La Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador (Ascabi) se reúne hoy en Guayaquil para analizar con un grupo de juristas nacionales e internacionales las acciones que pudieran emprender en contra del decreto 873, que ordena su cierre en un plazo de seis meses.
“Nos sentimos contrariados y decepcionados, por cuanto hace 10 meses hablamos con Nathalie Cely, exministra de la Producción, quien nos dio un plazo de dos a tres años. Cuando se consultó el tema al presidente, Rafael Correa, se habló, en cambio, de uno a dos años”, manifestó ayer en Quito el presidente del organismo, Fausto Flores.
“Lamentablemente, la presión del ministro de Turismo, Freddy Ehlers, quien no tiene claro lo qué son los casinos y qué son las salas de juegos clandestinas, hizo que todas las negociaciones fracasaran”, agregó.
“En todo caso, respetamos al Gobierno, la Constitución y las leyes”, manifestó Flores, tras agregar que hoy habrá un nuevo pronunciamiento en Guayaquil, porque los casinos podrían enfrentar millonarios juicios por parte de hoteles, cadenas internacionales y personal que labora en estos locales.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, Luis Hanna, aseguró que al menos se necesita de tres años para poder liquidar todo lo referente al negocio de casinos y salas de juego.
“El lapso no es suficiente ni para las salas de juego, mucho menos para los casinos legalmente constituidos, porque es imposible reprogramar en seis meses estas actividades”, dijo Hanna.
Según cálculos del Gobierno, 5.568 personas quedarán sin empleo. De ellas, 2.190 corresponden a establecimientos autorizados y 3.378 a lugares sin autorización. En ambos casos, los empleados deberán ser liquidados. Sin embargo, no está claro cómo.
La posición oficial es que “tuvieron (los dueños de estos sitios) un año para iniciar la recuperación de las inversiones”, expuso el ministro de Turismo, Freddy Ehlers, basado en un anuncio hecho por el presidente, Rafael Correa, en una cadena sabatina. Por eso, “los trabajadores deben ser liquidados y recibir sus indemnizaciones en un plazo máximo de 30 días desde la terminación de la relación laboral”, indicó Francisco Vacas, viceministro de Relaciones Laborales.
Según él, la relación laboral no terminará con el cierre de los negocios. “Lo que se prohíbe es la actividad, pero la empresa puede seguir existiendo, lo que quiere decir que no necesariamente los trabajadores tendrán que salir”.
“Nos sentimos contrariados y decepcionados, por cuanto hace 10 meses hablamos con Nathalie Cely, exministra de la Producción, quien nos dio un plazo de dos a tres años. Cuando se consultó el tema al presidente, Rafael Correa, se habló, en cambio, de uno a dos años”, manifestó ayer en Quito el presidente del organismo, Fausto Flores.
“Lamentablemente, la presión del ministro de Turismo, Freddy Ehlers, quien no tiene claro lo qué son los casinos y qué son las salas de juegos clandestinas, hizo que todas las negociaciones fracasaran”, agregó.
“En todo caso, respetamos al Gobierno, la Constitución y las leyes”, manifestó Flores, tras agregar que hoy habrá un nuevo pronunciamiento en Guayaquil, porque los casinos podrían enfrentar millonarios juicios por parte de hoteles, cadenas internacionales y personal que labora en estos locales.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, Luis Hanna, aseguró que al menos se necesita de tres años para poder liquidar todo lo referente al negocio de casinos y salas de juego.
“El lapso no es suficiente ni para las salas de juego, mucho menos para los casinos legalmente constituidos, porque es imposible reprogramar en seis meses estas actividades”, dijo Hanna.
Según cálculos del Gobierno, 5.568 personas quedarán sin empleo. De ellas, 2.190 corresponden a establecimientos autorizados y 3.378 a lugares sin autorización. En ambos casos, los empleados deberán ser liquidados. Sin embargo, no está claro cómo.
La posición oficial es que “tuvieron (los dueños de estos sitios) un año para iniciar la recuperación de las inversiones”, expuso el ministro de Turismo, Freddy Ehlers, basado en un anuncio hecho por el presidente, Rafael Correa, en una cadena sabatina. Por eso, “los trabajadores deben ser liquidados y recibir sus indemnizaciones en un plazo máximo de 30 días desde la terminación de la relación laboral”, indicó Francisco Vacas, viceministro de Relaciones Laborales.
Según él, la relación laboral no terminará con el cierre de los negocios. “Lo que se prohíbe es la actividad, pero la empresa puede seguir existiendo, lo que quiere decir que no necesariamente los trabajadores tendrán que salir”.
