Si bien el secretario de Comunicación de la Presidencia, Fernando Alvarado, invitó el pasado viernes a los organismos internacionales que defienden la libertad de expresión a un foro para debatir sobre la situación de este derecho en Ecuador, tres días antes, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) notificó a siete estaciones de radio sobre el inicio de un proceso de juzgamiento, por haberse enlazado sin autorización y emitir un programa referente, precisamente, a la libertad de expresión.
Según el documento del organismo de control, las emisoras: Quito, Centro, Genial Exa, Visión, Platinum, de Quito; Radio City, de Guayaquil; y Ondas Azuayas, de Cuenca, podrían haber incurrido en una infracción administrativa de segunda clase, por no haber notificado con anticipación que iban a realizar dicho enlace el pasado 10 de agosto, cuando, a propósito del Primer Grito de Independencia, se reunieron varios periodistas para tratar el tema.
A pesar de que el Gobierno ha defendido que en el país la libertad de expresión está garantizada y que las alertas de organismos como Reporteros Sin Fronteras (RSF), Human Rights Watch (HRW), Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en ingléss) responderían a que solamente se “reducen a la visión de cuatro familias propietarias de medios”, las críticas surgen.
El director de Fundamedios, César Ricaurte, dijo que las acciones emprendidas por la Supertel son “una retaliación en contra de las radiodifusoras por abordar esta temática”.
El Director agregó que esta práctica de enlazarse entre medios de comunicación es algo “habitual, que se lo hace para transmitir programas deportivos, de opinión e incluso el enlace sabatino del presidente, Rafael Correa. ¿Habrá que preguntarle a la Supertel si en este caso también se ha pedido autorización?”, cuestionó y enfatizó que en el caso de las siete emisoras lo que se quiere es advertir al resto de medios “que no se atrevan a hablar sobre la libertad de expresión”.
Por su parte, Betty Carrillo, legisladora (PAIS) y miembro de la Comisión Ocasional de Comunicación, manifestó que las posibles sanciones administrativas responderían a que se incumplió la Ley de Radio y Televisión, que establece que para enlazarse entre medios de comunicación se requiere una autorización. “Si no cuentan con esto podrían afrontar multas económicas”, indicó.
Asimismo, dijo que con estas acciones no se quiere limitar la libertad sino más bien sancionar una contravención. “Las personas pueden expresarse libremente pero deben respetar la norma”, señaló.
Según el documento del organismo de control, las emisoras: Quito, Centro, Genial Exa, Visión, Platinum, de Quito; Radio City, de Guayaquil; y Ondas Azuayas, de Cuenca, podrían haber incurrido en una infracción administrativa de segunda clase, por no haber notificado con anticipación que iban a realizar dicho enlace el pasado 10 de agosto, cuando, a propósito del Primer Grito de Independencia, se reunieron varios periodistas para tratar el tema.
A pesar de que el Gobierno ha defendido que en el país la libertad de expresión está garantizada y que las alertas de organismos como Reporteros Sin Fronteras (RSF), Human Rights Watch (HRW), Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en ingléss) responderían a que solamente se “reducen a la visión de cuatro familias propietarias de medios”, las críticas surgen.
El director de Fundamedios, César Ricaurte, dijo que las acciones emprendidas por la Supertel son “una retaliación en contra de las radiodifusoras por abordar esta temática”.
El Director agregó que esta práctica de enlazarse entre medios de comunicación es algo “habitual, que se lo hace para transmitir programas deportivos, de opinión e incluso el enlace sabatino del presidente, Rafael Correa. ¿Habrá que preguntarle a la Supertel si en este caso también se ha pedido autorización?”, cuestionó y enfatizó que en el caso de las siete emisoras lo que se quiere es advertir al resto de medios “que no se atrevan a hablar sobre la libertad de expresión”.
Por su parte, Betty Carrillo, legisladora (PAIS) y miembro de la Comisión Ocasional de Comunicación, manifestó que las posibles sanciones administrativas responderían a que se incumplió la Ley de Radio y Televisión, que establece que para enlazarse entre medios de comunicación se requiere una autorización. “Si no cuentan con esto podrían afrontar multas económicas”, indicó.
Asimismo, dijo que con estas acciones no se quiere limitar la libertad sino más bien sancionar una contravención. “Las personas pueden expresarse libremente pero deben respetar la norma”, señaló.
