Diego García, procurador General del Estado, explica cuál será el proceso para presentar la nulidad del laudo emitido por la corte de La Haya la semana pasada, que dictaminá que el Estado debe indemnizar a la compañía
La semana pasada, el Tribunal Arbitral dictó el laudo final en el caso Chevron II, solicitado por la compañía petrolera estadounidense en diciembre de 2006 en contra del Estado ecuatoriano.
En el dictamen se resuelve que el Estado debe pagar $96 millones a la empresa estadounidense. La Corte de La Haya estableció que las cortes del Ecuador violaron las normas de Derecho Internacional al demorar durante más de 15 años los fallos de estas disputas comerciales entre la entonces Texaco y el Gobierno ecuatoriano.
Diego García, procurador General del Estado, en entrevista para Diario HOY, explicó que el laudo deber ser emitido primero en los Países Bajos. Este proceso dura dos semanas y a partir de ese momento corren 90 días para interponer la acción de anulación del dictamen.
"El argumento que presentaremos es la falta de competencia del Tribunal por haber conocido una controversia basada en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre el Ecuador y los EEUU, cuando este problema esta relacionado con una empresa que dejo el país en 1993. Es decir, no estaba protegida por el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones como ellos argumentan".
Finalmente, explicó que no se conocen de casos en los que se hayan revertido decisiones como esta en las cortes holandesas, pero que, sin embargo, los argumentos que presentarán son contundentes.
Por su parte Pate Hewitt, vicepresidente y director jurídico de Chevron aseguró que "este fallo confirma que el Ecuador puede ser responsabilizado por las obligaciones adquiridas según el derecho internacional".
Además, Hewitt añade que el sistema judicial ecuatoriano incumplió con su obligación de suministrar cortes imparciales y el debido proceso, y que por ello Chevron tuvo que buscar una resolución en cortes internacionales.
Para Fernando Santos, exministro de Energía, el problema no es la cantidad a pagar, sino el contenido del laudo. En este se reconoce que la justicia en el Ecuador es politizada y pone en evidencia el mal estado de ese poder del Estado, con lo que se arriesgan posibles inversiones.
La participación de Texaco Petroleum en el país fue regida por un contrato de concesión de 28 años. Gulf Oil participó en los inicios de la sociedad.
Las aspiraciones iniciales de la compañía estadounidense fueron de $1 605 millones.
Texaco solicitó una indemnización de más de $553 millones por daños y perjuicios por incumplimiento de los contratos de 1973 y 1977.
La Justicia ecuatoriana nunca emitió sentencia al respecto, por lo que en 2006 Chevron se acogió al tratado de protección de inversiones y presentó la demanda ante La Haya.
El 7 de julio de 2010, ante la Corte Distrital de La Haya, el Estado ecuatoriano interpuso una acción de nulidad de los laudos de jurisdicción y parcial que solicitaban pagar $700 millones.
La semana pasada, el Tribunal Arbitral dictó el laudo final en el caso Chevron II, solicitado por la compañía petrolera estadounidense en diciembre de 2006 en contra del Estado ecuatoriano.
En el dictamen se resuelve que el Estado debe pagar $96 millones a la empresa estadounidense. La Corte de La Haya estableció que las cortes del Ecuador violaron las normas de Derecho Internacional al demorar durante más de 15 años los fallos de estas disputas comerciales entre la entonces Texaco y el Gobierno ecuatoriano.
Diego García, procurador General del Estado, en entrevista para Diario HOY, explicó que el laudo deber ser emitido primero en los Países Bajos. Este proceso dura dos semanas y a partir de ese momento corren 90 días para interponer la acción de anulación del dictamen.
"El argumento que presentaremos es la falta de competencia del Tribunal por haber conocido una controversia basada en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre el Ecuador y los EEUU, cuando este problema esta relacionado con una empresa que dejo el país en 1993. Es decir, no estaba protegida por el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones como ellos argumentan".
Finalmente, explicó que no se conocen de casos en los que se hayan revertido decisiones como esta en las cortes holandesas, pero que, sin embargo, los argumentos que presentarán son contundentes.
Por su parte Pate Hewitt, vicepresidente y director jurídico de Chevron aseguró que "este fallo confirma que el Ecuador puede ser responsabilizado por las obligaciones adquiridas según el derecho internacional".
Además, Hewitt añade que el sistema judicial ecuatoriano incumplió con su obligación de suministrar cortes imparciales y el debido proceso, y que por ello Chevron tuvo que buscar una resolución en cortes internacionales.
Para Fernando Santos, exministro de Energía, el problema no es la cantidad a pagar, sino el contenido del laudo. En este se reconoce que la justicia en el Ecuador es politizada y pone en evidencia el mal estado de ese poder del Estado, con lo que se arriesgan posibles inversiones.
La participación de Texaco Petroleum en el país fue regida por un contrato de concesión de 28 años. Gulf Oil participó en los inicios de la sociedad.
Las aspiraciones iniciales de la compañía estadounidense fueron de $1 605 millones.
Texaco solicitó una indemnización de más de $553 millones por daños y perjuicios por incumplimiento de los contratos de 1973 y 1977.
La Justicia ecuatoriana nunca emitió sentencia al respecto, por lo que en 2006 Chevron se acogió al tratado de protección de inversiones y presentó la demanda ante La Haya.
El 7 de julio de 2010, ante la Corte Distrital de La Haya, el Estado ecuatoriano interpuso una acción de nulidad de los laudos de jurisdicción y parcial que solicitaban pagar $700 millones.
