El Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) priorizará la contratación de tecnología, infraestructura y personal durante el estado de excepción decretado por el Ejecutivo el 5 de septiembre pasado.
En esta primera semana el Ministerio de Finanzas hizo un primer desembolso ya previsto de $ 30 millones y se dispuso que se trabaje los sábados para inventariar las causas represadas, hasta octubre, cuando se cumplan los 60 días en los que rige el estado de excepción, que ha desatado varias críticas.
El CJT intervendrá los frentes de tecnología, infraestructura y personal para cumplir con la reestructuración de la Justicia, según la carta que los vocales remitieron al presidente Rafael Correa para solicitarle la declaratoria. Con ello se busca atender la falta de sistemas informáticos, infraestructura y el represamiento de causas.
Estas contrataciones, bajo el estado de excepción, se harán de forma directa y sin acatar la Ley de Contrataciones Públicas; un aspecto que preocupa a expertos por el peligro de que se adjudique “a dedo” y se favorezca a ciertos proveedores.
El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, Santiago Guarderas, explica que el carácter urgente del estado de excepción permite la adjudicación directa de obras, bienes y servicios. Señala que esto no era necesario ya que el régimen hubiese podido usar la misma ley para hacerlo de forma directa, pues su artículo 57 habla sobre las situaciones de emergencia.
“La historia nos ha dado cuenta que más bien estos estados de excepción han servido para que la entidad haga negociados con determinadas compañías”, reflexiona el jurista.
El exdirector ejecutivo del CJ, Olmedo Castro, coincide en que “las compras podrían ser a dedo”, aunque más rápidas.
Explica que el sector se rige por las licitaciones para adquirir desde computadoras, programas informáticos e inmuebles, hasta el servicio de aseo para las oficinas.
Él considera que el CJT empezará por la compra de equipos y sistemas informáticos en atención a la modernización que se busca y que luego se obtendrán nuevos edificios para aumentar el número de juzgados, algo que hubiera sido imposible de cumplir en los 18 meses que funcionará el ente transitorio –advierte él–, ya que solo el desarrollo de un concurso para construir un inmueble puede tomar nueve meses.
Pero el temor de otros es que la Judicatura empiece por cambiar a ciertos empleados, sea trasladándolos a otras provincias o removiéndolos.
Para la titular de la Corte de Justicia del Guayas, María Leonor Jiménez, el documento carece de validez jurídica, pues la Función Judicial no atraviesa las situaciones que estipula el art. 164 de la Constitución para declarar la excepción.
En esta primera semana el Ministerio de Finanzas hizo un primer desembolso ya previsto de $ 30 millones y se dispuso que se trabaje los sábados para inventariar las causas represadas, hasta octubre, cuando se cumplan los 60 días en los que rige el estado de excepción, que ha desatado varias críticas.
El CJT intervendrá los frentes de tecnología, infraestructura y personal para cumplir con la reestructuración de la Justicia, según la carta que los vocales remitieron al presidente Rafael Correa para solicitarle la declaratoria. Con ello se busca atender la falta de sistemas informáticos, infraestructura y el represamiento de causas.
Estas contrataciones, bajo el estado de excepción, se harán de forma directa y sin acatar la Ley de Contrataciones Públicas; un aspecto que preocupa a expertos por el peligro de que se adjudique “a dedo” y se favorezca a ciertos proveedores.
El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, Santiago Guarderas, explica que el carácter urgente del estado de excepción permite la adjudicación directa de obras, bienes y servicios. Señala que esto no era necesario ya que el régimen hubiese podido usar la misma ley para hacerlo de forma directa, pues su artículo 57 habla sobre las situaciones de emergencia.
“La historia nos ha dado cuenta que más bien estos estados de excepción han servido para que la entidad haga negociados con determinadas compañías”, reflexiona el jurista.
El exdirector ejecutivo del CJ, Olmedo Castro, coincide en que “las compras podrían ser a dedo”, aunque más rápidas.
Explica que el sector se rige por las licitaciones para adquirir desde computadoras, programas informáticos e inmuebles, hasta el servicio de aseo para las oficinas.
Él considera que el CJT empezará por la compra de equipos y sistemas informáticos en atención a la modernización que se busca y que luego se obtendrán nuevos edificios para aumentar el número de juzgados, algo que hubiera sido imposible de cumplir en los 18 meses que funcionará el ente transitorio –advierte él–, ya que solo el desarrollo de un concurso para construir un inmueble puede tomar nueve meses.
Pero el temor de otros es que la Judicatura empiece por cambiar a ciertos empleados, sea trasladándolos a otras provincias o removiéndolos.
Para la titular de la Corte de Justicia del Guayas, María Leonor Jiménez, el documento carece de validez jurídica, pues la Función Judicial no atraviesa las situaciones que estipula el art. 164 de la Constitución para declarar la excepción.
