El ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, descalificó los argumentos que sustentan las acciones de protección que se han presentado en rechazo a la eliminación del subsidio eléctrico para los abonados que consumen más de 500 kilovatios hora al mes (kWh/m).
El funcionario indicó ayer en Manabí, donde cumplió varias actividades, que los recursos que en especial han planteado algunos asambleístas de la oposición están llenos de falsedades y buscan inducir al error a los jueces que los tramitan.
También reprochó que se pretenda dejar insubsistente la resolución que el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) aprobó el pasado 9 de junio, ya que únicamente se busca ¬alegó¬ el uso eficiente de la energía. Y reiteró que solo se perjudicará al 2,43% de los usuarios a nivel nacional que son del sector residencial.
“Nosotros confiamos en los jueces y demostramos con esto (exhibió varios documentos) que los están induciendo al error; son falsedades”, dijo el secretario de Estado.
Esta semana se realizarán las audiencias de al menos cuatro acciones de protección planteadas. Ayer se celebró la primera en el Juzgado Quinto adjunto de Tránsito del Guayas.
Los asambleístas Cynthia Viteri y Andrés Roche, de Madera de Guerrero, denunciaron que “se pretende castigar a un sector de la población (la clase media) haciéndole pagar la ineficiencia estatal”.
Durante una hora enumeraron los derechos constitucionales que se violarían si entra en vigencia el esquema tarifario aprobado por el Conelec.
Dicho organismo resolvió que la eliminación del subsidio regiría desde el próximo 1 de julio y los nuevos valores se reflejarían en la planilla de agosto.
El director ejecutivo del Consejo, Francisco Vergara, defendió ayer la medida y denunció que la acción de protección solo busca defender el bolsillo de una parte de la clase alta.
Expresó que la propuesta no afectará a las clases media y baja ya que fue elaborada para que el que más tiene más pague.
En defensa del Estado también intervino el representante de la Procuraduría, Jaime Cevallos, quien manifestó que el juez no era competente para pronunciarse sobre este tema, sino la Corte Constitucional, por tratarse de una norma de carácter general.
El juez que conoció la causa, Vladimir Intriago, informó al cabo de la diligencia que en 72 horas notificará su decisión.
Para hoy están convocadas dos audiencias más: una a las 15:30 en el Juzgado Decimotercero de la Niñez y Adolescencia, para conocer la acción planteada por el presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, Miguel Palacios; y otra a las 11:00 en el Juzgado Décimo de la Niñez de Pichincha para tratar el recurso presentado por el asambleísta Galo Lara (SP).
El funcionario indicó ayer en Manabí, donde cumplió varias actividades, que los recursos que en especial han planteado algunos asambleístas de la oposición están llenos de falsedades y buscan inducir al error a los jueces que los tramitan.
También reprochó que se pretenda dejar insubsistente la resolución que el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) aprobó el pasado 9 de junio, ya que únicamente se busca ¬alegó¬ el uso eficiente de la energía. Y reiteró que solo se perjudicará al 2,43% de los usuarios a nivel nacional que son del sector residencial.
“Nosotros confiamos en los jueces y demostramos con esto (exhibió varios documentos) que los están induciendo al error; son falsedades”, dijo el secretario de Estado.
Esta semana se realizarán las audiencias de al menos cuatro acciones de protección planteadas. Ayer se celebró la primera en el Juzgado Quinto adjunto de Tránsito del Guayas.
Los asambleístas Cynthia Viteri y Andrés Roche, de Madera de Guerrero, denunciaron que “se pretende castigar a un sector de la población (la clase media) haciéndole pagar la ineficiencia estatal”.
Durante una hora enumeraron los derechos constitucionales que se violarían si entra en vigencia el esquema tarifario aprobado por el Conelec.
Dicho organismo resolvió que la eliminación del subsidio regiría desde el próximo 1 de julio y los nuevos valores se reflejarían en la planilla de agosto.
El director ejecutivo del Consejo, Francisco Vergara, defendió ayer la medida y denunció que la acción de protección solo busca defender el bolsillo de una parte de la clase alta.
Expresó que la propuesta no afectará a las clases media y baja ya que fue elaborada para que el que más tiene más pague.
En defensa del Estado también intervino el representante de la Procuraduría, Jaime Cevallos, quien manifestó que el juez no era competente para pronunciarse sobre este tema, sino la Corte Constitucional, por tratarse de una norma de carácter general.
El juez que conoció la causa, Vladimir Intriago, informó al cabo de la diligencia que en 72 horas notificará su decisión.
Para hoy están convocadas dos audiencias más: una a las 15:30 en el Juzgado Decimotercero de la Niñez y Adolescencia, para conocer la acción planteada por el presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, Miguel Palacios; y otra a las 11:00 en el Juzgado Décimo de la Niñez de Pichincha para tratar el recurso presentado por el asambleísta Galo Lara (SP).
