El Decreto Presidencial 982 abrió el debate en el interior de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). El pasado lunes, en Guayaquil, los representantes de unas 30 agrupaciones analizaron los pro y contra de la propuesta del Ejecutivo, que busca su regulación y control.
Orazio Bellettini, director ejecutivo del Grupo Faro, aseguró que el Decreto, emitido en marzo del 2008, “presentó un carácter altamente discrecional y restrictivo, limitando derechos como la libertad de asociación, reunión y expresión de las OSC”.
Haciendo un rápido análisis, recalcó tres aspectos negativos del planteamiento del Ejecutivo: la limitación de los derechos de estos grupos contemplados en la Constitución; la excesiva solicitud de información por parte del Gobierno y la elevación de los costos para su conformación (de USD 400 a 4 000). Sin embargo, como un mea culpa, Bellettini reconoció que en el interior de algunas OSC hacía falta un mecanismo para detectar presuntos malos manejos de fondos.
La semana pasada, durante un conversatorio con los medios de comunicación en Guayaquil, el presidente Rafael Correa cuestionó que en muchas ocasiones no se considera de dónde proceden los fondos con los que se manejan las organizaciones. También señaló que algunas fundaciones se han olvidado de ejercer la labor para la cual fueron creadas y se han involucrado en política.
Javier Gutiérrez, presidente de la Asociación Red de ONG de Guayaquil, explica que ante los cuestionamientos afinan un sistema para transparentar su información. El resultado del ejercicio, en el que participaron 37 organizaciones, fue el primer informe de rendición de cuentas de las OSC.
Por ejemplo, solo el grupo analizado engloba a 1 416 718 beneficiarios directos y 5 152 316 beneficiarios indirectos. Ante esta cifra, Lourdes Luque, de la Agencia de Desarrollo Económico de Guayaquil, hace hincapié en que no se puede desconocer el aporte de las instituciones.
En cuanto a las fuentes de financiamiento se esclareció que la primera es la autogestión y luego los aportes internacionales. Para María Alvarado, de la fundación Madre Teresa, esto es una muestra de los adelantos de las organizaciones por crear sus propios recursos. “Somos entes privados y hay que pensar en generar utilidades para reinvertirlas en el servicio”.
Para los miembros de las OSC, un aspecto positivo del Decreto 982 es la creación del Registro único de las Organizaciones de la Sociedad Civil. De esta forma se podrá conocer con claridad la línea de trabajo, presupuesto y alcance de cada fundación y asociación sin fines de lucro en el país.
Orazio Bellettini, director ejecutivo del Grupo Faro, aseguró que el Decreto, emitido en marzo del 2008, “presentó un carácter altamente discrecional y restrictivo, limitando derechos como la libertad de asociación, reunión y expresión de las OSC”.
Haciendo un rápido análisis, recalcó tres aspectos negativos del planteamiento del Ejecutivo: la limitación de los derechos de estos grupos contemplados en la Constitución; la excesiva solicitud de información por parte del Gobierno y la elevación de los costos para su conformación (de USD 400 a 4 000). Sin embargo, como un mea culpa, Bellettini reconoció que en el interior de algunas OSC hacía falta un mecanismo para detectar presuntos malos manejos de fondos.
La semana pasada, durante un conversatorio con los medios de comunicación en Guayaquil, el presidente Rafael Correa cuestionó que en muchas ocasiones no se considera de dónde proceden los fondos con los que se manejan las organizaciones. También señaló que algunas fundaciones se han olvidado de ejercer la labor para la cual fueron creadas y se han involucrado en política.
Javier Gutiérrez, presidente de la Asociación Red de ONG de Guayaquil, explica que ante los cuestionamientos afinan un sistema para transparentar su información. El resultado del ejercicio, en el que participaron 37 organizaciones, fue el primer informe de rendición de cuentas de las OSC.
Por ejemplo, solo el grupo analizado engloba a 1 416 718 beneficiarios directos y 5 152 316 beneficiarios indirectos. Ante esta cifra, Lourdes Luque, de la Agencia de Desarrollo Económico de Guayaquil, hace hincapié en que no se puede desconocer el aporte de las instituciones.
En cuanto a las fuentes de financiamiento se esclareció que la primera es la autogestión y luego los aportes internacionales. Para María Alvarado, de la fundación Madre Teresa, esto es una muestra de los adelantos de las organizaciones por crear sus propios recursos. “Somos entes privados y hay que pensar en generar utilidades para reinvertirlas en el servicio”.
Para los miembros de las OSC, un aspecto positivo del Decreto 982 es la creación del Registro único de las Organizaciones de la Sociedad Civil. De esta forma se podrá conocer con claridad la línea de trabajo, presupuesto y alcance de cada fundación y asociación sin fines de lucro en el país.
