Washington Pesántez dejó la Fiscalía General hace dos meses con el anuncio de que presentaría acusación dentro del caso Palo Azul. Pero el tiempo no le alcanzó, ya que fue reemplazado el mismo día de la audiencia preparatoria para juicio. Continuar este caso, uno de los más emblemáticos en su gestión de cuatro años, está ahora en manos de Galo Chiriboga o de su delegado.
Una tarea delicada para Chiriboga, dado que el asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez y el activista de Polo Democrático Fernando Villavicencio interpusieron una demanda ante la Fiscalía General, en la época en que Chiriboga era todavía embajador en España y candidato a fiscal, para que sea vinculado al proceso por su desempeño como ministro de Energía (hoy Recursos Naturales no Renovables).
La denuncia surgió luego de que se conoció el cuarto peritaje sobre si el campo Palo Azul es unificado. Hay dos informes que afirman que sí y otros dos que dicen lo contrario (ver los últimos dos peritajes en pág. 11).
El caso Palo Azul (ver cronología) tiene como sus principales implicados a funcionarios de gobiernos anteriores y la acusación central es peculado (ver pág. 11), por, supuestamente, perjudicar al Estado en la explotación de ese campo petrolero. La investigación fiscal se reabrió justamente luego de un peritaje ordenado al inicio de este Gobierno, mientras Alberto Acosta era ministro de Energía. Ese estudio dijo que el campo no era unificado, que debía ser revertido al Estado y que se había perdido dinero.
Paralela e independiente al proceso judicial, está el de la liquidación por las inversiones realizadas por el Consorcio Petrolero Bloque 18, integrado por Petrobras, Caiman International y Teikoku Oil Ecuador, en el mencionado campo.
El 3 de enero de 2011, el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables recibió el comunicado remitido por Petrobras, con fecha 28 de diciembre de 2010, en el que recordaron que, en un oficio anterior, del 22 de noviembre de 2010, los contratos modificatorios al Contrato de Participación para la exploración y explotación de hidrocarburos del Bloque 18, así como el Convenio de Exploración unificada del yacimiento común Hollín del campo Palo Azul, estipulan "un proceso y metodología para la liquidación de las inversiones no amortizadas".
De ahí que, según la cláusula novena de los mencionados documentos, ellos notificaron el valor de las inversiones no amortizadas, que le corresponden al Consorcio que ellos representan. Sin embargo, hasta esa fecha, no recibieron de parte de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero la revisión de los datos entregados y la certificación de que los datos corresponden a aquellos auditados por la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH).
En esa carta, se recordó también que la DNH, con ayuda del Servicio de Rentas Internas, tenía 30 días para la revisión y certificación respectiva. Y si se consideraban esos datos correctos, se debía proceder a la liquidación del contrato por el valor presentado.
La DNH, no obstante, no se ha pronunciado todavía, pese a que han transcurrido nueve meses. Fuentes internas del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables indicaron que se esperaba un pronunciamiento del ministro Wilson Pástor sobre el monto, pero no hay fecha para ello. Esas mismas fuentes dicen que el monto tentativo a pagar sería de $320 millones.
Esta cantidad es cercana a lo que planteó Petrobras en su carta de 2010: $343,7 millones, incluyendo el inventario de bodega, por un monto de $11,3 millones, calculado al 25 de noviembre del año pasado. Esta cantidad resulta "de aplicar la correspondiente tasa de actualización a los $167,8 millones de inversiones no amortizadas, actualizadas a una tasa del 18% anual".
Hay una tercera arista que se desarrolla, también de manera paralela a lo anterior: dos peritos fiscales responsables del último estudio sobre la unificación o no del campo Palo Azul fueron denunciado por perjurio hace menos de un mes. El caso está en la Unidad de Fe Pública de la Fiscalía Provincial de Pichincha.
Una tarea delicada para Chiriboga, dado que el asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez y el activista de Polo Democrático Fernando Villavicencio interpusieron una demanda ante la Fiscalía General, en la época en que Chiriboga era todavía embajador en España y candidato a fiscal, para que sea vinculado al proceso por su desempeño como ministro de Energía (hoy Recursos Naturales no Renovables).
La denuncia surgió luego de que se conoció el cuarto peritaje sobre si el campo Palo Azul es unificado. Hay dos informes que afirman que sí y otros dos que dicen lo contrario (ver los últimos dos peritajes en pág. 11).
El caso Palo Azul (ver cronología) tiene como sus principales implicados a funcionarios de gobiernos anteriores y la acusación central es peculado (ver pág. 11), por, supuestamente, perjudicar al Estado en la explotación de ese campo petrolero. La investigación fiscal se reabrió justamente luego de un peritaje ordenado al inicio de este Gobierno, mientras Alberto Acosta era ministro de Energía. Ese estudio dijo que el campo no era unificado, que debía ser revertido al Estado y que se había perdido dinero.
Paralela e independiente al proceso judicial, está el de la liquidación por las inversiones realizadas por el Consorcio Petrolero Bloque 18, integrado por Petrobras, Caiman International y Teikoku Oil Ecuador, en el mencionado campo.
El 3 de enero de 2011, el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables recibió el comunicado remitido por Petrobras, con fecha 28 de diciembre de 2010, en el que recordaron que, en un oficio anterior, del 22 de noviembre de 2010, los contratos modificatorios al Contrato de Participación para la exploración y explotación de hidrocarburos del Bloque 18, así como el Convenio de Exploración unificada del yacimiento común Hollín del campo Palo Azul, estipulan "un proceso y metodología para la liquidación de las inversiones no amortizadas".
De ahí que, según la cláusula novena de los mencionados documentos, ellos notificaron el valor de las inversiones no amortizadas, que le corresponden al Consorcio que ellos representan. Sin embargo, hasta esa fecha, no recibieron de parte de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero la revisión de los datos entregados y la certificación de que los datos corresponden a aquellos auditados por la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH).
En esa carta, se recordó también que la DNH, con ayuda del Servicio de Rentas Internas, tenía 30 días para la revisión y certificación respectiva. Y si se consideraban esos datos correctos, se debía proceder a la liquidación del contrato por el valor presentado.
La DNH, no obstante, no se ha pronunciado todavía, pese a que han transcurrido nueve meses. Fuentes internas del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables indicaron que se esperaba un pronunciamiento del ministro Wilson Pástor sobre el monto, pero no hay fecha para ello. Esas mismas fuentes dicen que el monto tentativo a pagar sería de $320 millones.
Esta cantidad es cercana a lo que planteó Petrobras en su carta de 2010: $343,7 millones, incluyendo el inventario de bodega, por un monto de $11,3 millones, calculado al 25 de noviembre del año pasado. Esta cantidad resulta "de aplicar la correspondiente tasa de actualización a los $167,8 millones de inversiones no amortizadas, actualizadas a una tasa del 18% anual".
Hay una tercera arista que se desarrolla, también de manera paralela a lo anterior: dos peritos fiscales responsables del último estudio sobre la unificación o no del campo Palo Azul fueron denunciado por perjurio hace menos de un mes. El caso está en la Unidad de Fe Pública de la Fiscalía Provincial de Pichincha.
