Una vez que la aerolínea Ícaro solicitó su disolución como empresa ante la Superintendencia de Compañías pasará hasta un año para que esta desaparezca legalmente.
La abogada societaria Ana Lucía Rosero explicó que, antes de la entrega de la solicitud, la firma debió haber nombrado a un liquidador, generando balances de liquidación (con activos y pasivos) y suscribir un acta final.
“Lo que le toca a la Superintendencia es emitir una resolución de cancelación de la compañía. Con ello, la empresa tendrá que notificar al Servicio de Rentas Internas (SRI) la decisión de que se ha cancelado la empresa (adjuntando documentación) y finalmente inscribir lo resuelto por el ente regulador en el Registro Mercantil. Con eso ya queda constancia de la disolución”.
Este proceso habría iniciado hace un mes pero no se conoce oficialmente en qué fase del proceso se encuentra, ya que la Superintendencia, pese a los pedidos realizados, no entregó información sobre el caso a este Diario.
El hermetismo por parte de Ícaro es tal que ni siquiera el Consejo Nacional de Aviación Civil (CNAC) conocía sobre dicho pedido de disolución. Según Carlos Jácome, presidente del CNAC, hace cuatro semanas solicitó a la Superintendencia de Compañías información sobre la situación de la firma y la respuesta, recibida hace 15 días, fue que todo se encontraba en orden.
“Vamos a enviar una nueva solicitud a la firma para conocer sobre su situación. Requerimos información sobre si la compañía va a disolverse o va a mantenerse para tomar decisiones”.
Al desaparecer una empresa de aviación todas las frecuencias que maneja regresan al Estado. Lo mismo se produce si no las usa. En el caso de Ícaro, la DGAC suspendió sus vuelos a Galápagos (excepto los que hace en código compartido con LAN) y de cinco frecuencias a Guayaquil por pedido de la misma compañía aérea.
La empresa tenía 72 frecuencias otorgadas, pero en la actualidad apenas usa el 25% de las mismas. Los únicos vuelos que realiza son a Manta y El Coca con un único avión que data de 1980.
Precisamente, esta sería una de las razones por las que la empresa no tenía la capacidad operativa para dar el servicio a sus clientes.
En los puntos de venta del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se observa letreros en los que se indica que no hay vuelos a Guayaquil, aunque los empleados aseguran que en la ruta Quito-Manta-Quito todo está normal.
Este Diario buscó una declaración de Guido Saltos, presidente de Ícaro, sobre la situación de la empresa pero en repetidas ocasiones diferentes asesores contestaron el teléfono diciendo que se encontraba fuera de la ciudad.
Él deberá responder a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), en una audiencia previa convocada por la entidad, sobre el estado de la empresa. Esta no ha revelado por qué tomó la decisión de disolverse pero en derecho societario las razones pueden ser resolución de los socios, quiebra, etc. Estas causales traen la inactividad y desaparición de la firma.
La abogada societaria Ana Lucía Rosero explicó que, antes de la entrega de la solicitud, la firma debió haber nombrado a un liquidador, generando balances de liquidación (con activos y pasivos) y suscribir un acta final.
“Lo que le toca a la Superintendencia es emitir una resolución de cancelación de la compañía. Con ello, la empresa tendrá que notificar al Servicio de Rentas Internas (SRI) la decisión de que se ha cancelado la empresa (adjuntando documentación) y finalmente inscribir lo resuelto por el ente regulador en el Registro Mercantil. Con eso ya queda constancia de la disolución”.
Este proceso habría iniciado hace un mes pero no se conoce oficialmente en qué fase del proceso se encuentra, ya que la Superintendencia, pese a los pedidos realizados, no entregó información sobre el caso a este Diario.
El hermetismo por parte de Ícaro es tal que ni siquiera el Consejo Nacional de Aviación Civil (CNAC) conocía sobre dicho pedido de disolución. Según Carlos Jácome, presidente del CNAC, hace cuatro semanas solicitó a la Superintendencia de Compañías información sobre la situación de la firma y la respuesta, recibida hace 15 días, fue que todo se encontraba en orden.
“Vamos a enviar una nueva solicitud a la firma para conocer sobre su situación. Requerimos información sobre si la compañía va a disolverse o va a mantenerse para tomar decisiones”.
Al desaparecer una empresa de aviación todas las frecuencias que maneja regresan al Estado. Lo mismo se produce si no las usa. En el caso de Ícaro, la DGAC suspendió sus vuelos a Galápagos (excepto los que hace en código compartido con LAN) y de cinco frecuencias a Guayaquil por pedido de la misma compañía aérea.
La empresa tenía 72 frecuencias otorgadas, pero en la actualidad apenas usa el 25% de las mismas. Los únicos vuelos que realiza son a Manta y El Coca con un único avión que data de 1980.
Precisamente, esta sería una de las razones por las que la empresa no tenía la capacidad operativa para dar el servicio a sus clientes.
En los puntos de venta del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se observa letreros en los que se indica que no hay vuelos a Guayaquil, aunque los empleados aseguran que en la ruta Quito-Manta-Quito todo está normal.
Este Diario buscó una declaración de Guido Saltos, presidente de Ícaro, sobre la situación de la empresa pero en repetidas ocasiones diferentes asesores contestaron el teléfono diciendo que se encontraba fuera de la ciudad.
Él deberá responder a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), en una audiencia previa convocada por la entidad, sobre el estado de la empresa. Esta no ha revelado por qué tomó la decisión de disolverse pero en derecho societario las razones pueden ser resolución de los socios, quiebra, etc. Estas causales traen la inactividad y desaparición de la firma.
