Más de 10 artículos del proyecto de Ley de Control de Poder de Mercado recibieron ayer fuertes críticas por parte de los legisladores, incluso de los oficialistas de Alianza País, durante el primer debate de la normativa.
El análisis del texto, remitido por el Ejecutivo como económico urgente, empezó a las 11:00, luego de la premiación a 51 deportista y directivos de la fundación Olimpiadas Especiales.
Tras una breve presentación del texto por parte de Paco Velasco (AP), presidente de la Comisión de lo Económico, encargada del análisis del documento, los asambleístas iniciaron el debate.
Las primeras observaciones vinieron del mismo bloque gobiernista. Rolando Panchana cuestionó que la ley no defina los criterios para saber si una empresa tiene poder de mercado. Tampoco cree que los negocios “pequeños”, entre otros, deben quedar fuera de los controles para evitar prácticas anticompetitivas.
“En el artículo 8, en cuanto al abuso del poder de mercado, se habla del abuso de un derecho de la propiedad intelectual. Eso hay que precisar más. Creo que hay ambigüedad en la definición. Le pido precisar más a la Comisión”.
También propuso eliminar el inciso cuarto del artículo 24, que define a las prácticas ‘desleales’.
Según el proyecto de ley, para que una práctica sea considerada ‘desleal’ solo se debe constatar que exista un daño “potencial”.
Este punto también fue criticado por Fernando González, ex AP y ahora opositor, quien además rechazó el contenido del artículo 46 de la norma, donde se establecen las facultades investigativas de la nueva autoridad de control, llamada Superintendencia de Control de Poder de Mercado.
La autoridad podrá solicitar y exigir a cualquier persona la exhibición de cualquier información o todo tipo de documentos como agendas personales, facturas, mensajes, notas manuscritas, etc.
“Esto atenta contra el derecho a la intimidad de la gente. El numeral 3 también me preocupa pues establece que la autoridad podrá realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los establecimientos, locales o inmuebles de personas naturales o jurídicas. Eso quiere decir que podrán entrar a las casas y buscar la información que quieran”.
Esto fue calificado como inconstitucional por Viviana Bonilla, de AP y miembro de la Comisión de lo Económico. La misma falencia tiene el artículo 66, que establece que los actos administrativos no son susceptibles de acción de protección (garantizado por la Constitución).
Una observación similar hizo a parte del artículo 76 de la norma. Allí se establece que caerán en infracción grave las autoridades administrativas o judiciales que hayan concedido o admitido recursos para impedir, restringir, etc. la competencia.
Llamó la atención que la legisladora haya hecho estas críticas cuando ella participó en la redacción del informe para primer debate del proyecto de ley, ya que es parte de la Comisión.
Como justificación dijo que hubo poco tiempo para analizar el texto, el cual fue remitido a la Asamblea con el carácter de urgente por parte del Ejecutivo.
Velasco dijo el pasado viernes, al presentar el informe para primer debate, que se procesaron todos los planteamientos pero que físicamente no lograron “avanzar” en todo el texto.
Legisladores como Rafael Dávila (Conciencia Ciudadana) y Marco Murillo (Movimiento Amauta) creen que es necesaria una ley que fomente la competencia, pero que hay que hacer cambios al proyecto.
El análisis del texto, remitido por el Ejecutivo como económico urgente, empezó a las 11:00, luego de la premiación a 51 deportista y directivos de la fundación Olimpiadas Especiales.
Tras una breve presentación del texto por parte de Paco Velasco (AP), presidente de la Comisión de lo Económico, encargada del análisis del documento, los asambleístas iniciaron el debate.
Las primeras observaciones vinieron del mismo bloque gobiernista. Rolando Panchana cuestionó que la ley no defina los criterios para saber si una empresa tiene poder de mercado. Tampoco cree que los negocios “pequeños”, entre otros, deben quedar fuera de los controles para evitar prácticas anticompetitivas.
“En el artículo 8, en cuanto al abuso del poder de mercado, se habla del abuso de un derecho de la propiedad intelectual. Eso hay que precisar más. Creo que hay ambigüedad en la definición. Le pido precisar más a la Comisión”.
También propuso eliminar el inciso cuarto del artículo 24, que define a las prácticas ‘desleales’.
Según el proyecto de ley, para que una práctica sea considerada ‘desleal’ solo se debe constatar que exista un daño “potencial”.
Este punto también fue criticado por Fernando González, ex AP y ahora opositor, quien además rechazó el contenido del artículo 46 de la norma, donde se establecen las facultades investigativas de la nueva autoridad de control, llamada Superintendencia de Control de Poder de Mercado.
La autoridad podrá solicitar y exigir a cualquier persona la exhibición de cualquier información o todo tipo de documentos como agendas personales, facturas, mensajes, notas manuscritas, etc.
“Esto atenta contra el derecho a la intimidad de la gente. El numeral 3 también me preocupa pues establece que la autoridad podrá realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los establecimientos, locales o inmuebles de personas naturales o jurídicas. Eso quiere decir que podrán entrar a las casas y buscar la información que quieran”.
Esto fue calificado como inconstitucional por Viviana Bonilla, de AP y miembro de la Comisión de lo Económico. La misma falencia tiene el artículo 66, que establece que los actos administrativos no son susceptibles de acción de protección (garantizado por la Constitución).
Una observación similar hizo a parte del artículo 76 de la norma. Allí se establece que caerán en infracción grave las autoridades administrativas o judiciales que hayan concedido o admitido recursos para impedir, restringir, etc. la competencia.
Llamó la atención que la legisladora haya hecho estas críticas cuando ella participó en la redacción del informe para primer debate del proyecto de ley, ya que es parte de la Comisión.
Como justificación dijo que hubo poco tiempo para analizar el texto, el cual fue remitido a la Asamblea con el carácter de urgente por parte del Ejecutivo.
Velasco dijo el pasado viernes, al presentar el informe para primer debate, que se procesaron todos los planteamientos pero que físicamente no lograron “avanzar” en todo el texto.
Legisladores como Rafael Dávila (Conciencia Ciudadana) y Marco Murillo (Movimiento Amauta) creen que es necesaria una ley que fomente la competencia, pero que hay que hacer cambios al proyecto.
