QUITO. La Contraloría General del Estado determinó que las dotaciones de armas de la Policía Nacional fueron mal utilizadas durante la sublevación del 30 de septiembre del 2010, cuando miles de uniformados protestaron por la nueva Ley de Servicio público
Tres ex altos oficiales de la Policía y otros 101 gendarmes fueron sancionados administrativamente con multas, como resultado de la auditoría al uso de bienes públicos del Regimiento Quito Nº 1 durante la sublevación del 30 de septiembre del 2010, efectuada por la Contraloría General del Estado.
Los policías de alto rango culpados son el excomandante de la Policía, general Freddy Martínez Pico; el exdirector general de Logística, general Carlos Arcos Betancourth; y el excomandante del Distrito Metropolitano de Quito, coronel Julio César Cueva; ellos deberán pagar, cada uno, $ 5.280, que es el equivalente a veinte remuneraciones básicas unificadas, la sanción más fuerte que puede imponer el órgano de control.
El resto de la tropa, entre subtenientes, sargentos y cabos, fue multado con el tope de diez remuneraciones básicas unificadas, esto es $ 2.640.
El examen de la Contraloría, que cubrió tres días (del 29 de septiembre al 1 de octubre del año pasado), determinó que la institución policial no ejerce un adecuado control sobre sus rastrillos (donde se almacenan armamento y municiones) ni sobre el equipamiento que asigna a sus miembros para que cumplan con su misión de velar por la seguridad ciudadana.
De ahí que, según mostraron las fotografías y los videos de los medios de comunicación social, esas dotaciones de armas hayan sido mal utilizadas el 30-S, jornadas a las que la Contraloría se refiere como “protestas”.
Según el informe al que tuvo acceso este Diario, tanto la infraestructura física de los rastrillos como sus archivos no garantizan una custodia efectiva.
Los auditores tomaron fotografías de los sitios ¬incluidas en su reporte¬ que muestran que algunos de los bienes y documentos se encuentran en el piso. No hay anaqueles, archivadores o perchas.
Tampoco existe, según el texto, registros actualizados del material que, supuestamente, está almacenado ni de su movimiento. “Varias transacciones se registran en fechas posteriores a la ocurrencia, varios de los ingresos y egresos no están registrados ni respaldados en autorizaciones escritas ya que en ocasiones dichos movimientos obedecen a disposiciones verbales”, refiere el informe.
Los peritos de la Contraloría detectaron, asimismo, que en la institución no se efectúan constataciones físicas periódicas del equipamiento (chalecos, armas, munición, esposas, toletes y gas pimienta) que recibe cada servidor, sino que son estos los que efectúan reportes sobre su uso o su pérdida.
Esto ocurre porque, según lo expresó el propio exdirector de Logística en sus oficios de descargo, la Policía Nacional considera esta dotación como un “gasto” y no como un “activo fijo sujeto a control”.
Quince días después de la sublevación policial, sin embargo, la Contraloría –a través de sus direcciones regionales– realizó una verificación del material entregado a los uniformados en varias provincias; ahí descubrió que, en algunos casos, estos no lo tenían completo, y en otros, al contrario, poseían cantidades superiores a las regulares.
Los policías argumentaron que tenían exceso de material por dos razones: o las recibieron para sus prácticas de tiro y no las habían usado aún, o la adquirían personalmente en diferentes lugares de expendio.
Ellos comentaron a los auditores que la ausencia de controles oficiales había desarrollado un mercado informal de municiones en el que podían comprarlas libremente.
Tres ex altos oficiales de la Policía y otros 101 gendarmes fueron sancionados administrativamente con multas, como resultado de la auditoría al uso de bienes públicos del Regimiento Quito Nº 1 durante la sublevación del 30 de septiembre del 2010, efectuada por la Contraloría General del Estado.
Los policías de alto rango culpados son el excomandante de la Policía, general Freddy Martínez Pico; el exdirector general de Logística, general Carlos Arcos Betancourth; y el excomandante del Distrito Metropolitano de Quito, coronel Julio César Cueva; ellos deberán pagar, cada uno, $ 5.280, que es el equivalente a veinte remuneraciones básicas unificadas, la sanción más fuerte que puede imponer el órgano de control.
El resto de la tropa, entre subtenientes, sargentos y cabos, fue multado con el tope de diez remuneraciones básicas unificadas, esto es $ 2.640.
El examen de la Contraloría, que cubrió tres días (del 29 de septiembre al 1 de octubre del año pasado), determinó que la institución policial no ejerce un adecuado control sobre sus rastrillos (donde se almacenan armamento y municiones) ni sobre el equipamiento que asigna a sus miembros para que cumplan con su misión de velar por la seguridad ciudadana.
De ahí que, según mostraron las fotografías y los videos de los medios de comunicación social, esas dotaciones de armas hayan sido mal utilizadas el 30-S, jornadas a las que la Contraloría se refiere como “protestas”.
Según el informe al que tuvo acceso este Diario, tanto la infraestructura física de los rastrillos como sus archivos no garantizan una custodia efectiva.
Los auditores tomaron fotografías de los sitios ¬incluidas en su reporte¬ que muestran que algunos de los bienes y documentos se encuentran en el piso. No hay anaqueles, archivadores o perchas.
Tampoco existe, según el texto, registros actualizados del material que, supuestamente, está almacenado ni de su movimiento. “Varias transacciones se registran en fechas posteriores a la ocurrencia, varios de los ingresos y egresos no están registrados ni respaldados en autorizaciones escritas ya que en ocasiones dichos movimientos obedecen a disposiciones verbales”, refiere el informe.
Los peritos de la Contraloría detectaron, asimismo, que en la institución no se efectúan constataciones físicas periódicas del equipamiento (chalecos, armas, munición, esposas, toletes y gas pimienta) que recibe cada servidor, sino que son estos los que efectúan reportes sobre su uso o su pérdida.
Esto ocurre porque, según lo expresó el propio exdirector de Logística en sus oficios de descargo, la Policía Nacional considera esta dotación como un “gasto” y no como un “activo fijo sujeto a control”.
Quince días después de la sublevación policial, sin embargo, la Contraloría –a través de sus direcciones regionales– realizó una verificación del material entregado a los uniformados en varias provincias; ahí descubrió que, en algunos casos, estos no lo tenían completo, y en otros, al contrario, poseían cantidades superiores a las regulares.
Los policías argumentaron que tenían exceso de material por dos razones: o las recibieron para sus prácticas de tiro y no las habían usado aún, o la adquirían personalmente en diferentes lugares de expendio.
Ellos comentaron a los auditores que la ausencia de controles oficiales había desarrollado un mercado informal de municiones en el que podían comprarlas libremente.
