En un escueto comunicado, el Gobierno de Colombia rechazó esta noche la decisión de la Sala única de la Corte de Justicia de la provincia de Sucumbíos de llamar a juicio a seis oficiales activos y en situación de retiro de las Fuerzas Militares por el ataque a Angostura del 1 de marzo del 2008. En esa incursión fue abatido 'Raúl Reyes', en la época número dos de la guerrilla colombiana de las FARC.
Los oficiales implicados por la Corte ecuatoriana son el actual director de la Policía, general Óscar Naranjo, y los ex jefes de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla; del Ejército, Mario Montoya; de la Marina, Guillermo Barrera, y de la Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros. El coronel Camilo Álvarez. también fue procesado.
En cambio, el tribunal se abstuvo de encausar al actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien goza de inmunidad por su investidura.
La nota colgada en la página electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asimismo, dejó en claro que pone en tela de duda "las acciones y la competencia de autoridades judiciales extranjeras en contra de quienes libraron una operación legítima en defensa de la seguridad nacional y de la población civil".
En el comunicado, la Cancillería también señaló que "el Estado colombiano, con sujeción al Derecho Internacional Humanitario, adelantó la operación Fénix en contra de un campamento de las FARC que llevaba a cabo acciones terroristas en contra de la población colombiana". Y concluyó: " Esa operación, reiteramos, constituye un acto de Estado contra reconocidos terroristas internacionales".
Los oficiales implicados por la Corte ecuatoriana son el actual director de la Policía, general Óscar Naranjo, y los ex jefes de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla; del Ejército, Mario Montoya; de la Marina, Guillermo Barrera, y de la Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros. El coronel Camilo Álvarez. también fue procesado.
En cambio, el tribunal se abstuvo de encausar al actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien goza de inmunidad por su investidura.
La nota colgada en la página electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asimismo, dejó en claro que pone en tela de duda "las acciones y la competencia de autoridades judiciales extranjeras en contra de quienes libraron una operación legítima en defensa de la seguridad nacional y de la población civil".
En el comunicado, la Cancillería también señaló que "el Estado colombiano, con sujeción al Derecho Internacional Humanitario, adelantó la operación Fénix en contra de un campamento de las FARC que llevaba a cabo acciones terroristas en contra de la población colombiana". Y concluyó: " Esa operación, reiteramos, constituye un acto de Estado contra reconocidos terroristas internacionales".
