La ampliación de la zona de acceso a Ecuador, desde Colombia, en Carchi, está aún en proyecto.
La Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por Virgilio Hernández (PAIS), se encuentra elaborando el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo.
El proyecto recoge el documento presentado por Nívea Vélez (MIN), para promover una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos, y el de de iniciativa de los oficialistas Carlos Velasco, Zobeida Gudiño y José Picoita, para el desarrollo de los cantones fronterizos.
El articulado busca fortalecer el desarrollo de las zonas de frontera, especialmente en los campos social, turístico, agrícola, comercial e industrial, incorporando disposiciones que aseguren la disponibilidad de las asignaciones previstas en la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).
Según el proyecto, será obligación del Gobierno definir, formular y aprobar políticas públicas a favor de los cantones fronterizos que deberán constar en el Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo, regula el régimen de atención preferencial para los cantones y parroquias que se encuentren, total o parcialmente, dentro de la franja de 40 kilómetros, desde la línea de frontera.
Una de las disposiciones transitorias establece que, en el plazo de un año de publicada la ley, la entidad responsable de telecomunicaciones implemente el servicio de telefonía fija y móvil en los cantones fronterizos.
Desde la Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado de la Senplades, Ana María Larrea explicó que existen 2 dificultades con el texto, lo que sería establecer una política pública, es decir declarar por ley la igualdad, y plantear programas con presupuesto específico, lo que puede caer en una ‘preasignación’.
La asimetría recae en que un proyecto de ley no puede asegurar una asignación de recursos ya que, según la Constitución, ello le corresponde al Gobierno Central, pero subrayó que está de acuerdo en que existan políticas diferenciadas para las provincias fronterizas.
Diego Aulestia, gerente general del Banco del Estado, sugirió la inclusión del aporte que deberían realizar los gobiernos provinciales, municipios y juntas parroquiales, incorporar actividades urbanas y desarrollo de la infraestructura para servicios públicos.
Mauricio Proaño, viceministro de Agricultura, y Diego Velasteguí, gerente de la Unidad de Seguro Agrícola (Unisa), sugirieron la necesidad de un seguro de protección agrícola obligatorio, así como la importancia del acceso a la tierra y al agua, considerando que el 80% de las tierras en el país están en pocas manos.
La Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por Virgilio Hernández (PAIS), se encuentra elaborando el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo.
El proyecto recoge el documento presentado por Nívea Vélez (MIN), para promover una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos, y el de de iniciativa de los oficialistas Carlos Velasco, Zobeida Gudiño y José Picoita, para el desarrollo de los cantones fronterizos.
El articulado busca fortalecer el desarrollo de las zonas de frontera, especialmente en los campos social, turístico, agrícola, comercial e industrial, incorporando disposiciones que aseguren la disponibilidad de las asignaciones previstas en la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).
Según el proyecto, será obligación del Gobierno definir, formular y aprobar políticas públicas a favor de los cantones fronterizos que deberán constar en el Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo, regula el régimen de atención preferencial para los cantones y parroquias que se encuentren, total o parcialmente, dentro de la franja de 40 kilómetros, desde la línea de frontera.
Una de las disposiciones transitorias establece que, en el plazo de un año de publicada la ley, la entidad responsable de telecomunicaciones implemente el servicio de telefonía fija y móvil en los cantones fronterizos.
Desde la Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado de la Senplades, Ana María Larrea explicó que existen 2 dificultades con el texto, lo que sería establecer una política pública, es decir declarar por ley la igualdad, y plantear programas con presupuesto específico, lo que puede caer en una ‘preasignación’.
La asimetría recae en que un proyecto de ley no puede asegurar una asignación de recursos ya que, según la Constitución, ello le corresponde al Gobierno Central, pero subrayó que está de acuerdo en que existan políticas diferenciadas para las provincias fronterizas.
Diego Aulestia, gerente general del Banco del Estado, sugirió la inclusión del aporte que deberían realizar los gobiernos provinciales, municipios y juntas parroquiales, incorporar actividades urbanas y desarrollo de la infraestructura para servicios públicos.
Mauricio Proaño, viceministro de Agricultura, y Diego Velasteguí, gerente de la Unidad de Seguro Agrícola (Unisa), sugirieron la necesidad de un seguro de protección agrícola obligatorio, así como la importancia del acceso a la tierra y al agua, considerando que el 80% de las tierras en el país están en pocas manos.
