La sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Silvia Salgado (Socialista), inició con más de una hora de retraso con el trámite del proceso de juicio político en contra del ministro del Interior José Serrano, planteado por César Montúfar (CND), para recibir las pruebas de cargo y descargo.
El Ministro sostuvo que el proceso busca disminuir la gravedad de lo sucedido el 30-S, argumentando que lo que se pretende juzgar “no es el desempeño como servidor público, sino la esencia misma del proceso de transformación democrática por la que transita nuestro país”.
El funcionario aseveró que la acusación se basa en “torcidos intereses”, y agregó que en el caso de César Carrión, en el que, según la demanda, él trato de presionar al juez, “los jueces se convirtieron en abogados de los imputados en lugar de defender la majestad de ser jueces”, y “emití mi opinión como ciudadano y también como servidor público ofendido por lo que ocurría en esta audiencia”, dijo, respecto a sus declaraciones durante el proceso de juzgamiento al exdirector del Hospital de la Policía.
La acusación
De su parte, Montúfar reiteró que Serrano podía rectificarse de sus declaraciones vertidas frente al caso Carrión, que fueron "una amenaza flagrante ante los ojos de todo el país a un magistrado que actuaba en un proceso judicial".
“En la Comisión escuchamos atónitos las declaraciones de Sierra y de cómo un Ministro de Estado impone su presencia en un tribunal que lleva la causa que él impulsó”, recordó el legislador.
El asambleísta, lo acusa de intervención ilegitima en un proceso, violación a la independencia de funciones del Estado, amenazas a un juez, afectación a los derechos de las partes en un proceso judicial, incumplimiento del Estatuto Orgánico de Procesos del Ministerio del Interior y afectación a los principios que fundan el Estado Constitucional del Ecuador.
La sesión
Durante el encuentro, ingresaron varios legisladores de PAIS a presenciar el proceso, entre ellos Paco Velasco, Aminta Buenaño, Irina Cabezas, María Augusta Calle, Carlos Velasco, Dora Aguirre, Zobeida Gudiño y Soledad Buendía, del Ministerio Coordinador de la Política, así como funcionarios del Ministerio del Interior.
Asimismo, se notó la presencia de Carrión y su familia. Una vez que salieron, su esposa expresó que el Gobierno “sigue metiéndole la mano a la justicia y que por lo que no pudieron comprar a los jueces ahora están sacando las uñas”.
Serrano aseguró que antes de dictar sentencia, Hugo Sierra, presidente del Tribunal Quinto de Garantías Penales, recayó en prevaricato puesto que ya existía un pacto preacordado, por lo que sus declaraciones, que no negó, no fueron amenazas sino denuncias.
Galo Lara (PSP) y Ramiro Terán (MPD) concordaron en que la exposición del secretario de Estado nunca se basó en las acusaciones presentadas en la solicitud de juicio político.
El Ministro sostuvo que el proceso busca disminuir la gravedad de lo sucedido el 30-S, argumentando que lo que se pretende juzgar “no es el desempeño como servidor público, sino la esencia misma del proceso de transformación democrática por la que transita nuestro país”.
El funcionario aseveró que la acusación se basa en “torcidos intereses”, y agregó que en el caso de César Carrión, en el que, según la demanda, él trato de presionar al juez, “los jueces se convirtieron en abogados de los imputados en lugar de defender la majestad de ser jueces”, y “emití mi opinión como ciudadano y también como servidor público ofendido por lo que ocurría en esta audiencia”, dijo, respecto a sus declaraciones durante el proceso de juzgamiento al exdirector del Hospital de la Policía.
La acusación
De su parte, Montúfar reiteró que Serrano podía rectificarse de sus declaraciones vertidas frente al caso Carrión, que fueron "una amenaza flagrante ante los ojos de todo el país a un magistrado que actuaba en un proceso judicial".
“En la Comisión escuchamos atónitos las declaraciones de Sierra y de cómo un Ministro de Estado impone su presencia en un tribunal que lleva la causa que él impulsó”, recordó el legislador.
El asambleísta, lo acusa de intervención ilegitima en un proceso, violación a la independencia de funciones del Estado, amenazas a un juez, afectación a los derechos de las partes en un proceso judicial, incumplimiento del Estatuto Orgánico de Procesos del Ministerio del Interior y afectación a los principios que fundan el Estado Constitucional del Ecuador.
La sesión
Durante el encuentro, ingresaron varios legisladores de PAIS a presenciar el proceso, entre ellos Paco Velasco, Aminta Buenaño, Irina Cabezas, María Augusta Calle, Carlos Velasco, Dora Aguirre, Zobeida Gudiño y Soledad Buendía, del Ministerio Coordinador de la Política, así como funcionarios del Ministerio del Interior.
Asimismo, se notó la presencia de Carrión y su familia. Una vez que salieron, su esposa expresó que el Gobierno “sigue metiéndole la mano a la justicia y que por lo que no pudieron comprar a los jueces ahora están sacando las uñas”.
Serrano aseguró que antes de dictar sentencia, Hugo Sierra, presidente del Tribunal Quinto de Garantías Penales, recayó en prevaricato puesto que ya existía un pacto preacordado, por lo que sus declaraciones, que no negó, no fueron amenazas sino denuncias.
Galo Lara (PSP) y Ramiro Terán (MPD) concordaron en que la exposición del secretario de Estado nunca se basó en las acusaciones presentadas en la solicitud de juicio político.
