Alberto Acosta, ex AP y ex presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi dijo que medida completaría "asalto a la Justicia"
La Bancada Progresista de Izquierda, conformada por los bloques del MPD y Pachakutik, presentó ayer en la Fiscalía General, una demanda penal contra el presidente Rafael Correa, a quien acusan de una supuesta arrogación de funciones, por emitir el Decreto 872 que dispone el estado de excepción por 60 días en la Función Judicial.
Ayer, la novedad fue que a esta bancada se sumaron los exoficialistas César Rodríguez y Fernando González, además de la Municipalista Nivea Vélez.
Este grupo también impulsará un juicio político contra del titular del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), Paulo Rodríguez, por haber solicitado al presidente Rafael Correa la declaratoria de excepción en el Poder Judicial.
Por separado, otro pedido de juicio político y destitución contra el jefe de Estado, lo promueve el ex MDG Enrique Herrería.
Otra acción que llevará la Bancada Progresista a la sesión del Pleno, convocada para las 9:30 de hoy, es el Proyecto de Resolución para revocar del decreto 872, para lo cual solicitará el cambio del orden del día, lo que será posible con el apoyo de la mitad más uno de los asistentes.
"El decreto constituye una ruptura fáctica del Estado constitucional, Rodríguez debe explicar por qué somete la transformación de la justicia a la voluntad de una función del Estado", dijo el ex AP César Rodríguez. HOY conversó con varios legisladores, unos se manifestaron a favor y otros en contra del Decreto. (ver notas adjuntas).
Este Diario también le pidió la opinión sobre el tema a Alberto Acosta, ex AP y titular de la Constituyente de Montecristi, quien respondió: "No veo las razones constitucionales para decretar el estado de excepción. Con esta decisión se completaría el asalto a la Justicia".
La Bancada Progresista de Izquierda, conformada por los bloques del MPD y Pachakutik, presentó ayer en la Fiscalía General, una demanda penal contra el presidente Rafael Correa, a quien acusan de una supuesta arrogación de funciones, por emitir el Decreto 872 que dispone el estado de excepción por 60 días en la Función Judicial.
Ayer, la novedad fue que a esta bancada se sumaron los exoficialistas César Rodríguez y Fernando González, además de la Municipalista Nivea Vélez.
Este grupo también impulsará un juicio político contra del titular del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), Paulo Rodríguez, por haber solicitado al presidente Rafael Correa la declaratoria de excepción en el Poder Judicial.
Por separado, otro pedido de juicio político y destitución contra el jefe de Estado, lo promueve el ex MDG Enrique Herrería.
Otra acción que llevará la Bancada Progresista a la sesión del Pleno, convocada para las 9:30 de hoy, es el Proyecto de Resolución para revocar del decreto 872, para lo cual solicitará el cambio del orden del día, lo que será posible con el apoyo de la mitad más uno de los asistentes.
"El decreto constituye una ruptura fáctica del Estado constitucional, Rodríguez debe explicar por qué somete la transformación de la justicia a la voluntad de una función del Estado", dijo el ex AP César Rodríguez. HOY conversó con varios legisladores, unos se manifestaron a favor y otros en contra del Decreto. (ver notas adjuntas).
Este Diario también le pidió la opinión sobre el tema a Alberto Acosta, ex AP y titular de la Constituyente de Montecristi, quien respondió: "No veo las razones constitucionales para decretar el estado de excepción. Con esta decisión se completaría el asalto a la Justicia".
