La declaratoria de emergencia sanitaria que duró seis meses no cumplió con los principales objetivos: evitar el colapso de las unidades de salud y mejorar la atención.
El Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil no es la única casa de salud donde periódicamente se daña el tomógrafo o que mantiene listas de espera en cirugías de hasta tres y cuatro meses.
El Hospital Eugenio Espejo de Quito también presenta idénticos problemas e incluso suspendió cirugías, en junio, por la falta de un anestésico. El Ministerio de Salud, sin embargo, dio por terminada la emergencia decretada el 10 de marzo y que se prolongó hasta el 9 de junio pasado.
El pasado lunes 29 de agosto, el Ministerio se limitó a colgar en su web (www.msp.gob.ec) el mismo informe que envió al Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop). Es una lista de las adquisiciones que se hicieron por el valor de USD 103 766 597.
Hasta ahora no hay una evaluación de los resultados y las autoridades se niegan a dar entrevistas sobre el tema a este Diario. La justificación que da el área de Comunicación es que están ocupados con el control del licor adulterado y con la mejora de los servicios del Hospital Abel Gilbert Pontón. Esta última es una exigencia del presidente Correa, que visitó de sorpresa este establecimiento y evidenció la deficiente atención.
“El informe se debería remitir a los objetivos señalados en el decreto de la emergencia. Si yo informo solo de los rubros gastados, no estoy rindiendo cuentas”, señala Édison Aguilar, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Católica del Ecuador.
“Se ha probado hasta la saciedad que las declaratorias de emergencia no ayudaban a resolver los problemas de salud. Si el problema de los hospitales tienen causas estructurales no se resuelven con recursos económicos”.
El personal del área de salud insiste en la necesidad de participar en las políticas de salud. Milton Tapia, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, cuenta que con frecuencia asisten a talleres, pero que sus propuestas no son escuchadas. “Desgraciadamente lo que se discute no resulta idóneo para quien traza las soluciones”.
La solución, según criterio de expertos, está en el fortalecimiento del nivel primario. “El proceso no está solamente en implementar más camas, aumentar el equipamiento o el número de profesionales. El problema es que los hospitales de las grandes ciudades se saturan con pacientes que deben ser manejados en el nivel primario de salud”, insiste Tapia.
La compra de las dos clínicas móviles, por USD 35 millones, es el gasto más grande que reseña el informe del Ministerio. Y aunque la primera clínica opera en Guayaquil y se trasladó a Los Ríos para atender a los intoxicados con metanol, la segunda unidad no llega al país. Las autoridades dijeron que llegaría el 20 de agosto, pero nadie ha explicado el retraso.
El Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil no es la única casa de salud donde periódicamente se daña el tomógrafo o que mantiene listas de espera en cirugías de hasta tres y cuatro meses.
El Hospital Eugenio Espejo de Quito también presenta idénticos problemas e incluso suspendió cirugías, en junio, por la falta de un anestésico. El Ministerio de Salud, sin embargo, dio por terminada la emergencia decretada el 10 de marzo y que se prolongó hasta el 9 de junio pasado.
El pasado lunes 29 de agosto, el Ministerio se limitó a colgar en su web (www.msp.gob.ec) el mismo informe que envió al Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop). Es una lista de las adquisiciones que se hicieron por el valor de USD 103 766 597.
Hasta ahora no hay una evaluación de los resultados y las autoridades se niegan a dar entrevistas sobre el tema a este Diario. La justificación que da el área de Comunicación es que están ocupados con el control del licor adulterado y con la mejora de los servicios del Hospital Abel Gilbert Pontón. Esta última es una exigencia del presidente Correa, que visitó de sorpresa este establecimiento y evidenció la deficiente atención.
“El informe se debería remitir a los objetivos señalados en el decreto de la emergencia. Si yo informo solo de los rubros gastados, no estoy rindiendo cuentas”, señala Édison Aguilar, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Católica del Ecuador.
“Se ha probado hasta la saciedad que las declaratorias de emergencia no ayudaban a resolver los problemas de salud. Si el problema de los hospitales tienen causas estructurales no se resuelven con recursos económicos”.
El personal del área de salud insiste en la necesidad de participar en las políticas de salud. Milton Tapia, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, cuenta que con frecuencia asisten a talleres, pero que sus propuestas no son escuchadas. “Desgraciadamente lo que se discute no resulta idóneo para quien traza las soluciones”.
La solución, según criterio de expertos, está en el fortalecimiento del nivel primario. “El proceso no está solamente en implementar más camas, aumentar el equipamiento o el número de profesionales. El problema es que los hospitales de las grandes ciudades se saturan con pacientes que deben ser manejados en el nivel primario de salud”, insiste Tapia.
La compra de las dos clínicas móviles, por USD 35 millones, es el gasto más grande que reseña el informe del Ministerio. Y aunque la primera clínica opera en Guayaquil y se trasladó a Los Ríos para atender a los intoxicados con metanol, la segunda unidad no llega al país. Las autoridades dijeron que llegaría el 20 de agosto, pero nadie ha explicado el retraso.
