Todo se encuentra listo para que el Ejecutivo remita a la Asamblea Nacional la Ley de Control de Poder y Regulación del Mercado. Eso lo confirmó la subsecretaria de Competencia y Defensa del Consumidor, María Teresa Lara.
Según explicó la funcionaria, el tema de la institucionalidad será una de las fortalezas del proyecto. Es así que se creará la Superintendencia de Competencias, una entidad con autonomía administrativa, financiera, capacidad reguladora y con total independencia del Poder Ejecutivo.
Adicionalmente, el proyecto recoge sanciones relacionadas con el cese de la conducta anticompetitiva, de carácter correctivo y pecuniarias que actualmente se encuentran vigentes en el Ecuador como efecto de la aplicación de la Decisión 608 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
En el país, por más de una década se ha dilatado la aprobación y aplicación de una ley que permita regular las prácticas empresariales que atenten a la competencia. Unos cuatro proyectos se han presentado desde 1999. Ahora, por segunda vez, el Gobierno apunta a un nuevo proyecto, esta vez de la mano de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).
También participaron en la elaboración de la Ley el Ministerio de Industrias, el Ministerio Coordinador de la Producción, el Ministerio Coordinador de la Política Económica y la Secretaría Jurídica General de la Presidencia.
La primera ocasión que el Régimen quiso poner en marcha una ley de este tipo, fue a través del Ministerio de Industrias. Incluso, creó la Subsecretaría de Competencias. Al frente de esta se puso a Fausto Alvarado, quien en más de una oportunidad señaló que la Ley de Competencia ya estaba casi lista y que solo era “cuestión de afinar algunos detalles”.
Hoy, con este nuevo texto, se espera concretar el viejo anhelo de varios sectores. Sin embargo, en el Legislativo desconocen cuando llegará el proyecto para revisarlo.
En el 2002 se logró aprobar un proyecto con participación de amplios sectores, pero fue vetado por el entonces presidente de la República encargado, Pedro Pinto. Entre las razones para objetar la Ley, según una carta enviada al Legislativo el 13 de noviembre de ese año, fue que el tratamiento de temas empresariales debe tomar en cuenta también el derecho a la libertad de empresa.
Esto impactó a miembros de la sociedad civil como María José Troya, directora de la Tribuna del Consumidor, quien hizo aportes al proyecto. “Tenemos que conseguir que se regulen ciertas prácticas que atentan a la competencia y golpean al consumidor. Entre ellas está la fijación de precios por concentrarse las ventas en un solo actor o incluso las fallas en la calidad de los productos”.
Actualmente, el único documento relativo al tema y que reposa en la Asamblea es la Ley Orgánica Antimonopolio, presentado el 13 de octubre del 2009 por el legislador Rafael Dávila y que nunca fue discutido.
En esta nueva etapa, lo que Pablo Dávila, titular de la Cámara de Industriales de Pichincha, espera es que “se apruebe una ley que regule y promueva la libre competencia, que garantice los derechos de los consumidores y que garantice la existencia de los mercados en el país”.
Mientras que para René Ortiz, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, “el proceso para la elaboración de la ley debió haber sido socializado, con la participación del Estado, las empresas y la sociedad civil”.
Según explicó la funcionaria, el tema de la institucionalidad será una de las fortalezas del proyecto. Es así que se creará la Superintendencia de Competencias, una entidad con autonomía administrativa, financiera, capacidad reguladora y con total independencia del Poder Ejecutivo.
Adicionalmente, el proyecto recoge sanciones relacionadas con el cese de la conducta anticompetitiva, de carácter correctivo y pecuniarias que actualmente se encuentran vigentes en el Ecuador como efecto de la aplicación de la Decisión 608 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
En el país, por más de una década se ha dilatado la aprobación y aplicación de una ley que permita regular las prácticas empresariales que atenten a la competencia. Unos cuatro proyectos se han presentado desde 1999. Ahora, por segunda vez, el Gobierno apunta a un nuevo proyecto, esta vez de la mano de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).
También participaron en la elaboración de la Ley el Ministerio de Industrias, el Ministerio Coordinador de la Producción, el Ministerio Coordinador de la Política Económica y la Secretaría Jurídica General de la Presidencia.
La primera ocasión que el Régimen quiso poner en marcha una ley de este tipo, fue a través del Ministerio de Industrias. Incluso, creó la Subsecretaría de Competencias. Al frente de esta se puso a Fausto Alvarado, quien en más de una oportunidad señaló que la Ley de Competencia ya estaba casi lista y que solo era “cuestión de afinar algunos detalles”.
Hoy, con este nuevo texto, se espera concretar el viejo anhelo de varios sectores. Sin embargo, en el Legislativo desconocen cuando llegará el proyecto para revisarlo.
En el 2002 se logró aprobar un proyecto con participación de amplios sectores, pero fue vetado por el entonces presidente de la República encargado, Pedro Pinto. Entre las razones para objetar la Ley, según una carta enviada al Legislativo el 13 de noviembre de ese año, fue que el tratamiento de temas empresariales debe tomar en cuenta también el derecho a la libertad de empresa.
Esto impactó a miembros de la sociedad civil como María José Troya, directora de la Tribuna del Consumidor, quien hizo aportes al proyecto. “Tenemos que conseguir que se regulen ciertas prácticas que atentan a la competencia y golpean al consumidor. Entre ellas está la fijación de precios por concentrarse las ventas en un solo actor o incluso las fallas en la calidad de los productos”.
Actualmente, el único documento relativo al tema y que reposa en la Asamblea es la Ley Orgánica Antimonopolio, presentado el 13 de octubre del 2009 por el legislador Rafael Dávila y que nunca fue discutido.
En esta nueva etapa, lo que Pablo Dávila, titular de la Cámara de Industriales de Pichincha, espera es que “se apruebe una ley que regule y promueva la libre competencia, que garantice los derechos de los consumidores y que garantice la existencia de los mercados en el país”.
Mientras que para René Ortiz, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, “el proceso para la elaboración de la ley debió haber sido socializado, con la participación del Estado, las empresas y la sociedad civil”.
