El Legislativo de Carolina del Sur aprobó hoy una ley que autoriza a la policía revisar el estatus migratorio de los detenidos y obliga a las empresas a comprobar los datos de los trabajadores.
La SB20, inspirada en la SB1070 de Arizona, pasa ahora al escritorio de la gobernadora republicana Nikki Haley, quien ha dicho estar dispuesta a ratificar la medida para detener la "inmigración ilegal" en su estado.
La Cámara Baja hoy estuvo de acuerdo con los cambios realizados hace varias semanas por el Senado, que extendió las discusiones de la ley a raíz del dictamen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre la potestad de los estados en cotejar datos de los trabajadores con el sistema federal "E-Verify".
Los negocios corren el riesgo de perder sus licencias de operación e inclusive el cierre temporal al contratar a "sin papeles" y por no utilizar el programa de verificación de datos de empleados.
"Hoy nos unimos a un número creciente de estados que están tomando acciones para combatir los problemas que generan los ilegales que violan nuestras leyes", afirmó a los medios Bobby Harrell, presidente de la Cámara baja.
Iván Segura, vicepresidente del Consejo de Mexicanos en las Carolinas, dijo a Efe que "es un día triste para Carolina del Sur", reafirmando que "esta es una lucha para recibir igualdad de las comunidades y no solo inmigrantes. Es regresar al tiempo en el que aquí se condenaba a las personas por ser diferentes" .
Una coalición de 21 organizaciones, entre líderes religiosos y defensores de los derechos civiles, urgieron hoy a Haley, cuya familia emigró de la India, vetar la ley argumentando que costará a los contribuyentes "cientos de millones de dólares" y "motivará el perfil racial".
La SB20 estipula que los agentes del deber deben revisar el estatus de un detenido por cualquier falta y convierte en delito mayor la producción y venta de documentos falsos para inmigrantes indocumentados.
También convierte en delito que cualquier adulto -extranjero o ciudadano estadounidense- no cargue consigo una identificación estatal como licencia de conducir o documento migratorio.
Los opositores de la medida calculan que el estado tendría que invertir cerca de 84 millones de dólares para aplicar la ley que además estipula la creación de una Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración.
Tammy Besherse, abogada del Centro de Justicia Legal Applessee de Carolina del Sur, con sede en Columbia, capital del estado, afirmó hoy a Efe que varios grupos de defensa de los inmigrantes del estado discuten la posibilidad de establecer una acción legal para detener la SB20.
"Hemos visto como las cortes bloquearon la ley de Arizona. La SB1070 ha sido un desastre para la economía de Arizona, nefasto para la seguridad y no arregla el sistema quebrantado de inmigración", añadió Besherse.
Diversos sectores económicos como el agrícola, construcción, hotelero, servicios, comida dependen en gran parte de la mano de obra inmigrante.
Los productores se han quejado de que aunque todavía la disposición no ha sido ratificada por la gobernadora, ya tienen dificultad para encontrar trabajadores en ciertas cosechas.
"Entre los productores existe preocupación por las ramificaciones que podría tener si Haley la firma porque enviaría el mensaje que Carolina del Sur no es un lugar muy amigables para los inmigrantes", afirmó a Efe Russell Ott, especialista en temas legislativos del Comité de Agricultores de Carolina del Sur (SCFB).
La SB20 es una extensión de una ley de inmigración aprobada en este estado en 2008 que impone multas a las compañías que contraten a trabajadores sin la documentación migratoria en orden.
Aunque cifras del censo indican que los hispanos representan el 5,1 por ciento de la población del estado, es decir, 235.893, en comparación con 95.076 (2,4 por ciento) en 2000, el Centro Pew reportó que la población indocumentada en Carolina del Sur pasó de 70.000 en 2007 a 55.000 en 2010.
La SB20, inspirada en la SB1070 de Arizona, pasa ahora al escritorio de la gobernadora republicana Nikki Haley, quien ha dicho estar dispuesta a ratificar la medida para detener la "inmigración ilegal" en su estado.
La Cámara Baja hoy estuvo de acuerdo con los cambios realizados hace varias semanas por el Senado, que extendió las discusiones de la ley a raíz del dictamen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre la potestad de los estados en cotejar datos de los trabajadores con el sistema federal "E-Verify".
Los negocios corren el riesgo de perder sus licencias de operación e inclusive el cierre temporal al contratar a "sin papeles" y por no utilizar el programa de verificación de datos de empleados.
"Hoy nos unimos a un número creciente de estados que están tomando acciones para combatir los problemas que generan los ilegales que violan nuestras leyes", afirmó a los medios Bobby Harrell, presidente de la Cámara baja.
Iván Segura, vicepresidente del Consejo de Mexicanos en las Carolinas, dijo a Efe que "es un día triste para Carolina del Sur", reafirmando que "esta es una lucha para recibir igualdad de las comunidades y no solo inmigrantes. Es regresar al tiempo en el que aquí se condenaba a las personas por ser diferentes" .
Una coalición de 21 organizaciones, entre líderes religiosos y defensores de los derechos civiles, urgieron hoy a Haley, cuya familia emigró de la India, vetar la ley argumentando que costará a los contribuyentes "cientos de millones de dólares" y "motivará el perfil racial".
La SB20 estipula que los agentes del deber deben revisar el estatus de un detenido por cualquier falta y convierte en delito mayor la producción y venta de documentos falsos para inmigrantes indocumentados.
También convierte en delito que cualquier adulto -extranjero o ciudadano estadounidense- no cargue consigo una identificación estatal como licencia de conducir o documento migratorio.
Los opositores de la medida calculan que el estado tendría que invertir cerca de 84 millones de dólares para aplicar la ley que además estipula la creación de una Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración.
Tammy Besherse, abogada del Centro de Justicia Legal Applessee de Carolina del Sur, con sede en Columbia, capital del estado, afirmó hoy a Efe que varios grupos de defensa de los inmigrantes del estado discuten la posibilidad de establecer una acción legal para detener la SB20.
"Hemos visto como las cortes bloquearon la ley de Arizona. La SB1070 ha sido un desastre para la economía de Arizona, nefasto para la seguridad y no arregla el sistema quebrantado de inmigración", añadió Besherse.
Diversos sectores económicos como el agrícola, construcción, hotelero, servicios, comida dependen en gran parte de la mano de obra inmigrante.
Los productores se han quejado de que aunque todavía la disposición no ha sido ratificada por la gobernadora, ya tienen dificultad para encontrar trabajadores en ciertas cosechas.
"Entre los productores existe preocupación por las ramificaciones que podría tener si Haley la firma porque enviaría el mensaje que Carolina del Sur no es un lugar muy amigables para los inmigrantes", afirmó a Efe Russell Ott, especialista en temas legislativos del Comité de Agricultores de Carolina del Sur (SCFB).
La SB20 es una extensión de una ley de inmigración aprobada en este estado en 2008 que impone multas a las compañías que contraten a trabajadores sin la documentación migratoria en orden.
Aunque cifras del censo indican que los hispanos representan el 5,1 por ciento de la población del estado, es decir, 235.893, en comparación con 95.076 (2,4 por ciento) en 2000, el Centro Pew reportó que la población indocumentada en Carolina del Sur pasó de 70.000 en 2007 a 55.000 en 2010.
