Las tarjetas de descuento de los almacenes, una práctica común en el sector comercial del país, está entre los 21 supuestos abusos de poder de mercado que se incluyen en el proyecto de Ley Antimonopolio.
El cuerpo legal establece regulaciones para los negocios que ofrezcan descuentos condicionados mediante tarjetas de afiliación, que impliquen un pago para acceder a las rebajas de precios.
Este último punto ha creado incertidumbre en los negocios que emiten este tipo de tarjetas, los cuales temen los efectos que pueda generar su desaparición del mercado nacional.
“La eliminación del mecanismo de afiliación podría significar la anulación del esquema de comisariatos, aumento de precios y, por ende, disminución del poder adquisitivo”, señaló un alto ejecutivo de la empresa La Favorita.
La firma, que oferta este tipo de servicios desde hace 30 años, cuenta con más de 500 000 afiliados, de los cuales la mitad corresponde a convenios empresariales. La fidelización a través de este proceso es legal si se analiza el numeral seis del artículo 42 del Código de Trabajo, dice.
La norma establece que cuando una compañía cuenta con más de 10 trabajadores debe ofrecer a precio de costo productos de primera necesidad, sea de forma directa o a través de convenios con otras empresas o terceros.
De ahí que los negocios que no se dedican a la venta de artículos de primera necesidad, y que son emisores de tarjetas de afiliación, creen que debiera hacerse un análisis técnico, caso por caso, para la aplicación del articulado.
“No es un simple mecanismo de descuento... damos la opción de canjear puntos por premios, de acumular puntos por consumo, de acceso a la preventa, etc”, señaló Paúl Cárdenas, representante de la empresa Multicines.
Los descuentos, según el ejecutivo, son fácilmente financiables por parte de la empresa porque se otorgan a clientes cuyo consumo es frecuente y estable.
Asegura que la tarjeta dejaría de tener un valor per se si se convirtiera en algo estándar.
“No creo que el uso de las tarjetas sea discriminatorio porque, por ejemplo, no existen descuentos para estrenos ni en ciertos días de la semana. Recibo beneficios solo si acumulo puntos y eso es cuando voy muchas veces al cine”, aseguró el empleado privado, Paúl Mantilla, cuya esposa cuenta con la tarjeta, cuyo costo es de USD 7 y dos años de vigencia.
Precisamente el costo de estas tarjetas fue la causa para que el Gobierno la considerara como un abuso de poder de mercado.
El cuerpo legal establece regulaciones para los negocios que ofrezcan descuentos condicionados mediante tarjetas de afiliación, que impliquen un pago para acceder a las rebajas de precios.
Este último punto ha creado incertidumbre en los negocios que emiten este tipo de tarjetas, los cuales temen los efectos que pueda generar su desaparición del mercado nacional.
“La eliminación del mecanismo de afiliación podría significar la anulación del esquema de comisariatos, aumento de precios y, por ende, disminución del poder adquisitivo”, señaló un alto ejecutivo de la empresa La Favorita.
La firma, que oferta este tipo de servicios desde hace 30 años, cuenta con más de 500 000 afiliados, de los cuales la mitad corresponde a convenios empresariales. La fidelización a través de este proceso es legal si se analiza el numeral seis del artículo 42 del Código de Trabajo, dice.
La norma establece que cuando una compañía cuenta con más de 10 trabajadores debe ofrecer a precio de costo productos de primera necesidad, sea de forma directa o a través de convenios con otras empresas o terceros.
De ahí que los negocios que no se dedican a la venta de artículos de primera necesidad, y que son emisores de tarjetas de afiliación, creen que debiera hacerse un análisis técnico, caso por caso, para la aplicación del articulado.
“No es un simple mecanismo de descuento... damos la opción de canjear puntos por premios, de acumular puntos por consumo, de acceso a la preventa, etc”, señaló Paúl Cárdenas, representante de la empresa Multicines.
Los descuentos, según el ejecutivo, son fácilmente financiables por parte de la empresa porque se otorgan a clientes cuyo consumo es frecuente y estable.
Asegura que la tarjeta dejaría de tener un valor per se si se convirtiera en algo estándar.
“No creo que el uso de las tarjetas sea discriminatorio porque, por ejemplo, no existen descuentos para estrenos ni en ciertos días de la semana. Recibo beneficios solo si acumulo puntos y eso es cuando voy muchas veces al cine”, aseguró el empleado privado, Paúl Mantilla, cuya esposa cuenta con la tarjeta, cuyo costo es de USD 7 y dos años de vigencia.
Precisamente el costo de estas tarjetas fue la causa para que el Gobierno la considerara como un abuso de poder de mercado.
