Militares y policías forcejearon con los trabajadores de las salas de juegos, al despejar la calle para que pudiera pasar el vehículo del presidente de la República, Rafael Correa.
Decepcionados y resignados a perder sus trabajos terminaron, la noche del pasado martes, los cerca de mil empleados de las salas de juegos, quienes se apostaron fuera del Ministerio Zonal de Guayaquil para pedir al presidente Rafael Correa que les permita laborar durante el mismo plazo que los casinos legales (funcionan en hoteles).
Los trabajadores bloquearon por más de seis horas la calle del garaje del Gobierno Zonal para impedir la salida del mandatario y lograr su atención, sin embargo, un contingente de cerca de 100 uniformados, entre policías y militares, organizó un operativo que obligó a los manifestantes a retroceder y dejar libre la vía para que el jefe de Estado pudiera abandonar el edificio.
A la salida del carro en que se trasladaba el presidente Correa, las personas mostraron los carteles donde pedían que se las dejara trabajar. Además, gritaban por un trato justo, pero de nada sirvió, porque el mandatario salió en su vehículo rodeado de sus escoltas, mientras los policías y militares formaron un cordón para evitar el paso de los manifestantes.
Al operativo también se sumaron siete motos y un carro de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), y una ambulancia, los cuales escoltaron el carro del primer mandatario.
“Qué pena que el presidente trate a los que él llama ‘sus mandantes’ como a unos delincuentes; votamos por él y ahora nos deja sin trabajo. Cuando queremos ser atendidos nos envía a los policías y militares para que nos repriman”, manifestó indignada Carmela Andrade, coordinadora de nómina de las salas WWTS.
En su último enlace, el presidente Rafael Correa informó que el Ministerio de Turismo mantendrá reuniones con los dueños de los casinos legales para tratar soluciones que les permitan recuperar su inversión en un plazo que va desde los seis meses a los dos años.
Mientras que la ministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely, pidió ayer la corresponsabilidad del sector empresarial para el proceso de reinserción laboral de las miles de personas que dejaron de trabajar en los casinos.
Cely admitió que existe preocupación en el Gobierno por la salida obligatoria de los trabajadores de este sector y ratificó la implementación de varios programas para capacitación y otorgamiento de créditos con el objetivo de emprender nuevos empleos.
Según el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, hasta el momento esta cartera de Estado ha registrado una afectación de 3.378 personas que trabajaban en casinos ilegales. Añadió que el régimen estima que 2.190 personas más deberán abandonar sus trabajos cuando se cierren los casinos en hoteles de lujo.
Decepcionados y resignados a perder sus trabajos terminaron, la noche del pasado martes, los cerca de mil empleados de las salas de juegos, quienes se apostaron fuera del Ministerio Zonal de Guayaquil para pedir al presidente Rafael Correa que les permita laborar durante el mismo plazo que los casinos legales (funcionan en hoteles).
Los trabajadores bloquearon por más de seis horas la calle del garaje del Gobierno Zonal para impedir la salida del mandatario y lograr su atención, sin embargo, un contingente de cerca de 100 uniformados, entre policías y militares, organizó un operativo que obligó a los manifestantes a retroceder y dejar libre la vía para que el jefe de Estado pudiera abandonar el edificio.
A la salida del carro en que se trasladaba el presidente Correa, las personas mostraron los carteles donde pedían que se las dejara trabajar. Además, gritaban por un trato justo, pero de nada sirvió, porque el mandatario salió en su vehículo rodeado de sus escoltas, mientras los policías y militares formaron un cordón para evitar el paso de los manifestantes.
Al operativo también se sumaron siete motos y un carro de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), y una ambulancia, los cuales escoltaron el carro del primer mandatario.
“Qué pena que el presidente trate a los que él llama ‘sus mandantes’ como a unos delincuentes; votamos por él y ahora nos deja sin trabajo. Cuando queremos ser atendidos nos envía a los policías y militares para que nos repriman”, manifestó indignada Carmela Andrade, coordinadora de nómina de las salas WWTS.
En su último enlace, el presidente Rafael Correa informó que el Ministerio de Turismo mantendrá reuniones con los dueños de los casinos legales para tratar soluciones que les permitan recuperar su inversión en un plazo que va desde los seis meses a los dos años.
Mientras que la ministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely, pidió ayer la corresponsabilidad del sector empresarial para el proceso de reinserción laboral de las miles de personas que dejaron de trabajar en los casinos.
Cely admitió que existe preocupación en el Gobierno por la salida obligatoria de los trabajadores de este sector y ratificó la implementación de varios programas para capacitación y otorgamiento de créditos con el objetivo de emprender nuevos empleos.
Según el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, hasta el momento esta cartera de Estado ha registrado una afectación de 3.378 personas que trabajaban en casinos ilegales. Añadió que el régimen estima que 2.190 personas más deberán abandonar sus trabajos cuando se cierren los casinos en hoteles de lujo.
