La ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, envió el formulario de gastos de campaña por la consulta popular, al Consejo Nacional Electoral (CNE), con cifra cero.
De este modo, la representante legal del sujeto político Rafael Correa cumplió con el ultimátum que le hizo el organismo electoral, para que hasta el 8 de septiembre justifique sus gastos de campaña de la consulta popular del 7 de mayo.
En una carta enviada a este Diario, la funcionaria dice que hizo esa rendición de cuentas por el “respeto al marco jurídico vigente”, pero recalcó que ese requerimiento fue innecesario. Su argumento: el presidente Correa no recibió aportes privados y fue calificado por el CNE solamente para acceder a las franjas publicitarias de A. País.
Sin embargo, la consejera de ese organismo, Marcia Caicedo, aseguró que una declaración de gastos de campaña ‘en cero’ no debe ser validada por el Pleno: “Es una burla a la autoridad electoral y no podemos admitir ese tipo de informes de las cuentas en cero”.
Por el momento, las justificaciones presentadas por los sujetos políticos que participaron en la campaña son analizadas por el Departamento de Fiscalización y Financiamiento Político del CNE, que deberá verificar que los montos correspondan a los aportes recibidos y a los gastos efectuados.
Caicedo consideró que el informe que presentó Soliz no debe ser admitido, pues fue de conocimiento público que “en la campaña se generaron grandes gastos”. Pero Soliz se justifica diciendo que todo lo que fueron mítines y eventos de difusión fueron preparados por Alianza País, quien también asumió los costos de la elaboración de los ‘spots’. Este movimiento declaró sus cuentas dentro del límite de gasto que fue de USD 65 000.
¿Dinero suficiente para haber cubierto todos los gastos?
Dos ex colaboradores del Gobierno sostienen que esa cantidad no pudo ser suficiente para cubrir con los gastos de la gran campaña que hizo Alianza País.
Alberto Acosta considera que es “una tomadura de pelo”, mientras Gustavo Larrea acota que si no hubo aportaciones privadas “fue una campaña gigantesca que nos costó a todos los ecuatorianos”.
Los dos activistas coinciden que es el momento para que el CNE demuestre su independencia al realizar un análisis exhaustivo de las cuentas, tanto de Alianza País como los posibles gastos de Rafael Correa.
De este modo, la representante legal del sujeto político Rafael Correa cumplió con el ultimátum que le hizo el organismo electoral, para que hasta el 8 de septiembre justifique sus gastos de campaña de la consulta popular del 7 de mayo.
En una carta enviada a este Diario, la funcionaria dice que hizo esa rendición de cuentas por el “respeto al marco jurídico vigente”, pero recalcó que ese requerimiento fue innecesario. Su argumento: el presidente Correa no recibió aportes privados y fue calificado por el CNE solamente para acceder a las franjas publicitarias de A. País.
Sin embargo, la consejera de ese organismo, Marcia Caicedo, aseguró que una declaración de gastos de campaña ‘en cero’ no debe ser validada por el Pleno: “Es una burla a la autoridad electoral y no podemos admitir ese tipo de informes de las cuentas en cero”.
Por el momento, las justificaciones presentadas por los sujetos políticos que participaron en la campaña son analizadas por el Departamento de Fiscalización y Financiamiento Político del CNE, que deberá verificar que los montos correspondan a los aportes recibidos y a los gastos efectuados.
Caicedo consideró que el informe que presentó Soliz no debe ser admitido, pues fue de conocimiento público que “en la campaña se generaron grandes gastos”. Pero Soliz se justifica diciendo que todo lo que fueron mítines y eventos de difusión fueron preparados por Alianza País, quien también asumió los costos de la elaboración de los ‘spots’. Este movimiento declaró sus cuentas dentro del límite de gasto que fue de USD 65 000.
¿Dinero suficiente para haber cubierto todos los gastos?
Dos ex colaboradores del Gobierno sostienen que esa cantidad no pudo ser suficiente para cubrir con los gastos de la gran campaña que hizo Alianza País.
Alberto Acosta considera que es “una tomadura de pelo”, mientras Gustavo Larrea acota que si no hubo aportaciones privadas “fue una campaña gigantesca que nos costó a todos los ecuatorianos”.
Los dos activistas coinciden que es el momento para que el CNE demuestre su independencia al realizar un análisis exhaustivo de las cuentas, tanto de Alianza País como los posibles gastos de Rafael Correa.
