El oficial está preocupado por la “presión política” que ha impuesto Alianza País en su juicio. Sus palabras se respaldan en las manifestaciones públicas que han organizado los simpatizantes de Alianza País, aunque ayer fue pequeña. También en las declaraciones de los ministros, como Doris Soliz y José Serrano y los asambleístas de la bancada oficial.
Todos los representantes del movimiento gobiernista han reiterado que esperan que el coronel, Marco Tibán, Francisco Noboa, Patricio Simancas, Mario Flores y Carlos Tasinchana sean sentenciados s por la presunta toma de la Asamblea Nacional durante la sublevación del 30-S.
Los seis son acusados de supuesto atentado contra la seguridad interna del Estado, delito por el cual pudieran permanecer hasta ocho años en prisión, según su grado de responsabilidad.
Por ejemplo, la sanción más fuerte la pudiera recibir el coronel Tapia. La Fiscalía lo acusó como autor del delito. El 30 de septiembre pasado, tenía el cargo de jefe de la Escolta Legislativa.
Según el Código Penal vigente, impedir la reunión del Congreso (Asamblea) será reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años. El fiscal Miguel Jurado asegura que Tapia, por ser jefe de la Escolta, impidió que se realice la sesión legislativa previsto para el 30 de septiembre pasado.
El abogado del oficial, Víctor Hugo Cevallos, aseguró que la acusación de la Fiscalía no tiene sentido, porque su cliente no suspendió la sesión. “Esa fue una decisión que tomó la asambleísta Irina Cabezas (Alianza País) que ese día era presidenta de la Asamblea”, sostuvo Cevallos.
No obstante, hay otro hecho en contra del coronel Tapia. Ayer, el ministro del Interior, José Serrano, informó que el Consejo de Generales de la Policía sancionó al oficial por su mala conducta en los hechos del 30-S. Esa sanción no sustentará la acusación penal, pero pudiera afectar a su futuro profesional en la Policía.
En el caso de los otros cinco implicados las sanciones serían menores. Por ejemplo, el capitán Patricio Simancas y el cabo Mario Flores son considerados como cómplices. Para su caso, el Código Penal establece condena de hasta cuatro años de prisión.
Mientras que el capitán Francisco Noboa y el cabo Marco Tibán (hermano de la asambleísta Lourdes Tibán) y Carlos Tasinchana fueron considerados como encubridores. Para ellos, la pena máxima sería de dos años.
La decisión final la tendrá el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha. Ayer, su presidente, Renato Vásquez, confirmó que la audiencia de juzgamiento seguirá siendo reservada. Es decir, que solo están autorizados a permanecer en la diligencia los testigos, peritos, los acusados y fiscales.
Hasta ayer, se presentaron los peritos y testigos de la Fiscalía. Entre ellos los asambleístas de A. País, como Paco Velasco, Rosana Alvarado, Irina Cabezas, Marisol Peñafiel... La audiencia se pudiera cerrar la próxima semana.
Todos los representantes del movimiento gobiernista han reiterado que esperan que el coronel, Marco Tibán, Francisco Noboa, Patricio Simancas, Mario Flores y Carlos Tasinchana sean sentenciados s por la presunta toma de la Asamblea Nacional durante la sublevación del 30-S.
Los seis son acusados de supuesto atentado contra la seguridad interna del Estado, delito por el cual pudieran permanecer hasta ocho años en prisión, según su grado de responsabilidad.
Por ejemplo, la sanción más fuerte la pudiera recibir el coronel Tapia. La Fiscalía lo acusó como autor del delito. El 30 de septiembre pasado, tenía el cargo de jefe de la Escolta Legislativa.
Según el Código Penal vigente, impedir la reunión del Congreso (Asamblea) será reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años. El fiscal Miguel Jurado asegura que Tapia, por ser jefe de la Escolta, impidió que se realice la sesión legislativa previsto para el 30 de septiembre pasado.
El abogado del oficial, Víctor Hugo Cevallos, aseguró que la acusación de la Fiscalía no tiene sentido, porque su cliente no suspendió la sesión. “Esa fue una decisión que tomó la asambleísta Irina Cabezas (Alianza País) que ese día era presidenta de la Asamblea”, sostuvo Cevallos.
No obstante, hay otro hecho en contra del coronel Tapia. Ayer, el ministro del Interior, José Serrano, informó que el Consejo de Generales de la Policía sancionó al oficial por su mala conducta en los hechos del 30-S. Esa sanción no sustentará la acusación penal, pero pudiera afectar a su futuro profesional en la Policía.
En el caso de los otros cinco implicados las sanciones serían menores. Por ejemplo, el capitán Patricio Simancas y el cabo Mario Flores son considerados como cómplices. Para su caso, el Código Penal establece condena de hasta cuatro años de prisión.
Mientras que el capitán Francisco Noboa y el cabo Marco Tibán (hermano de la asambleísta Lourdes Tibán) y Carlos Tasinchana fueron considerados como encubridores. Para ellos, la pena máxima sería de dos años.
La decisión final la tendrá el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha. Ayer, su presidente, Renato Vásquez, confirmó que la audiencia de juzgamiento seguirá siendo reservada. Es decir, que solo están autorizados a permanecer en la diligencia los testigos, peritos, los acusados y fiscales.
Hasta ayer, se presentaron los peritos y testigos de la Fiscalía. Entre ellos los asambleístas de A. País, como Paco Velasco, Rosana Alvarado, Irina Cabezas, Marisol Peñafiel... La audiencia se pudiera cerrar la próxima semana.
