La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) lamentaron ayer, el “deterioro de la libertad de prensa que se vive en Ecuador bajo el Gobierno de Rafael Correa”.
En una conferencia en el Diálogo Interamericano de Washington, la relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, mostró su preocupación por el uso del derecho penal para "procesar comentarios críticos".
Botero lamentó que, a pesar de que el Gobierno se había comprometido a elaborar un código penal que excluyera el desacato, las injurias y las calumnias en el ámbito de la libertad de expresión, Correa "ha utilizado las normas que el propio Gobierno había decidido reformar el año pasado, para procesar a personas que han hecho columnas de opinión en su contra".
El coordinador del programa de las Américas del Comité de Protección de Periodistas (CPJ), Carlos Lauría, se refirió también a la situación de la libertad de prensa en Ecuador, a la que calificó como "preocupante".
Lauría opinó que el Gobierno es "cada vez más intolerante y que utiliza distintos recursos para emprender contra sus críticos, como la utilización del derecho penal".
Recordó la demanda que interpuso Correa contra tres directivos y un editorialista del diario El Universo, en la que pide tres años de cárcel y 80 millones de dólares en compensación por una columna de opinión crítica.
Además, advirtió que "hay dos amenazas que se ciernen" sobre la libertad de expresión con la creación de un consejo de comunicación con un lenguaje muy "vago" y "ambiguo", que fue aprobado en referéndum el pasado 7 de mayo y con el que, según dijo, los periodistas ecuatorianos consideran se "abriría la puerta a la censura" del Gobierno.
Varios asambleístas de oposición insisten en invitar a Botero al debate del proyecto de Ley de Comunicación, sin embargo, Cordero ha señalado y se ratificó ayer en que ella podrá ir pero no como colegisladora sino como simple observadora.
Sobre el tema, Botero mencionó: "No hemos recibido una invitación oficial, pero si existiera, asistir sería parte del mandato de la relatoría", señaló.
Botero, que ya en agosto de 2010 envió una carta a la Asamblea criticando el entonces borrador del proyecto de Ley, afirmó que ha tenido "un diálogo muy fluido" con congresistas y señaló que esa y otras misivas que ha enviado la CIDH son "una manera de participar".
"Lo que esperamos es que esos argumentos que nosotros pusimos en las cartas enviadas y en las distintas conversaciones que hemos sostenido se tengan en cuenta en el momento de debate", enfatizó.
Los asambleístas que la invitaron no descartaron la posibilidad de solicitar un cambio de orden del día en la próxima sesión del Pleno el Legislativo para que sean todos los legisladores quienes decidan el tema.
César Montúfar reiteró la intención de invitar a la Relatora para discutir, debatir, profundizar y analizar el contenido de sus observaciones, mientras que Lourdes Tibán sostuvo: “yo no sé a qué tienen miedo”.
Cordero, por su parte, dijo: “lo que no puedo permitir es que ella venga a darnos haciendo la ley”.
En agosto de 2010, Catalina Botero ya envío una carta a la Asamblea criticando el proyecto de ley.
En una conferencia en el Diálogo Interamericano de Washington, la relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, mostró su preocupación por el uso del derecho penal para "procesar comentarios críticos".
Botero lamentó que, a pesar de que el Gobierno se había comprometido a elaborar un código penal que excluyera el desacato, las injurias y las calumnias en el ámbito de la libertad de expresión, Correa "ha utilizado las normas que el propio Gobierno había decidido reformar el año pasado, para procesar a personas que han hecho columnas de opinión en su contra".
El coordinador del programa de las Américas del Comité de Protección de Periodistas (CPJ), Carlos Lauría, se refirió también a la situación de la libertad de prensa en Ecuador, a la que calificó como "preocupante".
Lauría opinó que el Gobierno es "cada vez más intolerante y que utiliza distintos recursos para emprender contra sus críticos, como la utilización del derecho penal".
Recordó la demanda que interpuso Correa contra tres directivos y un editorialista del diario El Universo, en la que pide tres años de cárcel y 80 millones de dólares en compensación por una columna de opinión crítica.
Además, advirtió que "hay dos amenazas que se ciernen" sobre la libertad de expresión con la creación de un consejo de comunicación con un lenguaje muy "vago" y "ambiguo", que fue aprobado en referéndum el pasado 7 de mayo y con el que, según dijo, los periodistas ecuatorianos consideran se "abriría la puerta a la censura" del Gobierno.
Varios asambleístas de oposición insisten en invitar a Botero al debate del proyecto de Ley de Comunicación, sin embargo, Cordero ha señalado y se ratificó ayer en que ella podrá ir pero no como colegisladora sino como simple observadora.
Sobre el tema, Botero mencionó: "No hemos recibido una invitación oficial, pero si existiera, asistir sería parte del mandato de la relatoría", señaló.
Botero, que ya en agosto de 2010 envió una carta a la Asamblea criticando el entonces borrador del proyecto de Ley, afirmó que ha tenido "un diálogo muy fluido" con congresistas y señaló que esa y otras misivas que ha enviado la CIDH son "una manera de participar".
"Lo que esperamos es que esos argumentos que nosotros pusimos en las cartas enviadas y en las distintas conversaciones que hemos sostenido se tengan en cuenta en el momento de debate", enfatizó.
Los asambleístas que la invitaron no descartaron la posibilidad de solicitar un cambio de orden del día en la próxima sesión del Pleno el Legislativo para que sean todos los legisladores quienes decidan el tema.
César Montúfar reiteró la intención de invitar a la Relatora para discutir, debatir, profundizar y analizar el contenido de sus observaciones, mientras que Lourdes Tibán sostuvo: “yo no sé a qué tienen miedo”.
Cordero, por su parte, dijo: “lo que no puedo permitir es que ella venga a darnos haciendo la ley”.
En agosto de 2010, Catalina Botero ya envío una carta a la Asamblea criticando el proyecto de ley.
