tanto, los legisladores Jorge Escala (MPD) y Edwin Vaca (Alianza Libertad) ya presentaron por separado dos proyectos reformatorios a la Ley de Educación Intercultural.
Ellos piden que se replantee la carga horaria de los maestros. Coinciden en la inaplicabilidad del decreto ministerial, que establece la hora reloj (60 minutos) de trabajo, dejando a un lado la hora pedagógica (45 minutos).
Escala señaló que mientras se incrementen las horas de trabajo, la homologación salarial no justifica esa realidad, tal como lo expresaron los docentes. Adicionalmente, piden que se pague de forma retroactiva a los profesores de la Costa, que ya vienen trabajando la jornada laboral ampliada.
Según su análisis, de los 130 000 maestros del sector público, solo 47 200 no se verían perjudicados o tendrían un pequeño incremento. Mientras que 79 200 son perjudicados, porque de acuerdo con la nueva carga horaria se les redujo su salario.
Un ejemplo es el caso de los maestros de 15 a 30 años de servicio, que antes de la ley ganaban entre USD 6,8 y 12 por hora pedagógica, mientras que ahora por hora reloj ganan de USD 4 a 6,4.
Escala, además, oficializará el pedido de juicio político contra Gloria Vidal, ministra de Educación, por incumplir el pago de las jubilaciones docentes.
Vaca, de su lado, aseguró que el aumento a ocho horas laborales desconoce la naturaleza propia del sistema educativo.
Finalmente, por unanimidad, los 91 legisladores presentes en la sesión de la Asamblea aprobaron un exhorto al Ministerio de Educación, para que a través de un acuerdo regule y reglamente las seis horas pedagógicas diarias considerando que los períodos de clase serán de 40 a 45 minutos.
Beatriz Estrada, de 62 años, lo hizo con la convicción de que su salario de USD 1 150 no cubre las dos horas adicionales de labores, que se dispuso en la Ley de Educación Intercultural, vigente desde marzo pasado.
Ayer, desde las 15:00, la educadora, de cabello cenizo y piel canela acudió al llamado de la Unión Nacional de Educadores (UNE), para exigir una compensación salarial, frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí se congregaron unos 15 000 profesores de diversas edades.
Con pitos, banderas, pancartas gritaron consignas en contra del presidente Rafael Correa. “Es injusto, porque con el aumento de horas ya no puedo compartir con mi familia y debo gastar más en la alimentación”, dijo Beatriz, docente del Colegio Gran Colombia desde hace 36 años.
Estas protestas no han sido escuchadas por el Gobierno desde hace días atrás y ayer tanto maestros como estudiantes decidieron salir a las calles de la capital.
En la mañana, en las afueras del Colegio Montúfar, en el sur, los alumnos exigieron la eliminación del Bachillerato General Unificado (BGU) y rechazaron el mandato presidencial de que todas las instituciones educativas públicas sean mixtas. Estos pedidos también fueron replicados por los alumnos de los colegios Juan Montalvo, Dillon y Mejía, en el centro y norte de la ciudad.
En la tarde, un grupo de estudiantes se sumó a la marcha organizada por la UNE. Recorrieron las avs. 10 de Agosto, Gran Colombia, hasta la Asamblea.
Allí, encabezada por su presidenta Mariana Pallasco, una comisión ingresó para entregar un pliego de peticiones. Otro grupo de maestros se dirigió al Tribunal Constitucional para dejar una copia del documento.
“Queremos transporte, guardería para nuestros hijos, un salario digno por el esfuerzo que realizamos...”, gritó Miguel Caiza, de 40 años y profesor del Colegio Mejía por 12 años. Su queja va orientada a que los educadores trabajan más de ocho horas “en casa debemos hacer informes, planificaciones, corregir exámenes, etc.”.
En la Asamblea, en tanto, los legisladores Jorge Escala (MPD) y Edwin Vaca (Alianza Libertad) ya presentaron por separado dos proyectos reformatorios a la Ley de Educación Intercultural.
Ellos piden que se replantee la carga horaria de los maestros. Coinciden en la inaplicabilidad del decreto ministerial, que establece la hora reloj (60 minutos) de trabajo, dejando a un lado la hora pedagógica (45 minutos).
Escala señaló que mientras se incrementen las horas de trabajo, la homologación salarial no justifica esa realidad, tal como lo expresaron los docentes. Adicionalmente, piden que se pague de forma retroactiva a los profesores de la Costa, que ya vienen trabajando la jornada laboral ampliada.
Según su análisis, de los 130 000 maestros del sector público, solo 47 200 no se verían perjudicados o tendrían un pequeño incremento. Mientras que 79 200 son perjudicados, porque de acuerdo con la nueva carga horaria se les redujo su salario.
Un ejemplo es el caso de los maestros de 15 a 30 años de servicio, que antes de la ley ganaban entre USD 6,8 y 12 por hora pedagógica, mientras que ahora por hora reloj ganan de USD 4 a 6,4.
Escala, además, oficializará el pedido de juicio político contra Gloria Vidal, ministra de Educación, por incumplir el pago de las jubilaciones docentes.
Vaca, de su lado, aseguró que el aumento a ocho horas laborales desconoce la naturaleza propia del sistema educativo.
Finalmente, por unanimidad, los 91 legisladores presentes en la sesión de la Asamblea aprobaron un exhorto al Ministerio de Educación, para que a través de un acuerdo regule y reglamente las seis horas pedagógicas diarias considerando que los períodos de clase serán de 40 a 45 minutos.
