La sentencia condenatoria en contra del coronel Rolando Tapia, exjefe de la Escolta Legislativa, como autor del delito de atentado a la seguridad interna del Estado, como consecuencia de los hechos del 30 de septiembre de 2010, trajo nuevamente al debate la teoría del Ejecutivo de que, en efecto, ese día hubo un intento de golpe de estado.
No obstante, hasta ahora los investigadores no han podido recabar ningún elemento de juicio que les haga presumir la existencia de los responsables de las dos muertes que se dieron ese día: la del policía del GIR Froilán Jiménez y del otro ciudadano acribillado en la ambulancia de una casa de salud de la capital, sin contar el sinnúmero de heridos, algunos de los cuales se mantuvieron en reserva.
A la fecha, se ha dictado sentencia en tres casos y dos esperan el pronunciamiento del juez respectivo para la audiencia preparatoria de juicio y sustentación del dictamen fiscal.
El primero en ser evacuado fue el caso del mayor retirado del Ejército Fidel Araujo, imputado por el presunto delito de incitación a la rebelión, y para quien el Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha dictó sentencia absolutoria el 2 de abril de 2011 y hasta la fecha en la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se debe fijar día y hora para la audiencia en la que se deberá conocer y resolver el recurso de apelación de la Fiscalía.
Luego, el 13 de mayo vino la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha a favor del coronel César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, y los otros uniformados que estuvieron procesados por el presunto delito de intento de magnicidio al presidente Rafael Correa. Este fallo también fue apelado por la Fiscalía y la Tercera Sala Penal de la Corte Provincial no ha fijado aún fecha para la audiencia.
Para el caso del coronel Tapia y los otros uniformados condenados por el Tribunal Segundo, se anuncia que se presentarán también recursos de apelación.
En espera están la investigación de los supuestos destrozos en Ecuador TV y la del presunto delito de rebelión que afrontan 47 policías.
Reacciones
“Nada está perdido, esto recién empieza”, sentenció la asambleísta Lourdes Tibán (PK) frente a la decisión de culpabilidad para Tapia y cinco policías más tomada la madrugada de ayer, entre los que está su hermano, Marco Tibán.
La legisladora sostuvo que la sentencia fue para ella y no para su hermano y agregó que quieren simbolizar “al coronel Tapia como el único responsable de todos los hechos del 30 de septiembre, sumado a esto a los cinco policías más”.
“Yo no sé qué está festejando la gente de Alianza PAIS que, con total alegría, dice que ha recibido esta mañana la noticia de que por fin hay justicia... no hay que ser sinvergüenzas y festejar un acto eminentemente político, como ha sido la sentencia emitida”.
Finalmente Tibán cuestionó: “¿Dónde están los responsables de los ocho muertos, francotiradores detenidos, balas y de dónde salieron los que cerraron el Aeropuerto Internacional de Quito y los responsables del “secuestro” del Primer Mandatario”.
Finalmente la legisladora informó que tomarán varias acciones legales, entre ellas la apelación, y presentarán el caso a la Comisión y Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en Washington.
No obstante, hasta ahora los investigadores no han podido recabar ningún elemento de juicio que les haga presumir la existencia de los responsables de las dos muertes que se dieron ese día: la del policía del GIR Froilán Jiménez y del otro ciudadano acribillado en la ambulancia de una casa de salud de la capital, sin contar el sinnúmero de heridos, algunos de los cuales se mantuvieron en reserva.
A la fecha, se ha dictado sentencia en tres casos y dos esperan el pronunciamiento del juez respectivo para la audiencia preparatoria de juicio y sustentación del dictamen fiscal.
El primero en ser evacuado fue el caso del mayor retirado del Ejército Fidel Araujo, imputado por el presunto delito de incitación a la rebelión, y para quien el Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha dictó sentencia absolutoria el 2 de abril de 2011 y hasta la fecha en la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se debe fijar día y hora para la audiencia en la que se deberá conocer y resolver el recurso de apelación de la Fiscalía.
Luego, el 13 de mayo vino la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha a favor del coronel César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, y los otros uniformados que estuvieron procesados por el presunto delito de intento de magnicidio al presidente Rafael Correa. Este fallo también fue apelado por la Fiscalía y la Tercera Sala Penal de la Corte Provincial no ha fijado aún fecha para la audiencia.
Para el caso del coronel Tapia y los otros uniformados condenados por el Tribunal Segundo, se anuncia que se presentarán también recursos de apelación.
En espera están la investigación de los supuestos destrozos en Ecuador TV y la del presunto delito de rebelión que afrontan 47 policías.
Reacciones
“Nada está perdido, esto recién empieza”, sentenció la asambleísta Lourdes Tibán (PK) frente a la decisión de culpabilidad para Tapia y cinco policías más tomada la madrugada de ayer, entre los que está su hermano, Marco Tibán.
La legisladora sostuvo que la sentencia fue para ella y no para su hermano y agregó que quieren simbolizar “al coronel Tapia como el único responsable de todos los hechos del 30 de septiembre, sumado a esto a los cinco policías más”.
“Yo no sé qué está festejando la gente de Alianza PAIS que, con total alegría, dice que ha recibido esta mañana la noticia de que por fin hay justicia... no hay que ser sinvergüenzas y festejar un acto eminentemente político, como ha sido la sentencia emitida”.
Finalmente Tibán cuestionó: “¿Dónde están los responsables de los ocho muertos, francotiradores detenidos, balas y de dónde salieron los que cerraron el Aeropuerto Internacional de Quito y los responsables del “secuestro” del Primer Mandatario”.
Finalmente la legisladora informó que tomarán varias acciones legales, entre ellas la apelación, y presentarán el caso a la Comisión y Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en Washington.
